No es peligroso asomarse al Exterior

Reforma constitucional y Cataluña: tanto monta…

El 27 de Abril asistí en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales a un interesante debate acerca de “La reforma constitucional y Cataluña”, en el que actuó de ponente el profesor Santiago Muñoz Machado, autor de un estudio sobre el tema. Salí con mal sabor de boca, pues la situación no puede ser más desoladora.

La Constituciónnecesita ser reformada por obsoleta. La separación de poderes no está asegurada, los partidos políticos carecen de democracia interna, el Senado es una cámara inservible, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Constitucional (TC) están colonizados por los partidos

Reforma de la Constitución y situación en Cataluña

A juicio del ponente, la Constituciónnecesita ser reformada por obsoleta. La separación de poderes no está asegurada, los partidos políticos –que han patrimonializado las instituciones– carecen de democracia interna, el Senado es una cámara inservible, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Constitucional (TC) están colonizados por los partidos y el servicio público de la justicia está desprestigiado, el TC no puede ser el garante del equilibrio de los poderes y de la defensa de la Constitución, la organización territorial del Estado ha dado paso a un desmesurado y descomunal crecimiento de las estructuras públicas… La Constitución y las leyes nacionales no se cumplen y el Estatuto ha dejado de ser una referencia en Cataluña. De ello se deduce que España debería tener un porvenir reformista, si los gobernantes desearan mejorar las instituciones, pero existe una sólida trama de intereses resistente a cualquier cambio y la reforma de la Constitución se ha convertido en un arma arrojadiza entre los partidos, con perfiles identitarios en Cataluña.

El Gobierno y el PP se muestran reticentes a la reforma y niegan su necesidad, mientras que los partidos nacionalistas, especialmente los catalanes, desprecian e ignoran la CartaMagnapor considerarla superada. El Gobierno ha consentido reformas encubiertas de la misma al tolerar que se sustituyan decisiones que deberían ser materia de reforma constitucional por simples actuaciones legislativas de las Comunidades Autónomas. El Presidente Artur Mas pedalea a piñón fijo en la “Vuelta por etapas”  hacia la independencia. Tras el precalentamiento de las Diadas de 2013 y 2014 con las grandes manifestaciones de tinte soberanista, siguieron las declaraciones del Parlament reconociendo el “derecho a decidir” del pueblo catalán, el simulacro de referéndum del 9-N y la disolución del Parlamento. El próximo paso serán las elecciones autonómicas calificadas indebidamente de “plebiscitarias”, pues difícilmente cabe conciliar la elección por el pueblo de sus representantes en un régimen de democracia indirecta con el plebiscito, que es un procedimiento de democracia directa. Luego vendrán la elaboración de una Constitución catalana y la declaración unilateral de independencia. El proceso está ya en curso, ante la pasividad del Gobierno central frente a la abierta rebeldía de la Generalitat, que incumple impunemente la Constitución y las leyes estatales, hace caso omiso de las sentencias de los Tribunales y va poniendo en pie la estructura del futuro Estado catalán, siguiendo las directrices del Consejo Asesor para la Transición Nacional. La independencia no requerirá un acto formal explícito, como en 1934, y caerá como fruta madura mediante la confirmación de una situación de hecho.

De un lado, la Constitución necesita ser reformada y, de otro, la Generalitat y los partidos nacionalistas propician la separación de Cataluña, pero se trata de dos hechos independientes

¿Están vinculados los dos temas?

De un lado, la Constitución necesita ser reformada y, de otro, la Generalitat y los partidos nacionalistas propician la separación de Cataluña, pero –aunque estrechamente vinculados– se trata de dos hechos independientes. El problema catalán se podría resolver teóricamente sin necesidad de modificar la Constitución y una reforma federalizante de ésta –que es la solución que parece contar con más seguidores– sería probablemente rechazada por los nacionalistas catalanes. El Consejo Asesor se ha opuesto a la fórmula federal, porque “Cataluña se diluiría como un territorio con posiciones minoritarias en el conjunto de la Federación”. Las posiciones en Cataluña y en el resto de España sobre la modificación del Titulo VIII son sensiblemente diferentes, como señaló el profesor Josep María Vallés, para quien  era indispensable una reforma de la Constitución, que tenga en cuenta la existencia de una “conciencia nacional” en Cataluña. Emilio Lamo de Espinosa reconoció que hay en Cataluña una minoría secesionista que está creciendo por el descarado apoyo de la Generalitat y que, si existe un cierto malestar, también se siente en el resto del país. Es preciso regenerar la democracia y ofrecer un proyecto ilusionador a nivel nacional. Hay que reformar España para reformar Cataluña, pero la independencia de ésta no es negociable.

Necesidad de una reforma de la Constitución por amplio acuerdo

Como no parece haber consenso suficiente para la reforma de la Constitución, es imprescindible, según Muñoz Machado, afrontar las soluciones específicas que la situación política de Cataluña demanda. No es posible aceptar una independencia por la que Cataluña se desvincule de la Constitucióny continúe por la senda de la creación de las instituciones imprescindibles para la secesión. El profesor García Roca ha estimado que sería posible llegar a un acuerdo sobre la reforma constitucional si realmente se deseara. Aunque no sea necesario hacer todas las reformas a la vez, algunas deberían ser inminentes. Entre ellas ha citado la inserción de una “cláusula Europa” que reconozca la cesión de soberanía ala UE, la incorporación del Convenio Europeo de Derechos Humanos y dela Carta de Derechos Fundamentales dela Unión, la ampliación del catálogo de derechos fundamentales, la conversión de algunos principios rectores en derechos, el cambio del sistema electoral del Congreso y de las funciones del Senado, la democratización interna de los partidos políticos, la supresión de la discriminación en la sucesión ala Corona, la flexibilización del sistema parlamentario –con facilidades para la creación de Comisiones de Investigación, la iniciativa popular y la democracia participativa–, la mejora en la designación de los miembros del TC y del CGPJ, la recuperación del recurso previo de anticonstitucionalidad en relación con los Estatutos de Autonomía y la flexibilización del procedimiento de reforma constitucional.

El Gobierno central tendría que salir de su letargo e involucrarse con los demás partidos en la elaboración de la reforma de la Constitución, acotando de antemano su alcance y las líneas sojas que no se podrían traspasar

Sobre estas sugerencias sería posible forjar un amplio acuerdo, pero no cabe decir lo mismo con respecto a otras recomendaciones como la integración política de las nacionalidades, la distribución de competencias entre el Estado y sus entes territoriales o la regulación de la financiación económica de las Comunidades Autónomas. La Constitución contiene disposiciones para hacer frente a los incumplimientos de las Comunidades, que llegan hasta la declaración del Estado de excepción (artículo 116)­­ o la suspensión de la autonomía (artículo 155), aunque también contiene otras menos radicales, a las que no ha recurrido el Gobierno central para hacer frente a la insumisión de la Generalitat. La imposición por el Estado de medidas de fuerza, que no cabe descartar del todo al ser constitucionales, no ofrecería una solución definitiva. Dicha solución debería lograrse con un acuerdo de naturaleza política en el que participen todas las fuerzas políticas constitucionales, para lo que habría que buscar, en opinión de Vallés, un clima favorable a la negociación y a la transacción. El Gobierno central tendría que salir de su letargo e involucrarse con los demás partidos en la elaboración de la reforma de la Constitución, acotando de antemano su alcance y las líneas sojas que no se podrían traspasar, como el principio de la unidad y de la integridad territorial de España. Todos los partidos, nacionales y nacionalistas, deberían actuar con rigor y sentido de Estado en busca de soluciones realistas y viables que consigan el mayor acuerdo posible. Han de respetar las normas establecidas en la Constitución –presente o futura– y observarlas lealmente. Más allá de estos límites, estima Muñoz Machado, sólo están “los regímenes confederados o la ruptura del Estado y la independización de sus fragmentos”. Según el Presidente del Centro, Benigno Pendás, hay que mantener el debate abierto, buscar la “conllevanza” entre los distintos pueblos y Comunidades, y encontrar un proyecto atractivo común para toda la Nación. ¡Que así sea!


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