No es peligroso asomarse al Exterior

¿Procede la elección directa de alcaldes por los ciudadanos?

En diversas ocasiones, el PSOE, UPyD, CIU y PNV se han pronunciado por la elección directa de los alcaldes por parte de los ciudadanos. El Grupo Parlamentario Socialista presentó en 1998 una proposición de ley por la que se establecía “una prima electoral para el grupo del alcalde ganador o una segunda vuelta” y el PSOE incluyó la elección directa en su programa de 2004. Pese a ello, ha bastado que el Gobierno anuncie su intención de modificar la ley electoral al respecto para que se alborote el gallinero parlamentario y todos los partidos de la oposición al unísono hayan demonizado y rechazado la propuesta del PP –aún sin concretar- y la hayan calificado de “cacicada de  derechas”, “golpe de Estado”,”trampa”, “pucherazo”, “atentado a la pluralidad” o “medida antidemocrática”. También en el ámbito académico, Jorge de Esteban ha publicado en El Mundo un artículo titulado “Una reforma inaceptable”, en el que la descarta sin paliativos por ser poco ética, dudosamente constitucional, confusa, ineficaz y contraproducente. Suelo estar de acuerdo con el profesor de Derecho Constitucional, pero en este caso no puedo coincidir con su opinión.

¿Supone la reforma un abuso del Gobierno?

Señala de Esteban que no es ético que el Gobierno, abusando de su mayoría parlamentaria, modifique la ley electoral en contra del PSOE y engañe a los ciudadanos al afirmar que se trata de una medida de regeneración democrática. Creo que no se puede acusar a un Gobierno de abuso por el uso de la mayoría que le han concedido los ciudadanos. El Gobierno cuenta con cuatro años de legislatura y puede presentar sus propuestas en cualquier momento dentro de ese plazo.

Según la Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, el Gobierno trata de “cambiar las reglas del juego en medio del partido”

La propuesta de elección como alcalde del candidato de la lista municipal más votada no se ha hecho en contra del PSOE, dado que éste la había apoyado con anterioridad e incluido en su programa, aunque ahora haya cambiado de parecer por razones tácticas y oportunistas. Según la Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, el Gobierno trata de “cambiar las reglas del juego en medio del partido” y semejante cambio no se puede improvisar de la noche a la mañana. Esto no es del todo cierto, pues la propuesta figuraba en el programa electoral del PP. El momento en que las Cortes adopten la medida no es determinante, siempre que sea dentro de la legislatura, y lo que importa no es tanto el tempo como la calidad de la decisión, que es –a mi juicio- positiva.

Se podrá estar o no de acuerdo con la propuesta, pero no cabe negar que implique una regeneración democrática al permitir la participación directa del vecino en la elección, ni alegar engaño, pues lo propuesta aparecía en un programa que fue mayoritariamente respaldado por los ciudadanos en las últimas elecciones.

¿Es anticonstitucional la reforma propuesta?

De Esteban tacha la propuesta de “dudosa constitucionalidad”, porque el artículo 140 de la Constitución prevé que “los alcaldes serán elegidos por los concejales o por los vecinos”. Es cierto que, conforme a la práctica seguida, los alcaldes son normalmente elegidos por los concejales y sólo excepcionalmente por los vecinos, pero –al contemplar la Carta Magna esta posibilidad y prever que “la ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen de concejo abierto”- no puede ser considerada anticonstitucional.

 ¿Acaso sería preferible que fuera escogido un candidato menos votado que consiga el apoyo del cartel de perdedores?

Estima el profesor madrileño que los alcaldes son designados no de forma directa, sino por “representantes elegidos directamente por el pueblo”, y representan más al Ayuntamiento que a los ciudadanos. ¿Mas, qué es un Ayuntamiento sino una institución al servicio de los ciudadanos? El Ayuntamiento no se representa a sí mismo, sino a los vecinos del municipio, al igual que no son las Comunidades Autónomas las que pagan impuestos, sino las personas que en ellas residen.

Afirma que no se puede admitir que el número 1 de la lista más votada sea automáticamente alcalde, porque necesita una mayoría para gobernar y el nombramiento directo llevaría además aparejado la supresión de la moción de censura. ¿Acaso sería preferible que fuera escogido un candidato menos votado que consiga el apoyo del cartel de perdedores, como ocurrió en la Comunidad Balear cuando se necesitó el concurso de hasta seis partidos que sólo tenían en común su oposición al PP? El concejal más votado puede pactar con miembros de la oposición la adopción de las medidas de gobierno necesarias e incluso gobernar en minoría. No desaparecería la moción de censura, que tendría efectos de presión política o moral, aunque no produjera la automática remoción del alcalde.

El sistema de doble vuelta también se utiliza en países con sistemas proporcionales como Francia, Portugal o Alemania, y su implantación no requeriría la modificación de la Constitución

Añade de Esteban que la fórmula de una segunda vuelta sólo es posible en sistemas mayoritarios uninominales, ya que la elección de los alcaldes por los concejales figura en la Constitución, que debería ser reformada. Sin embargo, el sistema de doble vuelta también se utiliza en países con sistemas proporcionales como Francia, Portugal o Alemania, y su implantación no requeriría la modificación de la Constitución. Al prever ésta la posibilidad de la elección directa por los vecinos, bastaría el cambio de la Ley electoral.

Señala que la propuesta es ineficaz, porque parte de los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo, que no son extrapolables, y contraproducente, porque beneficiaría a los partidos nacionalistas. También el alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, ha atribuido la reforma al “pésimo resultado” en dichas elecciones. Pero la nueva fórmula no es consecuencia de los comicios europeos, ya que figuraba con anterioridad en el programa popular. El qui prodest no es esencial, pues lo que importa es la relevancia de la medida  y no a quién beneficia. El PP ha sido acusado de promover la reforma para favorecer la elección de sus alcaldes, pero la ventaja no siempre sería a su favor ya que saldría perjudicado en el País Vasco y Cataluña, y resultarían beneficiados los nacionalistas en sus respectivos feudos y hasta el PSOE en Andalucía, según ha reconocido la propia Susana Díaz.

Sin negociación difícilmente puede haber consenso

Lo ideal sería que la reforma se realizara con el máximo consenso posible, pero éste resulta imposible de conseguir si los partidos que la apoyaron en su día no la aceptan ahora porque ha sido propuesta por el PP. El PSOE se niega incluso a negociar, cuestiona al Gobierno por no haber planteado el cambio al comienzo de la legislatura y pretende que deje el tema para la siguiente, pues –según Pedro Sánchez- “no la apoya en este momento”.

Como ha señalado Arancha Quiroga, los partidos deben pasar a un segundo plano y dejar a los ciudadanos que tengan una presencia más clara en la vida política, lo que puede conseguirse, en parte, con la elección directa de los alcaldes

El Gobierno está en su derecho de presentar sus propuestas cuando lo estime oportuno y no cuando convenga a la oposición, pero las razones para no haberlo hecho antes son de peso y resultan obvias, ya que tenía como máxima prioridad la adopción urgente de medidas para hacer frente a la crisis económica y la  realización de las reformas estructurales necesarias. El PP ha lanzado una idea en su día compartida por los partidos y respaldada por un amplio sector de la opinión pública, ha ofrecido diálogo a la oposición para formular la reforma y la ha emplazado a que aporte sugerencias o a que explique por qué se opone a la propuesta.

Como ha señalado Arancha Quiroga, los partidos deben pasar a un segundo plano y dejar a los ciudadanos que tengan una presencia más clara en la vida política, lo que puede conseguirse, en parte, con la elección directa de los alcaldes. Es cierto que dicha elección no basta para lograr la indispensable regeneración democrática y que el Gobierno deberá presentar otras propuestas, como la obligatoriedad de elecciones primarias, el desbloqueo de las listas, una mayor participación de los militantes en la selección de los candidatos, la no imposición de “cuneros”, la exigencia de un mayor contacto entre el elegido y su electorado –ante el que debe ser responsable- o la reducción de los privilegios de la clase política, pero es un paso en la buena dirección. Ante la cerrazón de la oposición que se niega a participar en la búsqueda del consenso, el Gobierno está política y moralmente legitimado para realizar la reforma gracias a la amplia mayoría de que goza.


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