No es peligroso asomarse al Exterior

Fiasco del maximalismo secesionista de Mas

El pasado 19 de Noviembre asistí a un interesante debate del Círculo Cívico de Opinión sobre “Desafección política y sociedad civil”, en el que el profesor José Ignacio Torreblanca presentó la comunicación “Preocupémonos de los procesos, no de los resultados”. Discrepo por completo de sus conclusiones sobre el derecho a decidir y la eventual independencia de Cataluña, que me dejaron muy preocupado, tanto por el proceso como por los resultados.

Inexistente confrontación de legitimidades

Afirmó Torreblanca que considerar materialmente imposible la secesión carecía de sentido y constituía un elemento de deslegitimación del sistema político, y que la rigidez de la Constitución abogaba a un conflicto de legitimidades entre el marco jurídico legal y un nuevo marco político que -de forma pacífica y mayoritaria- abocaría a realizar una consulta en torno a la independencia. A su juicio, se enfrentaban dos legitimidades: la legitimidad constitucional, que prohíbe los referendos unilaterales y la secesión, y una legitimidad democrática surgida del pronunciamiento de una mayoría relevante de la población catalana. ¿Acaso el pronunciamiento casi unánime del pueblo español es menos democrático que la voluntad del pueblo catalán aún no expresada de forma inequívoca? No se pueden poner la legalidad y la ilegalidad en pie de igualdad, y enfrentar la legitimidad constitucional a una supuesta legitimidad política que no está amparada por el derecho. La Constitución fue adoptada en 1978 por un abrumador consenso, incluido el de la inmensa mayoría de los ciudadanos de Cataluña. Su artículo 2 la fundamenta en “la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”, y reconoce a la par “el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, y la solidaridad entre todas ellas”. El artículo 1-2 afirma de forma categórica que “la soberanía reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. La Constitución es la norma suprema de la Nación y no una disposición de rango menor que pueda ser modificada por la voluntad de unos pocos ciudadanos. Establece un mecanismo para su reforma, que hay que seguir por imperativo legal si se pretende llevarla a cabo.

¿Es insoslayable un referéndum de autodeterminación?

Aunque admitía que en el Derecho Internacional sólo existe el derecho a la autodeterminación en el caso de descolonización y que el Derecho Constitucional no considera preceptivo que un Estado tenga que tomar en cuenta las aspiraciones separatistas de uno de sus territorios, Torreblanca estimaba que ello no significaba que una comunidad pudiera soslayar indefinidamente la toma en consideración de la voluntad política de una parte de la población de separarse del Estado. Aceptar una consulta -aún a riesgo de perderla- era mejor que rechazarla, y resultaba muy difícil negar la posibilidad de realizar un referéndum soberanista y las consecuencias constitucionales que tendría un hipotético amplio SI a una pregunta clara y sin ambigüedades sobre la secesión. Considero que el Gobierno central podría, en efecto, hacer una consulta mediante referéndum sobre la integridad de España, aunque no hay norma alguna que le obligue a ello, pero -dado que la soberanía nacional reside en el pueblo español- tendría que consultar a éste en su conjunto, y no sólo al pueblo catalán, al ser un tema que afecta a todos y cada uno de los integrantes de la Nación.

Artur Mas podría haber iniciado el proceso de reforma de la Constitución y -de no tener éxito como con el Plan Ibarretxe- negociar con el Gobierno la celebración de un referéndum de autodeterminación a nivel nacional. Sin embargo, al situarse al margen de la legalidad y violentado el propio programa de CIU. Dio un ultimátum a Mariano Rajoy para que concediera a Cataluña un estatuto fiscal semejante al del País Vasco y Navarra y -cuando éste se negó alegando que no era un tema bilateral y que debería ser consensuado con las demás CCAA- se rasgó las vestiduras cuadribarradas, puso fin a la legislatura antes de haber alcanzado su ecuador, convocó elecciones anticipadas y pidió al pueblo catalán que le concediera una mayoría absoluta para imponer el “derecho a decidir” a través de un referéndum de autodeterminación, con o sin la preceptiva autorización del Gobierno central. Este desafío podría haber sido desactivado temporalmente, si el Presidente del Gobierno hubiera estado de acuerdo con Torreblanca en que -puesto que Cataluña sería a la larga un Estado viable- había poderosos motivos para negociar un acuerdo político y construir una opción de permanencia en España de Cataluña, aceptable para sus ciudadanos. Daba por buena la tesis victimista de que España la oprimía y explotaba, y que tenia que pagar un precio por ello. Nada más lejos de la realidad. Equivaldría a aceptar la cínica máxima de Oscar Wilde de que “la mejor forma de vencer la tentación es cediendo a ella”. Rajoy, en consecuencia, debería haber seguido una política de apaciguamiento como la de Chamberlain, someterse al chantaje de Mas y ceder a sus exigencias. Como no lo hizo, el President se inclinó inesperadamente por la independencia y afirmó que ni la Constitución ni los tribunales impedirían el establecimiento de un Estado catalán.

Castigo de las urnas a Artur Mas

En una declaración sobre “La independencia y el Estado de Derecho”, 28 juristas españoles han señalado atinadamente que la unidad jurídica de España es la garantía de la igualdad de derechos de todos los ciudadanos, con independencia de su lugar de nacimiento o residencia. Por ello, la pretensión de romper esa unidad, incumpliendo la Constitución o pretendiendo reformarla al margen de los mecanismos en ella previstos, supone una lesión a la igualdad de derechos de los ciudadanos y una amenaza al Estado de Derecho y a las libertades que éste garantiza. Pese a presidir la Generalitat gracias a la Constitución, Mas la ha ignorado cuando le ha venido en gana y ha dado reiteradas muestras de insumisión antes los tribunales y de deslealtad institucional. Aunque CIU no incluía la independencia en su programa, el President ha aprovechado la situación económica crítica que atraviesa España para atacarla traicioneramente por la espalda y propugnar la independencia de Cataluña, violando la Constitución y el Estatuto.

Mas ha tratado de engañar a la ciudadanía manteniendo que, en caso de secesión, Cataluña seguiría siendo miembro de la UE, lo que ha sido desmentido por la Comisión Europea. Torreblanca estima que -como Cataluña sería a largo plazo un Estado viable en el marco de la UE- España debería acordar con ella su incorporación a la misma, pues no estaría justificado privar a los catalanes de sus derechos comunitarios, pero pasa por alto que -si Cataluña goza de esos derechos- es por formar parte de España, y que -si se escindiera voluntariamente de ella- estaría más que justificado que perdiese su ventajosa posición. Además, el acto de rebelión de Cataluña iría dirigido no sólo contra España, sino también contra la UE en su conjunto, al atentar contra uno de los pilares básicos de la construcción europea, y -si el nacionalismo consiguiera romper España- se rompería Europa. Las elecciones del 25-N -convocadas por Mas irresponsable e innecesariamente, tirando por la borda media legislatura para plebiscitar sus tesis independentistas maximalistas- eran la prueba de hasta dónde estaba dispuesto a llegar el ”poble catalá”, por él invocado en vano. El pueblo ha dado muestras de “seny” y propinado una sonora bofetada al nuevo Mesías, que -con su estrepitoso fracaso- ha hecho lo último que -según Tarradellas- debería hacer un político: el ridículo. Si tuviera un mínimo de dignidad, dimitiría de inmediato, al igual que su “alter ego” Durán, que ha salido a última hora del armario secesionista. Los resultados han dejado un rayo de esperanza para la convivencia. Aunque la situación siga siendo grave y preocupante por el avance del radicalismo independentista, ha dejado de ser catastrófica.”¡Laus Deo!”.


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