No es peligroso asomarse al Exterior

Urge la regeneración ética de la política

La opinión pública española considera a la clase política como uno de los principales problemas de la nación por su incompetencia y su falta de honradez. Según el sondeo de marzo del Centro de Investigaciones Sociológicas, el 44,5% de los encuestados situaba a la corrupción en el segundo lugar en importancia de los problemas que enfrenta la sociedad.

Falta de democracia interna de los partidos

Según el artículo 6 de la Constitución, los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formulación y manifestación de la voluntad popular, y son instrumentos fundamentales para la participación política. Esta noble función, sin embargo, no está siendo cumplida por los partidos españoles porque –contrariamente a lo dispuesto en la Carta Magna- su estructura interna y su funcionamiento no son democráticos. Su imagen está notoriamente deteriorada porque viven al margen de las necesidades de los ciudadanos, a los que no rinden cuentas de sus actos. Diputados y ediles no logran sus escaños por méritos propios, sino por la voluntad de los aparatos de los partidos, que los sitúan en puestos destacados de unas listas electorales cerradas y bloqueadas. Son meros empleados de los partidos y ejecutores de sus consignas, y su futuro político depende de la obediencia ciega a sus dirigentes.

Como ha señalado el Foro de la Sociedad Civil en su Manifiesto de 16 de enero, España necesita renovar en profundidad su actual clase política y superar el vigente régimen partitocrático. Para ello se han propuesto fórmulas que van desde la reforma de la Constitución a la modificación de la Ley Electoral, pero –al margen de la bondad de estas propuestas y de su viabilidad-, resulta indispensable renovar previamente el sentir de la clase política y de la sociedad en general. Los políticos tienen que aceptar que su misión es prestar servicio al bien común antes que a los intereses propios o de su partido, y que hay que promover el mérito frente a la obediencia sumisa, la creatividad frente a la pasividad, y la autocrítica frente al conformismo. Así –sin necesidad de cambios legales- podrían desbloquearse las listas, celebrarse elecciones primarias en el seno de los partidos para seleccionar a los candidatos y exigirse a los elegidos que se pongan al servicio de sus electores en los municipios, las Comunidades Autónomas, las Cortes Generales o el Gobierno de España.

Extensión de la corrupción

El deterioro de la situación política se pone de relieve a través de la lacra de la corrupción. Todos los partidos se aprovechan de sus cuotas de poder en los distintos ámbitos para involucrarse en estas inaceptables prácticas, por acción o por omisión. No basta con que sus dirigentes digan:”No soy corrupto, no robo, no abuso del poder”, si permiten que otros miembros del partido lo hagan. No es aceptable que vean la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio, y traten de tapar sus vergüenzas aireando las del adversario. Es indispensable que los partidos acepten un Código Ético de Conducta y lo cumplan a rajatabla, sin excusas ni concesiones a los afines, que tengan tolerancia cero con la corrupción, y que condenen y excluyan sin contemplaciones a corruptos, abusadores y tránsfugas.

Conviene endurecer las normas sancionadoras de los delitos de ‘cuello blanco’ -corrupción, cohecho o malversación-, aunque no sea indispensable porque la legislación vigente contiene normas suficientes para combatirlos. Lo importante es que se apliquen en su integridad y sin concesiones. Los jueces no deben permitir que los defraudadores abandonen la cárcel sin haber restituido las sumas defraudadas, ni permitir la lenidad como ocurrió con Roldán, Conde, de la Rosa o Vera. Hay que agilizar la actuación de los tribunales, pues una justicia lenta y tardía incumple su función social. Los gobernantes han de abstenerse de recurrir al indulto o a un tratamiento penitenciario privilegiado a los infractores de su cuerda. A este endurecimiento judicial y político tiene que sumarse la condena social, de modo que los aprovechados sean objeto de oprobio y repudio en vez de admiración. Lazarillos y buscones deben quedar para la literatura y los aventajados émulos de los pícaros de antaño ser excluidos de la sociedad.

A ello debe contribuir la sociedad civil, que tiene parte de culpa en la tolerancia con unos desaprensivos a los sigue votando a pesar de sus desmanes. No hay corruptos malos y buenos en función de la cercanía ideológica, y la lucha contra la corrupción debe estar por encima de las ideologías. La sociedad española, por desgracia, tiene poco desarrollado el sentido cívico. Nuestros hijos no son educados para que sean conscientes de que los intereses propios deben supeditarse al bien común, que el mantenimiento de los servicios públicos requiere que los ciudadanos paguen los impuestos que les correspondan, que la preservación del medio ambiente ha de empezar por el de la ciudad en que habiten, o que los derechos humanos y las libertades fundamentales deben promoverse no sólo en lugares lejanos, sino también en su propia casa y país. Éstos y otros principios cívicos como la tolerancia, el respeto a la opinión ajena o la defensa de la Constitución y de la democracia deberían ser enseñados a los escolares en la controvertida asignatura Educación para la Ciudadanía, en lugar de instruirlos sobre las relaciones sexuales o adoctrinarlos con los dogmas de los nacionalismos parroquianos, fuera de lugar en la aldea global del mundo actual. Tales principios deberían ser también inculcados por las familias, pero la mayoría de los padres renuncia a ello por falta de tiempo o de convicción. Aunque sea un desafío a medio y largo plazo, resulta indispensable enfrentarse a él desde ya.

Cambio de mentalidad y regeneración ética

Este cambio de actitud debe producirse asimismo en los ámbitos económico y fiscal. El Gobierno debe dejar de sangrar a trabajadores, funcionarios, pensionistas y consumidores, y tratar de controlar a los habituales evasores: profesionales, autónomos y empresarios, dejando de filtrar los mosquitos y tragarse los elefantes. No “todos somos Hacienda”, pues unos lo somos más que otros. Procedimientos como las sicavs, las amnistías fiscales y otros artilugios para minimizar el pago de impuestos por las grandes empresas son un escarnio y un escándalo para la sociedad, en especial para la sufrida clase media, que soporta el grueso de la carga impositiva ante la escasa contribución de los más acaudalados. Como bien decía el juez Oliver Holmes, “los impuestos son el precio que pagamos por la civilización”, pero éstos deberían ser justos y razonables, pagados equitativamente por todos los ciudadanos en función de sus ingresos, y utilizados de forma debida por el Gobierno para atender a las necesidades del país. Donde hay dinero suele producirse corrupción como se pone de manifiesto en las finanzas de los partidos, las concejalías de Urbanismo o las empresas públicas.

Hay que regular adecuadamente la financiación de los partidos para evitar que se produzcan casos escandalosos como los de FILESA, Banca Catalana, Mercasevilla, ERE andaluces, Gürtel, Pallerols, Palau, Campeón, ITV o tesorería del Partido Popular –de Rosendo Naseiro a Luis Bárcenas-. Igual hay que hacer con la financiación de los Ayuntamientos para impedir las manipulaciones de los planes de Urbanismo, a las que recurren los municipios para financiar la gestión de los servicios municipales y facilitar el lucro de ediles y partidos. Es preciso reducir el número de empresas públicas, que son innecesarias, deficitarias y exentas del control de interventores y Tribunales de Cuentas. Finalmente, conviene recortar el régimen privilegiado de la casta política en el campo jurídico –inmunidades e incompatibilidades- y económico –dietas, pensiones, consejos de administración y otras canonjías-, y de la oligarquía empresarial –sobresueldos, bonus y blindajes-, que resultan obscenos en períodos como los que atravesamos. Urge superar la crisis de valores existente, recuperar la ejemplaridad y lograr un cambio de mentalidad que permita la regeneración ética de la política y de la economía.


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