No es peligroso asomarse al Exterior

La historia interminable de los ERE

Al menos un par de veces al año suelo regresar a la casa paterna en Sevilla para –como Anteo- recuperar energías en contacto con la madre tierra, y disfrutar de la compañía de mi hermana y de los buenos amigos de los lejanos tiempos de la Universidad. Nada más cruzar Despeñaperros, me topo con la “sombra de Rebeca” de  los falsos Expedientes de Regulación de Empleo, que me recuerdan La historia interminable de Michael Ende. En el anterior viaje, el fantasma de los ERE parecía haberse evaporado, coincidiendo con la ausencia por enfermedad de la juez instructora del caso, pero –tras seis meses de baja- Mercedes Alaya ha vuelto plena de ánimo y con las pilas recargadas y ha retomado el proceso. Como en el caso de las comedias de Lope de Vega, en 24 horas -el tiempo que dedicó a interrogar ininterrumpidamente en su despacho a 22 sospechosos de la ‘Operación Heracles’, para evitar que se excediera el breve y perentorio plazo previsto por la ley procesal para la detención preventiva-, varios de ellos pasaron de las Musas, no al teatro, sino a la trena. Con esto, son ya 68 los imputados en el caso y 7 los encarcelados, y el fantasma ha reaparecido.

Perfil de una juez justiciera

Resulta impresionante el empuje de esta juez, que –tras su aparente fragilidad de bibelot de porcelana- esconde una fortaleza inaudita, que la hace inmune a las presiones, zancadillas, descalificaciones e incluso calumnias. Se desplaza como un ‘ángel exterminador’, con paso firme y sin hacer ruido, con los ojos bien abiertos y con la espada y la balanza de la justicia guardadas en su maletín con ruedas. Avanza lenta, pero segura, con la decidida determinación de desvelar los entresijos de  la complicada trama corrupta de los ERE. Es como la gota malaya que -con su paciencia y tenacidad- va horadando paulatinamente la roca berroqueña del sistema ‘priista’ del PSOE-A. Ha manifestado que las últimas operaciones policiales son sólo un “punto y seguido” -lo que hacer prever que se produzcan  nuevas imputaciones-, a cuyos efectos ha prorrogado un mes más el secreto del sumario. Su talante y comportamiento son ejemplares y nos reconcilian con la desprestigiada Administración de Justicia.

En uno de sus autos, la juez Alaya ha afirmado que las sobrecomisiones -muy por encima de los precios de mercado- que la Junta de Andalucía pagaba a la consultora Vitalia “perseguían el enriquecimiento personal de los máximos responsable de las fijación de las mismas”, y que parte de los fondos eran distribuidos entre altos cargos de la Junta, mediadores del PSOE, UGT y CCOO, y ‘conseguidores’ como el sindicalista Juan Lanzas. El pago de las comisiones no era la consecuencia de la falta de control en el manejo del programa 31.L –conocido como ‘Fondo de Reptiles’-, sino posiblemente su causa. El sistema de concesión de ayudas ilegales servía no sólo para construir un régimen clientelar en torno a la Junta y al PSOE –con la excusa de garantizar la paz social-, sino también para permitir a autoridades e intermediario -contratados por cantidades millonarias sin proceso alguno de selección pública- hacer grandes negocios.

Responsabilidad política de Griñán

En la comparecencia trucada y descafeinada del presidente José Antonio Griñán el día 3 en el Parlamento andaluz, el líder de la oposición y alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido –que ha sido juez antes que fraile-, le echó en cara 12 argumentos para demostrar su responsabilidad política por los ERE. A saber: como consejero de Economía y Hacienda, conocía el programa del ‘Fondo de Reptiles’ y no lo corrigió, debía haber controlado el gasto público pero no lo hizo, sino que cubrió sus desfases y garantizó su financiación, y tenía que haber actuado ante las denuncias de irregularidades hechas por el interventor general, pero minimizó su importancia, ocultó datos y obstruyó la labor de la Justicia, y se opuso reiteradamente a que se creara una comisión parlamentaria de investigación. Griñán ha alegado desconocer los informes que le envió el interventor, y su viceconsejera, Carmen Martínez Aguayo, trató de cubrirle las espaldas al responsabilizarse de no habérselos entregado, lo que resulta poco creíble dada la importancia de las sumas defraudadas.

En abierta contradicción con lo afirmado por su jefe en el Parlamento andaluz, la actual consejera de Economía y Hacienda ha reconocido que los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández –en libertad provisional bajo fianza- y José Antonio Viera –“todavía” no imputado, según se le escapó a un dirigente socialista- eran sin duda políticamente responsables de los ERE, al ser los titulares de la Consejería de Empleo cuando se cometieron las irregularidades. Aunque admite  la “culpa in vigilando” de éstos, no la extiende, sin embargo, al consejero de Economía y Hacienda, ni a ella misma como segunda de a bordo, pese a que en esa Consejería también se produjeron irregularidades. Si Griñán ha incurrido en responsabilidad penal es una cuestión que deberá ser dilucidada por los tribunales, pero no me cabe la menor duda de que ha incurrido -por acción u omisión- en responsabilidad política, como consejero de Economía y Hacienda primero y como presidente de la Junta después. No obstante, Griñán se niega rotundamente a reconocer responsabilidad alguna de cualquier tipo, pero su credibilidad es nula. Sí se lo cree su socio IU-CA que confía en él –como afirmó su portavoz José Antonio Castro, tras la comparecencia de aquél en el Parlamento- y no está dispuesto a romper el pacto de Gobierno para no perder su parcela de poder autonómico. Parafraseando la rima de Gustavo Adolfo Bequer, Castro “lo ha visto, lo ha mirado, y hoy cree en él”.

El fraude no es obra de “unos pocos golfos” o –según Griñán- “unos reptiles” que se han lucrado del Fondo, ni su coste es baladí, aunque la Junta lo haya minimizado, al fijarlo en 9 millones de euros, cifra que ha ido aumentando a 36,700 y hasta 1.217 millones, como ha valorado el Informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas. Se trata de una muestra flagrante del estado de corrupción generalizada e institucionalizada de la Junta, que afecta a toda la sociedad, al estar implicados políticos, sindicalistas, empresarios y profesionales, y que incluso trasciende los límites de la comunidad. Especialmente grave es la participación en un fraude a los trabajadores de UGT y de CCOO, que se supone deberían defenderlos. La juez les atribuye haber recibido 4.3 millones de euros en comisiones por haber suministrado información privilegiada sobre empresas en crisis y facilitado a Vitalia la gestión de las pólizas de prejubilaciones falsas financiadas con el fondo. Reverdece en Sevilla el Patio de Monipodio, y los Rinconete y Cortadillo se han quedado en mantillas ante sus émulos del siglo XXI.

¿Tendrá fin feliz la interminable historia de los ERE?

Griñán se encuentra acorralado por la tozudez de los hechos, pero sigue sin aceptarlos y se aferra a su poltrona presidencial. La defensa del encarcelado Antonio Albarracín ha pedido la imputación de Griñán, de su predecesor Manuel Chaves y de los dirigentes sindicales andaluces. Sevilla nos ha deparado una vez más una Semana Santa pasada por agua y, por tercer año consecutivo, el Cachorro no ha podido verter sus lágrimas de sangre en el río Betis, a su paso por el Puente de Triana. En su lugar, hemos asistido a una representación virtual de la ‘Pasión según San Griñán’, en la que éste ha paseado por las calles sevillanas la pesada cruz de los ERE - con la ayuda inapreciable del Cirineo Diego Valderas-, debidamente escoltado por una legión de ‘armados’ compuesta por militantes socialistas agradecidos, sindicalistas aprovechados, empresarios sin escrúpulos, abogados oportunistas y ‘conseguidores’ de toda laya. Confiemos en que –en un breve plazo de tiempo- se ponga de una vez término a esta ‘endiana’ y ‘kafkiana’ historia de los ERE, con la condena judicial de los autores materiales del fraude y la remoción de la vida pública de sus responsables políticos.


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