No es peligroso asomarse al Exterior

Cuando, so pretexto de la dignidad, se incurre en indignidad

En mi anterior columna afirmaba que el Juez Central de Vigilancia Penitenciaria no debería decretar la libertad condicional del asesino etarra Josu Uribetxebarria. Sin embargo, José Luis de Castro se la concedió el 30 de agosto, en contra del criterio del Ministerio Fiscal, con el argumento peregrino de que no se requería que el recluso estuviera en situación de enfermedad terminal, ni que tuviera que arrepentirse y repudiar el terrorismo. Su fundamental argumento radica en que "los principios de humanidad y derecho a la dignidad de las personas tienen que predominar sobre cualquier otra consideración legal", que la dignidad humana reclama el derecho a una muerte digna, y que el último periodo de la vida de un ser humano "exige unas condiciones emocionales, materiales y personales que son incompatibles con la situación de reclusión".

Consideraciones políticas

La concesión de la libertad condicional a Uribetxebarria plantea consideraciones políticas, jurídicas y éticas. El Gobierno de Rodríguez Zapatero dejó en el ámbito penitenciario un legado que el Gobierno de Rajoy parece dispuesto a cumplir, pese a su postura en la oposición era radicalmente contraria a hacer concesiones a los presos de ETA. Así, ha seguido la línea socialista, que ha culminado con la liberación del torturador de Ortega Lara. Se trata de una decisión política que el Gobierno ha cubierto vergonzantemente con la túnica protectora de una decisión judicial. Conforme al artículo 90 del Código Penal, se puede conceder la libertad condicional a los penados que se encuentren en tercer grado, hayan cumplido tres cuartas partes de su condena y cuenten con un pronóstico favorable de reinserción social. Ésta se presume –en los casos de personas condenadas por delitos terroristas– cuando el recluso muestre signos inequívocos de haber abandonado la actividad terrorista y haya colaborado activamente para impedir la producción de otros delitos o atenuar los efectos de su delito, para identificar, capturar y procesar a los responsables de delitos terroristas o para obtener pruebas o impedir la actuación de las organizaciones a las que haya pertenecido. Esto se podrá acreditar con una declaración expresa de repudio de la violencia o una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito.

En ningún momento ha cumplido estas condiciones Uribetxebarria, que no ha mostrado el menor respeto a sus víctimas –antes al contrario–, ni se ha distanciado de ETA, sino que ha seguido fiel a sus consignas, como ha puesto de manifiesto con la farsa de su huelga de hambre o con su llamamiento a que continúe la lucha. Según el artículo 92, no será necesario el cumplimiento de las tres cuartas partes de condena cuando se trate de enfermos muy graves con padecimientos incurables y -si el peligro para la vida del paciente "fuera patente" y estuviera así acreditado por el médico forense y los servicios médicos de la prisión- el Juez de Vigilancia Penitenciaria podrá autorizar la libertad sin más trámite que requerir al centro penitenciario el informe de pronóstico final.

Consideraciones jurídicas

José de Luis Castro se ha prestado a respaldar los turbios manejos del Ministerio del Interior, a pesar de contradecir con ello decisiones anteriormente adoptadas por él. Así, en 2010 negó la libertad al etarra Mikel Ibáñez y –en el auto por el que finalmente se la concedió en 2011– afirmó que cuando la enfermedad incurable de un recluso no comportaba "riesgo inminente para la vida", la ley exigía que cumpliera los requisitos de haber satisfecho las responsabilidades civiles a sus víctimas y manifestado arrepentimiento. No lo hizo hasta que, a punto de morir en la UVI el apreció en Ibáñez "deterioro mental" y "poca o nula capacidad de tomar decisiones", lo que no es precisamente el caso de Uribetxebarria. Ahora ha cambiado de criterio y mantenido en su auto que no hace falta que el penado esté en situación terminal para que se excluya la exigencia de su arrepentimiento. No se trata, pues, de falta de conocimiento o insuficiente interpretación de la ley por parte del Juez, sino de un cambio de criterio sin motivación suficiente, rayano con la prevaricación –dictar, a sabiendas, resoluciones injustas–. Castro ha tenido una conducta extraña, pues, sin consultar con la Fiscalía, se trasladó a San Sebastián y se entrevistó con Uribetxebarria y los médicos del Hospital Donostia en el que se encuentra internado, quienes le entregaron un nuevo informe, que no fue facilitado a la forense.

Basándose en este informe –en el que se insiste en la gravedad del enfermo y en la conveniencia de que continúe hospitalizado, aunque sin afirmar que se halle en estado terminal–, el Juez –pese a reconocer las disparidad de criterios entre la forense y los médicos donostiarras– ha decidido conceder la libertad al etarra. La Fiscalía ha afirmado que la actuación de Castro es contraria a derecho y que su auto de liberación podría ser considerado nulo. Ha expresado su desacuerdo con la decisión y con sus argumentos, y cabe esperar que la recurra ante la Sección 1ª de la Audiencia Nacional presidida por Fernando Grande Marlaska, un juez de probada integridad y competencia jurídica, lo que alienta la esperanza de que se dicte una sentencia justa no politizada.

Consideraciones éticas

Castro se ha amparado en los principios de humanidad y dignidad, que deben –a su juicio– predominar sobre cualquier otra consideración legal. Estos principios –incluidos en nuestra Constitución– deben inspirar todas las leyes, pero no pueden servir de excusa para su incumplimiento. La dignidad de una persona no depende del lugar donde muera, sino de su comportamiento a lo largo de su vida. Uribetxebarria ha sido un terrorista asesino y torturador, que ha celebrado con cava los gravísimos atentados del 11-M y ha llevado una vida indigna. Podrá morir –cuando le llegue la hora– en libertad, rodeado de familiares y correligionarios, pero no en dignidad, salvo que asuma in extremis sus culpas y exprese su arrepentimiento. Por otra parte, ¿quién ampara la dignidad de las víctimas y de sus allegados? ¿Vale más la dignidad del asesino que la del asesinado? Por un efecto péndulo, las leyes penales adoptadas en España después del franquismo adolecen de excesivo garantismo y son a veces interpretadas por algunos jueces más a favor de los delincuentes que de las víctimas. La presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, ha afirmado que la liberación de Uribetxebarria es "una forma de volver a matarnos", y manifestado –en nombre de las víctimas– su dolor, indignación y rechazo total. Lamentablemente, el Gobierno ha antepuesto la dignidad de un deleznable asesino a la de sus inocentes víctimas y ha provocado una situación de indignidad.

El Ministro del Interior, Jorge Fernández, ha afirmado que "quienes dudan del Gobierno están haciendo el juego, consciente o inconscientemente, a ETA", pero, con plena conciencia, estimo que quien está haciendo el juego a la banda terrorista es el Gobierno, con su política timorata y acomplejada. Las concesiones en materia penitenciaria no sólo no aplacan a la izquierda abertzale, sino que la envalentonan por su éxito y les sirven de acicate para incrementar sus exigencias, ya que el Gobierno ha transmitido el mensaje de que los presos pueden conseguir ventajas sin necesidad de arrepentirse. Su portavoz, Maribí Ugarteburu, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía vasca a que continúe con las protestas callejeras, que son clave para obtener la libertad de otros 13 enfermos graves y para superar definitivamente la criminal política del Gobierno. Si la movilización de apoyo a los presos se mantiene –ha añadido el líder batasuno Joseba Permach– se conseguirá mover al Estado español y forzarle a modificar su política penitenciaria. ¿Quién está haciendo el juego a quién?


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