No es peligroso asomarse al Exterior

La peculiar presa del "Patiño"

El pasado 12 de Enero el buque español de aprovisionamiento de combate “Patiño” apresó en aguas del Océano Índico una pequeña embarcación y sus tripulantes somalíes, que -en una rocambolesca operación- atacaron al navío y pretendieron abordarlo. Más de un ciudadano se habrá preguntado: “¿Qué pascuas hace un buque de guerra español en el lejano Océano Indico?”.

Hagamos un poco de historia. . Desde que el gobierno de Said Barre fue derrocado en 1991, Somalia inició un proceso de descomposición, anarquía y guerra civil, y el país se dividió en cantones autónomos bajo el liderazgo de los “señores de la guerra”.La mayor parte del país escapa al control del Gobierno Federal de Transición, reconocido como único legítimo por la comunidad internacional. Somalilandia y Putlandia se declararon independientes en 1991 y 1998 respectivamente, el Sur está controlado por el grupo rebelde islamista Al-Shabab, y parte de la capital Mogadiscio y su entorno por las milicias integristas de Hizbul-Islam. Si el GFT –que es un Gobierno “fallido”- apenas puede ejercer su dominio sobre una mínima parte terrestre de Somalia, resulta iluso esperar que controle los vastos espacios marítimos allende sus costas.

A partir de 2007, pequeñas embarcaciones procedentes del litoral somalí empezaron a atacar pesqueros extranjeros y a mercantes que llevaban a Somalia ayuda humanitaria, y a secuestrar a sus tripulantes, por los que se exigía el pago de importantes sumas de dinero. Así, en Abril de 2008 fue secuestrado el atunero español “Playa de Bakio”, por cuya liberación se pagó un rescate de 1.2 millones de dólares. Los pescadores locales recibieron el apoyo de los “señores de la guerra” a cambio de participar en los beneficios y, ante el éxito obtenido con relativa facilidad, los ataques fueron creciendo en cantidad e intensidad (111 en ese año), hasta convertir el negocio del secuestro de buques en una de las actividades más rentables del mundo.

La intervención internacional y la "Operación Atalanta" 

El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó una resolución en la que expresaba su preocupación por la proliferación de actos de piratería y de robo a mano armada cometidos frente a las costas de Somalia, y por la grave amenaza que constituían tanto para la navegación internacional y la seguridad de las rutas marítimas, como para las actividades pesqueras en la zona. El Consejo instó a todos los Estados a que participaran activamente en la lucha contra estos actos delictivos en alta mar y en las aguas territoriales de Somalia, desplegando buques de guerra y aeronaves militares.

En Noviembre de 2008, la Unión Europea lanzó la “Operación Atalanta” y envió a la región una fuerza aeronaval compuesta por unidades de varios países miembros –incluida España-, Estados Unidos y otros países de la OTAN, con el fin de proteger la libertad de navegación en una zona vital para la comunicación internacional entre Europa y Asia. Ante estas medidas, los delincuentes somalíes –que con los ingresos obtenidos habían aumentado el potencial de sus flotas y de su armamento- ampliaron su ámbito de actuación fuera del área de cobertura de la “Operación Atlanta”, a las aguas cercanas a las Islas Seychelles, Kenia y Tanzania.

En Octubre de 2009, fue capturado a 413 millas de las costas somalíes el pesquero español “Alakrana”, cuyos tripulantes permanecieron retenidos durante 47 días. Por la liberación del buque los piratas recibieron una cuantiosa suma de dinero -al parecer, 2.7 millones de euros-, tras una oscura y controvertida mediación del Gobierno español. Los asaltantes capturados por la fragata “Canarias”, Hagi y Abdullahi, fueron juzgados en España y condenados a importantes penas de cárcel.

Ante la persistencia de los ataques, la UE y sus aliados han mantenido –e incluso incrementado- los efectivos de la “Operación Atlanta”. Mas, como esta presencia aeronaval no era suficiente para erradicar completamente los ataques piratas, varios Estados –incluida España- autorizaron el embarque en sus pesqueros de agentes de seguridad armados y –en algunos casos, como el de Francia- de unidades regulares de la marina. Por otra parte, la Unión concertó sendos acuerdos con Kenia y las Islas Seychelles para la entrega de los delincuentes apresados en la región y su ulterior enjuiciamiento por los respectivos tribunales.

El PE pide mayor atención al conflicto somalí

El Parlamento Europeo destacó que la piratería se ha convertido en un negocio lucrativo en el que se exigen enormes rescates por la liberación de rehenes, y que los modernos piratas se sirven de medios cada vez más sofisticados, están muy bien armados y tienen una estrategia clara. Por ello, la piratería frente a las costas de Somalia y el resto de los países del Cuerno de África representan una creciente amenaza para la vida y la seguridad humanas. Señaló, por otra parte, que la lucha contra la piratería no podía ser ganada únicamente por medios militares, y dependía del éxito en el fomento de la paz, el desarrollo económico y la consolidación de las estructuras estatales de Somalia. Era, por tanto, indispensable adoptar medidas internacionales efectivas que presten mayor atención a la situación de inestabilidad política, agravada por la falta de desarrollo económico del país.

El diagnóstico del Parlamento Europeo es del todo acertado. Buena parte de las poblaciones costeras se han convertido en perpetradores, cómplices o encubridores de actos de piratería. Los piratas son considerados como modelos a imitar por los jóvenes somalíes, que se adhieren con entusiasmo a una actividad que les permite hacerse ricos y famosos en un brevísimo espacio de tiempo. La profesión de pirata no sólo no es condenada por la sociedad local, sino que tiene un inmerecido prestigio. Esta condescendencia alcanza incluso a ciertos sectores de la opinión pública internacional, que trata de quitar importancia a la gravedad de los hechos.

Ayuda al Gobierno Federal de Transición de Somalia

Aunque la batalla social esté perdida, hay que combatir la lacra de la nueva piratería en los ámbitos político-económico, militar y ético. La comunidad internacional debe hacer el máximo posible para ayudar a la consolidación del Gobierno central somalí, especialmente a través de un respaldo económico y financiero que procure mejorar el nivel de vida de su población. No es tarea fácil y hay escasas esperanzas de que ello se logre a corto plazo. Entretanto, deberá mantenerse en la zona la presencia aeronaval prevista en la “Operación Atalanta” y el refuerzo de los buques con personal de seguridad. Los elementos aeronavales habrán de actuar con contundencia contra los ataques armados, patrullar cerca de las costas somalíes y perseguir a los piratas hasta sus puertos de refugio, y destruir los medios navales y las infraestructuras de que dispongan.

En un plano ético, los Gobiernos deberán abstenerse de participar en negociaciones con los secuestradores, favorecer la entrega de rescates o asumir el pago del mismo. Con la cesión al chantaje se puede conseguir salvar la vida de unas pocas personas, pero se facilitan los medios para que aumente el número de ataques y de secuestros contra otras muchas más. Por cuestión de principio, no cabe supeditar el interés general a intereses particulares, por muy respetables que éstos sean.


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