No es peligroso asomarse al Exterior

Las patas del separatismo catalán

Para superar el enfrentamiento entre el Estado español, que defiende la Constitución (CE), y la Generalitat, que la vulnera las leyes e incumple las sentencias de los Tribunales al convocar un referéndum ilegal para la autodeterminación de Cataluña, varios intelectuales y políticos han sugerido terceras vías conforme al principio in medio virtus, calificadas por Arcadi Espada de “estafa intelectual y política”, al ser presentadas como equidistantes entre dos extremos. Resultan inaceptables porque no se puede establecer un punto medio entre la ley y su incumplimiento. El catedrático de la London School of Economics, Luis Garicano, se ha situado en esta línea el artículo “Los cisnes negros y la tarea de Rajoy”, publicado el 3 de octubre en El Mundo.

No puedo compartir estas tesis. Aunque Garicano parta de que el Gobierno central ha dado la única respuesta posible al desafío del president de Cataluña, contradice su aserto al afirmar acto seguido que Mariano Rajoy debe ofrecer una vía de salida a Artur Mas para que abandone su actual posición “antisistema”. Esto resulta poco lógico porque, si ha sido Mas el que ha creado el problema -a pesar de las muchas advertencias recibidas-, a él corresponde encontrar una solución, que consiste simplemente en dar marcha atrás en su insumisión institucional y chantaje al  Estado. El profesor londinense propone como solución que el Gobierno tenga en cuenta las tres patas de la reivindicación catalana: la simbólica, la competencial y la financiera.

La pata simbólica

En lo simbólico, estima Garicano que hay que reconocer la diferencia de Cataluña y usar la palabra nación. Como señaló el Tribunal Constitucional (TC) en su sentencia de 2010, la CE ya reconoce suficientemente la singularidad de Cataluña en relación con el derecho civil, la lengua, la cultura y la proyección de éstas en el ámbito de la educación, y el sistema institucional. ‘Nación’ no es un término inocuo. El Estatut elaborado por el Parlament establecía que Cataluña era una nación, en cuya virtud ejercía su derecho inalienable al autogobierno por medio de instituciones propias, y su soberanía emanaba del pueblo catalán. El TC afirmó que, aunque el término tuviera diversas acepciones, lo relevante era su sentido jurídico-constitucional, y que la CE no conocía más nación que la española y el término “nacional” sólo podía referirse al pueblo español, único titular de la soberanía.

Para Casimiro García-Abadillo, era importante que se desactivara jurídicamente el término “nación”, porque de él manaba la soberanía. Lo que pretenden los secesionistas con el referéndum es la fragmentación del sujeto de la soberanía española. Garicano también se refiere al aspecto emocional, al señalar que Cataluña necesita saber que España la quiere y acepta su singularidad. Rajoy se ha hartado de echar flores a Cataluña y su entonces Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, dijo que España amaba a Cataluña y que, sin ella, no se sentía a sí misma. Este sentimiento, sin embargo, no puede ser de sentido único. ¿Ha escuchado alguien endechas similares por parte de Artur Mas, Oriol Junqueras, Carme Forcadell u otros jerarcas catalanes? Todo lo contrario. La cantinela que repiten machaconamente como un mantra es que la madrastra España les roba, explota, discrimina y oprime, y viola sus derechos y libertades.

Esta retahíla de falacias y mentiras se ha infiltrado en el sistema educativo de inmersión y causado un lavado de cerebro a muchos alumnos. Ha sido difundida de forma descarada por los medios de comunicación propiedad de la Generalitat –especialmente TV-3– o bajo su control a través del pesebre. Se ha logrado la uniformidad de pensamiento, hasta el extremo inaudito de plasmarse en un editorial único de todos los periódicos de Cataluña en contra de la sentencia del TC sobre el Estatut, algo que ni siquiera consiguió Goebels en la Alemania nazi. 

La pata competencial

En lo competencial, el profesor de Londres sugiere blindar las competencias relacionadas con la lengua, la cultura, la educación y la sanidad. En el plano lingüístico, el artículo 3 de la CE  establece que el castellano es la lengua oficial del Estado –que todos los españoles tienen derecho a usar– y que las demás lenguas españolas serán también oficiales en las comunidades autónomas (CCAA), de acuerdo con sus Estatutos. El Estatut aprobado por el Parlament consideraba el catalán como lengua preferente,  pese a que el TC obligó en 1982 a la Generalitat a garantizar el uso normal y oficial de los dos idiomas.

En 2010, el TC decidió suprimir la palabra “preferente”, pero el catalán sigue siendo de facto, no ya preferente, sino excluyente del castellano en el ámbito de la cultura. El modelo lingüístico de inmersión funciona bien, a según Garicano, aunque un lector catalán le mostró su sorpresa en una carta al Director de El Mundo porque  hablara de Cataluña como si hubiera vivido allí, y dijo que la inmersión lingüística era “atroz”. La Generalitat ha incumplido el fallo del TC y seis sentencias del Tribunal Supremo en contra de la inmersión y, mientras prohíbe la enseñanza en castellano a los hispano-parlantes violando sus derechos fundamentales e ignorando la CE y los tribunales, ofrece instrucción en árabe a los inmigrantes marroquíes.

Desde 1974 veraneo en Cataluña y siento admiración y cariño por ella, aunque no por sus nefastos políticos. Tuve una vez un incidente revelador cuando –al llevar a uno de mis nietos con alta fiebre al Hospital de Tortosa– el médico de Urgencias se negó a explicarme en castellano su situación y el tratamiento requerido. Al pedirle el Libro de Reclamaciones, habló en español y se excusó diciendo que seguía las órdenes de la Consejería de Sanidad. Respecto a ésta, ¿para qué blindar la competencia? ¿Para que la Generalitat siga cerrando ambulatorios y salas de hospitales y no abonando los gastos básicos, mientras pone desvergonzadamente la mano para que el denostado Gobierno central pague las medicinas a las farmacias y los salarios a los médicos y al personal sanitario?

La pata financiera

En lo financiero, el profesor afirma que hay que modificar el injusto sistema de financiación, comenzando por ceder la totalidad del IRPF a las CA. Curiosamente las últimas modificaciones del sistema se introdujeron tras acuerdos negociados entre el Gobierno central y el catalán, que luego se impusieron a las demás. Todas se quejan de su injusticia –sólo algunas con razón–, pero es metafísicamente imposible que todas salgan perjudicadas. ¿La propuesta cesión del IRPF a las CA implica que sus ingresos se tengan que invertir en las Comunidades donde se originen las rentas? Una vez más se parte de falacia de que son los territorios y no las personas los que pagan los impuestos. ¿Se trata de introducir por la puerta trasera un sistema de cupo similar al vasco?

Siguiendo está lógica absurda, Barcelona debería recibir más que las otras regiones catalanas y los distritos de Bonanova o Pedralbes más que los de Sans o el Barrio Gótico, y hasta podría haber diferencias entre calles. Este retrógrado criterio se incluyó en una disposición adicional del Estatut, que establece una inversión mínima del Estado en Cataluña en función de su PIB, por ser la que más aporta al erario nacional. Si la insubordinación de Mas comenzó tras el rechazo de Rajoy a su exigencia de un Pacto Fiscal, no se le puede conceder ahora como premio a su deslealtad lo que entonces justificadamente se le negó. Trata Mas de llegar al 9-N escudado en la amenaza de que realizará ese día el referéndum sí o sí, pese a saber que es inviable...

Como ha observado con justeza Enrique Gimbernat, al acogerse a un “derecho a decidir” jurídicamente inexistente, al considerar que no están vinculados por la Constitución y las leyes de España y al rechazar la división de poderes, pretendiendo sustraer las normas emanadas del Parlamento y del Gobierno de Cataluña del control de los Tribunales, los independentistas catalanes están dirigiendo un ataque masivo a la democracia. No puede haber terceras vías en contra o al margen de la Constitución.


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