No es peligroso asomarse al Exterior

Ante el desafío separatista no cabe ambigüedad sino firmeza

El pasado día 11, al calor de la diada, una cadena de cientos de miles de ciudadanos cruzó Cataluña desde los Pirineos al Delta del Ebro.

Reacciones tras la diada

Las reacciones no se hicieron esperar. El Secretario General del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, dijo que era imprescindible escuchar a los catalanes que habían salido a la calle, criticó al Gobierno por su inacción y propugnó, una vez más, la reforma de la Constitución, con el fin de introducir un sistema federal “para salvar la convivencia”. El primero en reaccionar por parte de Gobierno central fue el último que debería haberlo hecho, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, por tratarse de un problema doméstico ajeno a sus competencias. En una desafortunada declaración, José Manuel García-Margallo calificó la operación de "éxito de convocatoria, organización, logística y comunicación", y consideró necesario escuchar las demandas de los catalanes –que sienten desafección hacia el Estado por razones lingüísticas y por considerarse maltratados en los ámbitos de las finanzas y de las infraestructuras- e iniciar un diálogo para modificar las competencias y la financiación, y pidió a su propio Gobierno que hiciera las reformas oportunas sin modificar la Constitución. Un canciller que se precie debe evitar la frivolidad de hacer declaraciones que recuerdan las 'maragalladas' del expresidente de la Generalitat, Pasqual Maragall. No es necesario 'encajar' en España a Cataluña, porque está perfectamente integrada en ella desde hace más de cinco siglos, situación refrendada por sus ciudadanos al votar de forma abrumadoramente mayoritaria a favor de la Constitución.

No es de extrañar que el primer ministro de Letonia respondiera "¿por qué no?" a la pregunta de si reconocería la independencia de Cataluña tras un referéndum. Señaló que el mensaje de la diada había sido muy poderoso y lo equiparó al que emitieron en 1989 las manifestaciones en los países bálticos que precedieron a su secesión de la Unión Soviética. "Si hay una clara voluntad del pueblo y una clara demanda por el referéndum –declaró Valdis Dombrovskis- vale la pena prestar atención y mirar las opciones sobre cómo abordarlo". El primer ministro de Lituania, Algirdas Butkevicius, dio, a su vez, un apoyo matizado a la 'vía catalana', al defender el derecho a la libre determinación dentro de la legalidad. Con menguada autoridad, García-Margallo convocó a los embajadores de estos dos países para transmitirles la protesta del Gobierno español por semejantes declaraciones, y los Gobiernos de ambos plegaron velas, se quejaron de que los medios de comunicación catalanes las habían interpretado de forma tendenciosa y manifestaron que la situación de los países bálticos antes de su segregación de la URSS no tenía nada que ver con la de Cataluña y que eran socios de España en el seno de la UE. El daño, sin embargo, ya está hecho, ya que ha supuesto un precedente y un triunfo de la Generalitat en su incansable intento de que se le conceda algún tipo de reconocimiento internacional, lo que hasta ahora no había conseguido.

Desafío de laGeneralitat a la unidad de España

En abierto desafío a la unidad de la nación, el Gobierno de Cataluña se ha pronunciado sin ambages por la secesión de España en su "manifiesto por el derecho a decidir", en el que afirma que la libertad, la justicia, la lengua y la dignidad personal sólo pueden conseguirse con la independencia, que es indispensable para "participar en la solidaridad universal". Lo grave es que esta sarta de patrañas, mentiras y manipulaciones de la historia va calando de forma creciente en la opinión pública, especialmente entre los jóvenes, debido a la constante labor de intoxicación realizada en las escuelas merced a la inmersión lingüística y a las campañas 'goebbelianas' de los medios de comunicación autonómicos –públicos y privados-, generosamente regados con dinero público en épocas de sequía financiera. Especialmente condenable es el caso de TV3, que no tiene el menor pudor en servirse de los menores de edad en sus campañas masivas de exacerbación del independentismo.

El Gobierno central no ha sabido oponer un discurso político firme y articulado que sirva de eficaz contrapunto al grave reto de la deriva independentista. Como un apólogo de Delfos 'al galaico modo', Mariano Rajoy ha mantenido un perfil bajo ante el reto a la unidad de España, como ha mostrado en la respuesta ambigua e insuficiente que el día 14 dio a la solicitud de autorización de Artur Mas para celebrar un referéndum de autodeterminación en Cataluña. No debió estudiar el catecismo del padre Ripalda, que recomendaba “decir sí o no, como Cristo nos enseña”. Maestro en el arte del circunloquio, no pasó de ofrecerle un diálogo "desde la exigible lealtad institucional y desde el respeto al marco jurídico que a todos nos protege y a todos vincula", y a indicar que el mejor servicio a la legitimidad democrática es "respetar ese marco jurídico". Hay que recurrir a los glosadores marianistas para concluir que del apólogo cabe deducir una respuesta negativa a la pregunta del President, pero su falta de claridad y de contundencia permite a éste concluir que siguen abiertas las puertas a la celebración de la consulta.

La contestación debería haber sido más categórica, ya que no puede resultar más evidente lo previsto en la Constitución, que “se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común de todos los españoles” –artículo 2-, y prevé que "la soberanía nacional reside en el pueblo español" –artículo 1-. De ahí que sólo el pueblo español –y no una parte del mismo- esté legitimado para ejercer el derecho a decidir. Podría celebrarse un referéndum sobre la secesión de Cataluña siempre que en él participaran todos lo españoles y no únicamente los catalanes. Por eso el PSOE pide una reforma constitucional para establecer un régimen federal, que permita el ejercicio del derecho a la libre determinación a los ciudadanos de los distintos estados federados. Con ello trata de evitar romper con su "hermano separado", el desnortado PSC, que ejecuta el baile de la 'yenka' –un paso a la izquierda, otro a la derecha, uno delante y otro atrás- e incurre en la incongruencia de solicitar una consulta sobre la independencia de Cataluña para contestar aparentemente que 'No', ignorando la pertinencia del refrán castellano de que "quien quita la ocasión, quita el peligro". Pero, ¿cómo pretende el PSOE modificar la Constitución sin el concurso del partido mayoritario en el Gobierno y establecer un régimen federal que es rechazado por los nacionalistas, salvo que sea asimétrico y redunde en su favor?

El Gobierno central debe ser firme

El Gobierno de Rajoy debe dejar fuera de toda duda que no hay vida democrática fuera de la Constitución y que la celebración sin su consentimiento de una consulta en la que sólo participaran los catalanes sería ilegal. Ha de seguir ayudando económicamente a la Generalitat, para permitirle hacer frente a la ingente deuda provocada por la incompetencia de los últimos gobiernos y atender a los servicios públicos esenciales, pero debe condicionar la concesión de los créditos a que se usen para tales fines, y no se malgasten en financiar actividades identitarias y sectarias, tendentes a promover la independencia de Cataluña. Hay que revisar el vigente régimen de distribución financiera de recursos entre las Comunidades Autónomas sin discriminación a favor o en contra de ninguna de ellas. Como ha afirmado acertadamente el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, "intentar apaciguar determinadas reivindicaciones soberanistas con compensaciones económicas -que además nunca van a ser agradecidas- es una equivocación". Una cosa son las dificultades económicas de Cataluña y otra, sus reivindicaciones independentistas y "pretender cambiar una cosa por la otra es inaceptable". Ante el desafío soberanista catalán, el Gobierno no puede ser ambiguo ni débil, sino firme, y ha de aplicar la Constitución con todas su consecuencias.


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