No es peligroso asomarse al Exterior

De la huelga general a la agitación permanente

Convocada por los sindicatos UGT y CCOO, el pasado 14 de Noviembre se realizó la segunda huelga general en menos de un año contra el Gobierno del PP, que ha sido la menos seguida de las hasta ahora celebradas durante la democracia, a pesar de la crítica situación que vive España.

Excesos de los sindicatos

Los sindicatos cada vez tienen menos poder de convocatoria y no son el instrumento más apropiado para transmitir la inquietud de la población por el incremento del paro, la baja de salarios y la precariedad laboral, a causa de su falta de credibilidad, a diferencia de otros grupos sociales espontáneos como los formados para tratar de detener los desahucios. Tales grupos -que se han organizado en defensa de una causa justa- disponen de una autoridad moral de la que carecen UGT o CCOO. CSIF y otras asociaciones profesionales los han puesto en evidencia, pues -pese a tener motivos más que sobrados- no se han sumado a la huelga, al estimar que no era la mejor manera de defender los intereses de los funcionarios y que existían otros medios para expresar su protesta de distinta forma.

Los sindicatos son una pieza esencial para el funcionamiento de un régimen democrático y, durante la Transición, contribuyeron de forma decisiva al establecimiento de la democracia en España. Sin embargo, últimamente se han convertido en un grupo más de presión, que vela no tanto por los intereses de los trabajadores y de la sociedad en general, como por los de sus dirigentes y miles de liberados, que se nutren del pesebre de las distintas administraciones. UGT y CCOO han dado muestras de cinismo, se han salido del marco de sus competencias y han actuado de forma irresponsable. Ante el desastre económico y social provocado por el Gobierno anterior, mantuvieron un silencio cómplice y -tan sólo en una ocasión en 8 años- convocaron por vergüenza torera una huelga general de pitiminí, dirigida contra los empresarios más que contra el Gobierno. Han criticado con dureza la reforma laboral -que sirvió de pretexto a la primera huelga general-, pero se han aprovechado de sus disposiciones para reducir las compensaciones a sus propios empleados despedidos.

Ilegalidad de las huelgas políticas

El artículo 28-2 de la Constitución reconoce el derecho de los trabajadores a la huelga para la defensa de sus intereses, pero el fin de esta huelga general era exigir al Gobierno que sometiera a referéndum su política económica, un objetivo claramente político y extraño a los intereses laborales de los trabajadores. ¿Se creen acaso los sindicatos que son detentadores de la soberanía nacional y pueden imponer su voluntad a un Gobierno democráticamente elegido por el pueblo?. Según el Real Decreto de Relaciones del Trabajo de 1977, la huelga será ilegal cuando se inicie o sostenga por motivos políticos o por fines ajenos al interés profesional de los trabajadores. Con un criterio que transciende la regulación constitucional, el TC ha estimado que las huelgas generales convocadas contra medidas laborales del Gobierno son legales, porque su fin no es ajeno al interés profesional de los trabajadores. Pero ni siquiera esta jurisprudencia expansiva cubre el supuesto, dado que no se ha holgado contra medidas laborales -que ya justificaron la anterior huelga general-, sino contra decisiones de carácter político y económico. Con el respaldo del TC, los sindicatos han usado y abusado del derecho de huelga, al que han concedido un carácter absoluto, por considerar que prevalece sobre otros derechos fundamentales, como el derecho al trabajo reconocido en el artículo 35. El derecho de huelga no es un deber, a diferencia del relativo al trabajo que es un derecho y un deber. La Constitución reconoce implícitamente la superioridad del derecho al trabajo sobre el de huelga, cuando su artículo 55-1 permite la suspensión de éste en caso de declaración del estado de excepción, pero no la de aquél.

Los sindicatos no convocaron la huelga para conseguir unos objetivos profesionales concretos, sino para desgastar al Gobierno y demostrarle que podían canalizar el malestar social. UGT y CCOO cuentan con un reconocimiento legal e institucional privilegiado, superior al que les debería corresponder por su militancia y representatividad, y -precisamente por eso- el plus de responsabilidad que les es exigible ha de ser -según Iñigo Sagardoy- notablemente superior en las circunstancias tan críticas que está atravesando España. El descontento de la población por las duras medidas de austeridad del Gobierno no justifica el recurso a un instrumento de tanta fuerza como el de una huelga general, que no es el camino más adecuado para hacer frente a los retos que encuentra el país.

Irresponsabilidad de UGT, CCOO y PSOE

 UGT y CCOO -tanto monta, monta tanto- han recurrido irresponsablemente a la huelga general en un momento crítico para España, pese a ser conscientes de que con ella -además de afectar adversamente a su economía- empañan su imagen internacional, dando pie a titulares como los del  diario “Times”, que hablan despectivamente de la “rebelión de los cerdos” (PIGS). Como ha editorializado “Vozpópuli”, los sindicatos -aferrados a postulados que millones de ciudadanos juzgan superados- amenazan con incrementar la conflictividad social como único argumento frente a la dureza de los ajustes, lo que es el exponente de la crisis terminal por la que pasan unas organizaciones carentes de propuestas constructivas. ¿No sería más razonable que presentaran alternativas para mejorar la organización del Estado y hacer más competitiva su economía?. Lo peor es que se les ha sumado de forma igualmente irresponsable el primer partido de la oposición, que se ha lanzado sin pudor a la calle y apoyado la huelga general y las continuas manifestaciones de protesta. A juicio de Federico Castaño, al PSOE le costará recuperar el pulso, si no ofrece alternativas creíbles y deja de ir de la mano de unos sindicatos escudados en la pancarta. Con el 14-N han malgastado su último cartucho y -para lo que resta de crisis- sólo les queda el grito.

Otra muestra de irresponsabilidad ha sido el recurso a los sedicentes “piquetes informativos” -del todo innecesarios en la sociedad de la comunicación y de Internet-, que con la violencia y la intimidación tratan de impedir el derecho al trabajo de quienes no quieren hacer huelga. Como ha señalado un editorial de “ABC”, si la huelga es un acto de democracia, su ejercicio sólo será legítimo si se basa en la libertad individual de cada trabajador. Los insultos, las amenazas, las coacciones e incluso la violencia física de los piquetes son una demostración del carácter atávico de esta forma de protesta. Por desgracia, este comportamiento mafioso -que es considerado delictivo en la mayoría de los países democráticos de nuestro entorno- ha sido respaldado por el TC, que -en su increíble sentencia de 2011- afirmó que, si la conducta del autor de un delito derivado de una huelga es “objetiva e inequívocamente huelguística”, resulta constitucionalmente rechazable la imposición de una sanción penal.

Los manifestantes afirmaban en sus banderolas que había culpables y soluciones. Los primeros son de sobra conocidos: los últimos Gobiernos socialistas, con la connivencia de UGT y CCOO. ¿Las soluciones? Los sindicatos no han aportado hasta la fecha otras que la huelga general, que -si bien ha fracasado porque lo que el pueblo necesita es que se solucionen sus problemas económicos- ha abierto la vía hacia una oleada de agitación permanente de huelgas sectoriales y manifestaciones, con participación de los distintos estamentos de la sociedad, incluidas las fuerzas de seguridad. Ya sólo falta que se sumen jueces y militares, pero -a este paso- todo se andará. Ahora, más que nunca, es ineludible y urgente la adopción de una ley que regule la huelga, para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad, de conformidad con lo establecido en la Constitución.


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