No es peligroso asomarse al Exterior

¿Renovación estratégica de la política exterior española?

El pasado 24 de febrero asistí en la Escuela Diplomática a la 'puesta de largo' del informe del Real Instituto Elcano con el ambicioso título de 'Hacia una renovación estratégica de la política exterior española: elementos para conectar mejor el proyecto colectivo del país con el mundo globalizado', y el loable objetivo de “preparar el camino para los consensos políticos imprescindibles” en política exterior. Fue presentado con todos los honores por su presidente, Emilio Lamo de Espinosa, y participaron en el acto el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García Margallo, y los excancilleres Javier Solana y Marcelino Oreja. El estudio carece de la calidad y el rigor a los que nos tiene acostumbrados el Instituto. Resulta demasiado retórico y genérico en sus formulaciones, y poco concreto y específico en sus recomendaciones.

Planteamiento general

Parte de la afirmación de que acción exterior y política exterior son las dos caras de la misma moneda y resultan sinónimas e intercambiables. La acción exterior, sin embargo, es más amplia, pues es el medio por el que se realiza la política exterior del Estado, y se lleva a cabo primordialmente por el Gobierno y complementariamente por otros sujetos, como instituciones y empresas. No comparto la opinión de que el Gobierno deba asumir de manera explícita la pluralidad territorial de España en su proyección internacional y de que su diversidad estructural sea uno de los principales elementos de su política exterior, o de que la acción exterior de las comunidades autónomas sirva para mejor adaptar a España a la globalización y que haya que reducir las posibilidades de que el Gobierno no respete la proyección internacional de aquéllas. La acción exterior de las comunidades está sujeta a las directrices de política exterior fijadas por el Gobierno y no podrá invadir las competencias exclusivas del Estado.

El estudio, por otra parte, se contradice cuando afirma, de un lado, que el mundo actual es “apolar” y, de otro, que el auge de potencias emergentes está dando lugar a nuevos equilibrios de poder en el sistema internacional. El orbe ha ido pasando del bipolarismo de la Guerra Fría al monopolarismo de Estados Unidos tras la disolución de la URSS y, de ahí, al multipolarismo –tanto económico como político-, con el protagonismo de actores como EEUU, Rusia, la Unión Europea (UE), China, Japón, India o Brasil. Concuerdo con la clasificación de España como “potencia media con presencia global”, que debe potenciar su protagonismo en un mundo globalizado merced a su calidad de miembro de la Unión. Con sentido realista de sus posibilidades, nuestro país debe “priorizar actuaciones y dedicarles los recursos suficientes”. Es adecuada la descripción de los grandes objetivos estratégicos de la política exterior: integración europea, democracia, seguridad, competitividad, responsabilidad en materia de derechos humanos y de cooperación internacional e influencia internacional. En realidad, se trata más de objetivos globales de la política general del Estado, que de objetivos específicos de su política exterior. También resulta aceptable el capítulo sobre los instrumentos, medios y sistemas de acción exterior, pero no cabe decir lo mismo del dedicado a los niveles y espacios de actuación, que es francamente decepcionante.

Deficiente tratamiento de los espacios de actuación de la PE

El informe aborda los espacios definidos por Francisco Fernández Ordóñez en 1992 -integración europea, proyección iberoamericana, solidaridad mediterránea y vínculo atlántico-, y añade los de Asia-Pacífico y un etéreo “espacio global”. Da un tratamiento insuficiente a la participación de España en las organizaciones internacionales -universales, regionales o de integración-. En relación con la UE, no comparto la propuesta de que los Balcanes avancen hacia la adhesión y de que se preserve la perspectiva europea de Turquía. La expansión acelerada de la Unión Europea hacia el Este fue un grave error, pues hay que dar prioridad a la integración sobre la ampliación y requerir el cumplimiento integral de los requisitos de Copenhague para la adhesión, que ni la mayoría de los balcánicos cumple ni Turquía es previsible que pueda cumplir. Bastaría establecer con ellos estrechas relaciones basadas en la cooperación.

La delicada cuestión de Gibraltar es tratada de forma inadecuada. Se resalta “el problema de la vida cotidiana de los ciudadanos a uno y otro lado de la verja”, la necesidad de normalizar la cooperación transfronteriza mediante un nuevo modus vivendi y la conclusión de un acuerdo que tenga en cuenta los intereses y las aspiraciones de los gibraltareños. Se olvida de que lo esencial es el tema de la soberanía de España sobre el Peñón y la integridad territorial de ésta, y no –como pretende Gran Bretaña- el inexistente derecho de los llanitos a la libre determinación.

El informe ha aglutinado en un único espacio al Magreb, al Medio Oriente y al África subsahariana, pese a sus notables diferencias. Apenas dedica unas líneas a Marruecos -por otra parte desacertadas-, porque lo que destaca es el contraste de riqueza con España y la conveniencia de que mejore sus relaciones con Argelia. No dice ni una sola palabra sobre los graves conflictos existentes entre los dos Estados, como las reivindicaciones marroquíes sobre Ceuta, Melilla y otros territorios españoles, la delimitación marítima, la inmigración irregular, el tráfico de hachís o el terrorismo islamista. Respecto al Sáhara, España no sólo tiene una responsabilidad histórica, sino también jurídica, ya que no cedió más que la administración de su antigua colonia, que tiene derecho a autodeterminarse. El pueblo saharaui debe decidir libremente en referéndum si opta por su integración en España, su asociación con Marruecos o la independencia. El reino marroquí es un tercero en discordia que ha ocupado el Sáhara por la fuerza y no tiene título jurídico alguno sobre el territorio, ni derecho a absorberlo contra la voluntad de sus habitantes. Del África subsahariana apenas se menciona a Guinea Ecuatorial –único país hispano-parlante del continente-, sobre la que España debería velar y guiar hacia la democracia.

El tratamiento de Iberoamérica –o América Latina, término que propugna con entusiasmo el informe- es muy retórico. Mantiene que España debe convertirse en un referente de pensamiento “para que el mundo conozca a la región a través de los ojos españoles”. Sugiere “revigorizar la acción civil y gubernamental en el espacio iberoamericano y avanzar en la concreción de políticas bilaterales eficaces”. Con respecto a Cuba, propone igualmente acompañar su proceso de transformación “con una política específica”. Está muy bien, pero ¿cuáles son estas políticas?.

En Asia sólo se recomienda impulsar una relación integral con China que trascienda la dimensión económica, pero, ¿cómo ignorar la falta de democracia y la violación de derechos humanos, y establecer con ella una cordial relación política?. Apenas si se mencionan otros sujetos importantes de la región como Japón, India o –por razones históricas- Filipinas. En el espacio atlántico, se sugiere que España aproveche sus buenas relaciones con EEUU para convertirse en “eje de triangulaciones u otras configuraciones geométricas más complejas”, sobre la base de “los valores e intereses compartidos en las cuatro orillas del Atlántico” (sic). También en el espacio global se recurre a la geometría con la recomendación de “facilitar grandes ejes o triangulaciones en distintos sectores y con diferentes configuraciones” ¿Está claro?

Conclusiones

Las conclusiones del informe son sumamente genéricas y tautológicas, a la par que inconcretas y poco concluyentes: servicio al ciudadano, mejor conexión con el mundo, europeísmo inteligente, ambición de presencia e influencia, corresponsabilidad en la generación de bienes públicos globales, innovación y talento, proyección de una imagen sólida y respetada, sistema integrado de instrumentos y actores, reforzamiento del pensamiento propio, y consideración seria de la evaluación de la acción exterior. Me recuerdan el solemne pronunciamiento de la Constitución de 1812 –la entrañable 'Pepa'- de que los españoles están obligados a ser justos y benéficos.


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