No es peligroso asomarse al Exterior

Gibraltar, cuestión de Estado

Gibraltar es una vez más motivo de crisis en las relaciones entre España y Gran Bretaña. So pretexto de de crear un arrecife artificial, el “Gobierno” gibraltareño ha vertido 70 bloques de hormigón con pinchos para dificultar la labor de los pesqueros españoles en la bahía de Algeciras e inutilizar los caladeros en la zona. Como medida de represalia por esta inamistosa decisión, el Gobierno español ha aumentado los controles al tráfico de vehículos que proceden de la colonia o a ella se dirigen, lo que ha provocado importantes atascos, retenciones y colas en la frontera. El Gobierno británico ha protestado por considerar desproporcionados tales controles e inaceptables los retrasos.

Reacción en Gran Bretala y en España a la crisis de Gibraltar

El primer ministro, David Cameron, telefoneó a su colega Mariano Rajoy para advertirle de que no podía “aceptar lo que está pasando con la gente de Gibraltar” y que debería reducirse la tensión y tener en cuenta los intereses de los gibraltareños, pues existía un “riesgo real” de que se deterioraran las relaciones entre los dos Estados. Rajoy le replicó que lo que resultaba inaceptable era “el acto unilateral de instalación de bloques de cemento en la bahía de Algeciras”, y que los controles establecidos en la verja por el Gobierno español obedecían al “cumplimiento de su obligación de control para evitar tráficos ilícitos”. El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Benito, ha afirmado que los controles -aleatorios y no discriminatorios- eran proporcionados a la gravedad de la situación y serían mantenidos por ser legales e irrenunciables. El “ministro principal”, Fabián Picardo, ha escuchado “ruido de sables” y comparado al Gobierno español con el “régimen fascista de Franco” y a España con Corea del Norte.

En la colonia se ha iniciado una campaña de difamación contra las fuerzas de seguridad españolas que actúan en la frontera, se han publicado en Internet fotos de los agentes y pedido que se realicen ”escraches” en sus domicilios. En el lado británico se ha actuado conforme al tradicional lema "right or wrong, my country" –“tenga o no razón, estoy con mi país”-. Así, el Partido Laborista ha cerrado filas con el Gobierno conservador y su portavoz para Asuntos Exteriores, Kerry McCarthy, ha expresado el rechazo contundente de su partido a cualquier medida diseñada para penalizar a los gibraltareños, y algunos políticos, como el diputado William Darmouth, han pedido el envío de buques de guerra al Peñón para intimidar al Gobierno español. Aunque ya estuviera previsto en el marco de unas maniobras navales en el N¡Mediterráneo, no deja de ser significativo el anuncio de la inminente visita a Gibraltar de tres buques de la Armada de Su Graciosa Majestad.

¿Ha ocurrido algo semejante en el lado hispano? Pues no, justamente lo contrario, ya que “Spain is different”. Los partidos de la oposición de izquierdas –del PSOE a Izquierda Unida y Amaiur- se han apresurado a criticar al Gobierno por su legítima actuación. Los socialistas lo han hecho a un triple nivel: nacional, autonómico y municipal. El responsable de Relaciones Institucionales del Partido, Antonio Hernando, ha instado al Gobierno a que no adopte medidas unilaterales y recupere un diálogo responsable -sin “exabruptos” ni “salidas de tono”-, que saque el conflicto de los derroteros que está tomando. El secretario de Organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo, le ha pedido que deje el “nacionalismo de pandereta”, se abstenga de “echar un pulso” a las autoridades gibraltareñas y retome el diálogo en el seno del Foro Tripartito. La alcaldesa de La Línea, Gemma Araujo –que está a partir un piñón con Picardo y actúa por libre- se ha unido a las críticas y ha convocado con urgencia a la Mesa de Gibraltar –controlada por los socialistas-, que ha solicitado el fin de las colas, que “perjudican a niños, personas mayores y enfermos”. Un portavoz de la Asociación Cultural de Trabajadores Españoles en Gibraltar ha declarado que España está aumentando la tensión innecesariamente. Estas actitudes insolidarias favorecen los intereses del Reino Unido y de Gibraltar, y perjudican los de España.

Situación privilegiadade la población de Gibraltar

El Gobierno español ha actuado correctamente ante la política de hechos consumados y de provocación de las autoridades gibraltareñas, que abusan de la protección que el “primo de Zumosol” británico presta a sus fechorías. Como ha señalado el embajador Javier Rupérez, España debe evitar por todos los medios el olvido o la indolencia, que conduzcan al decaimiento de nuestros derechos, porque la persistencia de los unos y la desidia de los otros nos ha llevado a la situación actual de Gibraltar: emporio de oscuridades, paraíso de rufianes, encrucijada de transacciones dudosas, cielo de ausencia fiscal donde los haya y agujero negro de ganancias donde el fraude y la violencia se encuentran en dosis iguales. Constituye un enclave colonial del que recibimos constantes agresiones a nuestros derechos e intereses, y sobre el que carecemos de control.

Gibraltar es una cuestión de Estado, que debería ser tratada como tal y no con políticas partidistas .La posición de España debe tener continuidad y no ser dejada al albur de cada nuevo Gobierno. Así se hizo hasta 2004, cuando José Luis Rodríguez Zapatero dio un giro copernicano y abandonó la política hasta entonces seguida por la monarquía, la república, el franquismo o la democracia. Dejó de lado la negociación con “dos banderas y tres voces”, en la que España y Gran Bretaña debatían el tema de la soberanía, y las autoridades del Peñón y las de los municipios del Campo de Gibraltar y de la Junta de Andalucía las cuestiones de cooperación local. Puso en barbecho las negociaciones sobre la soberanía de Gibraltar previstas en la Declaración de Bruselas de 1984 y aceptó la creación de un Foro de Diálogo Tripartito, que ponía a los gibraltareños en pie de igualdad con los dos Estados involucrados. En los Acuerdos informales de Córdoba de 2006, el Gobierno hizo importantes concesiones en materia de comunicaciones telefónicas y de utilización del aeropuerto, construido sobre territorio español, ya que el istmo nunca fue cedido al Reino Unido. Esta política contemporizadora y entreguista culminó con la lamentable visita al Peñón del ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos.

De tales polvos vienen estos lodos y, cuando el nuevo Gobierno trató de regresar al statu quo ante de la negociación en el formato “2+2”, se negaron Gran Bretaña y Gibraltar, cuyas autoridades están realizando actos hostiles, como la colocación de los bloques de hormigón que inutilizan los caladeros en los que faenan los pesqueros artesanales de Algeciras y La Línea. Los gibraltareños están satisfechos con la situación actual de la cnonia y no tienen interés en que cambie, pues se encuentran en el mejor de los dos mundos. Salvo en los temas de relaciones exteriores y defensa, tienen plena autonomía, apenas pagan impuestos, gozan de un paraíso fiscal y de facilidades para el fraude financiero, el blanqueo de capitales y el contrabando, y se aprovechan del hinterland hispano para residir temporal o permanentemente o pasar en él sus vacaciones. Rajoy ha dado muestras de firmeza ante los abusos de Gibraltar, que se ampara en la garantía del Gobierno británico de que no acordará nada con España sin la anuencia de los “llanitos”, incluida la reanudación de las negociaciones sobre el futuro de la colonia y su eventual integración en la Península Ibérica. Ante esta cerrazón, Rajoy ha anunciado el mantenimiento de los controles fronterizos, la persecución de los tráficos ilícitos –sólo en los dos últimos años ha aumentado en un 213% el contrabando de tabaco-, el control fiscal de los casi 7.000 gibraltareños –una cuarta parte de la población- que residen realmente en España sin pagar impuestos, y el establecimiento de una tasa de 50 euros para el paso de vehículos a través de la frontera.

Futuro de Gibraltar

El Gobierno británico ha afirmado que mantendrá sus compromisos constitucionales, no renunciará a su soberanía sobre Gibraltar y tomará las medidas necesarias para salvaguardarla. España reconoce la soberanía británica sobre el Peñón otorgada por el Tratado de Utrecht de 1713, pero exige su descolonización de acuerdo con el mandato de la ONU. El Reino Unido deberá negociar la retrocesión a España de la última colonia en Europa, de conformidad con lo dispuesto en dicho tratado de que, “si en algún tiempo a la Corona de Gran Bretaña le pareciera conveniente dar, vender o enajenar en cualquier modo la propiedad de la dicha ciudad de Gibraltar…, se dará a la Corona de España la primera opción antes que a otras para redimirla”. Hay fórmulas jurídicas para resolver el conflicto con base en el principio de la cosoberanía de las dos Coronas, en el marco de la UE. Para ello es preciso que el Reino Unido muestre voluntad política y negocie de buena fe, sin utilizar demagógicamente la excusa del derecho a la libre determinación del pueblo gibraltareño, y acepte la unidad nacional y la integridad territorial de España.

Como afirmó en 1992 el ministro socialista de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez, “la integración del territorio de Gibraltar en España es un objetivo permanente de todos los Gobiernos españoles sobre el que están de acuerdo todas las fuerzas políticas por encima de ideologías y partidos”. El PSOE, sin embargo, no ha estado a la altura de las circunstancias en la actual crisis, pues, no sólo no ha apoyado al Gobierno, sino que lo ha criticado por razones de oportunismo político. ¡No vendría nada mal que tuviera más sentido de Estado!


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