No es peligroso asomarse al Exterior

Fetichismo del federalismo

La vida política española sigue condicionada por la amenaza del secesionismo catalán y la celebración o no del referéndum de libre determinación en noviembre. El secretario general (SG) del PSOE, Pedro Sánchez, ha echado su cuarto a espadas tras su entrevista con Mariano Rajoy, en la que ha habido “más discrepancias que coincidencias”. En la línea de Alfredo Pérez Rubalcaba y de Pere Navarro, Sánchez propuso a Rajoy una reforma constitucional para establecer una vía federal, que “es la única que garantiza la unión de todos los pueblos de España”. Los dos dirigentes tan sólo estuvieron de acuerdo en que la consulta independentista no se podía celebrar por ser ilegal -¡menos da una piedra!-, pero parece difícil que el PSOE acceda a formar un frente común con el Gobierno para plantar cara al desafío secesionista.

Fundamento del independentismo catalán

En un atinado artículo sobre “La independencia catalana” publicado en El País, el profesor Javier García Fernández ha expuesto lo fundamentos filosófico-políticos del independentismo. El normativismo elaborado por Hans Kelsen se caracteriza por el respeto al ordenamiento jurídico, que obliga a partir de la Constitución. Frente a él, el decisionismo de Karl Schmitt desmontó la función ordenadora del derecho y antepuso la decisión política a los mandatos que emanan del ordenamiento jurídico. Los independentistas catalanes han renunciado a la noción normativista de dicho ordenamiento y adoptado una visión decisionista de la política, por lo que obran al margen del derecho. Bajo una apariencia tranquila, han optado por salirse del ordenamiento democrático y actuar mediante decisiones políticas ajenas al derecho, con el fin de destruir el orden jurídico básico en Cataluña y en España. Saben que la normativa en vigor no les permite la celebración de un referéndum y que éste no se va a realizar, pero operan como si fueran a hacerlo, pues dan preeminencia a la decisión política.

Sánchez ofreció a Rajoy un “pacto sobre el encaje de Cataluña en España para desactivar el desafío soberanista”, mediante una reforma de la Carta Magna que establezca un sistema federal, pero ni siquiera puede contar a estos efectos con el pleno apoyo de su franquicia catalana, el PSC. García Fernández ha acusado precisamente a éste de ser el principal impulsor del decisionismo, al haber elaborado un Estatuto que no respetaba plenamente la Constitución y encabezado -desde la Generalitat- la protesta contra la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de 2010 y deslegitimarlo. De ahí proceden la reivindicación de de un falso derecho a decidir, la creación de un Consejo Asesor para la Construcción Nacional –encargado de destruir el orden jurídico democrático vigente en Cataluña-, el referéndum de autodeterminación, la declaración soberanista del Parlament, la intención de crear una estructura de Estado y el intento de hacer internacional un conflicto interno.

Desde el PSOE Ramón Jáuregui afirmó en 2013 que había que modificar la Constitución para acomodar a Cataluña en España, tener en cuenta su singularidad nacional y recuperar el Estatut inicialmente votado. Esta intervención fue harto desafortunada, pues el Estatuto adoptado por el Parlament partía de la base de que Cataluña era una nación que ejercía su derecho inalienable al autogobierno mediante instituciones propias y gozaba de competencias exclusivas basadas en los derechos históricos del pueblo catalán, detentador de la soberanía. El programa electoral del PSC reclamó el derecho a decidir y propugnó una “federación de naciones”. Su actual SG, Miquel Iceta, ha declarado que no se puede renunciar al citado derecho y que no hay solución del conflicto catalán que no pase por las urnas.

Falta de concreción de la propuesta federalista del PSOE

Como el PSOE sigue con su “mantra” federalista, cabe exigirle una definición clara del alcance de su reforma constitucional, sobre todo en lo referente al régimen territorial. Con su proverbial sorna, Pedro G.Cuartango ha comentado: “No me he enterado de cuáles son las políticas del PSOE y no sé si va hacia el Ártico o hacia el Sahara”. Ya es ahora de que concrete su salvadora fórmula federal. Según Javier Zarzalejos el serio problema del federalismo radica en convertirse en lo que los supuestos federalistas quieren que sea en cada caso. Utilizan lo federal como un concepto elástico, que lo mismo sirve para etiquetar criterios anacrónicos, como para argumentar a favor del destejer confederal del Estado.

La Constitución de 1978 ha dotado a España de un régimen cuasi-federal vergonzante, una caricatura de Estado federal, pues no especifica las partes que lo componen, ni fija claramente las competencias de las comunidades autónomas, que son establecidas en los distintos Estatutos de Autonomía, pese a lo cual algunas de ellas han excedido en competencias a muchos Estados federados. Incluye asimetrías como la disposición adicional 1ª, que ampara los derechos históricos y los privilegios fiscales del País Vasco y de Navarra, y consagra “hechos diferenciales”, que permiten “situaciones singulares” en relación –según la sentencia del TC de 2010-  con el derecho civil, la lengua, la cultura y su proyección en el ámbito de la educación, y los sistemas  institucionales propios.

Para Jorge de Esteban, el reparto de competencias en una federación no tiene que ser homogéneo, pero sí simétrico, y ha de permitir que los derechos de los ciudadanos sean iguales en todo el territorio nacional. A diferencia del Estado de las autonomías –que continúa permanentemente abierto-, el federal  tiene carácter cerrado, pues la distribución de competencias está incluida en la Constitución federal, que está por encima de las federadas y prevalece sobre ellas en caso de conflicto, en virtud de la cláusula de  la “supremacía federal”.

No hay razón para introducir asimetrías sobrevenidas, como las que pretenden algunos favorecedores de una tercera vía de incluir una disposición adicional que reconozca a Cataluña un régimen fiscal similar al de las CCAA forales. Los sistemas federales pueden variar en el reparto de competencias y, así, no son iguales los regímenes de Argentina, Brasil, México, Estados Unidos, Alemania o Austria, aunque todos ellos consagran la igualdad de derechos de todos los ciudadanos, igualdad rechazada por los nacionalistas, que sólo aceptan sistemas asimétricos que redunden en su favor. Por ello, Francisco Sosa y Mercedes Fuerte estiman que es lícito preguntarse si, “al ponernos bajo la advocación de los manes del federalismo, no nos espera idéntica frustración”.

Necesidad de actualización consensuada de la Constitución

El PSOE insiste en su fórmula fetichista, sin ser consciente de que el trompeteo de federalismo no va a derribar los muros de Jericó de quienes rechazan la Constitución, y propone la creación de una comisión parlamentaria para proceder a su reforma. Rajoy se resiste alegando que no hay consenso suficiente, pero tampoco lo hay en torno al texto actual. Pasa por alto la cláusula “rebus sic stantibus” -cambio de circunstancias-, pues la situación de España no es la misma que hace 35 años y los textos que se desgastan deben ser actualizados, ya que el inmovilismo y la numantina oposición al cambio son contraproducentes y, si el Gobierno no realiza -de acuerdo con el PSOE- las requeridas reformas, se verá arrastrado por la ola de desafección popular. Afirma que sería una frivolidad modificar la Constitución sin contar con un consenso similar al de 1978, que -sin duda- debe procurar lograr.

Sería frívolo si se hicieran los cambios sin un mínimo de consenso o no se establecieran de antemano las “líneas rojas” que no se pueden franquear –como la radicación de la soberanía en el pueblo español o la igualdad de todos los ciudadanos-, y se “abriera en canal” la totalidad del texto sin contar con unos principios básicos generalmente aceptados. Podría obtenerse un amplio acuerdo sobre temas como la incorporación a la UE, la igualdad de género, la reforma del Senado, la mejora del régimen de las autonomías, la distribución de competencias o la solidaridad entre territorios. Si esto se consiguiera con un régimen federal, bienvenido sea, siempre que no haya trampas y quede consagrada la igualdad de todos los ciudadanos, sin perjuicio del reconocimiento de los hechos diferenciales avalados por el TC.

No se podrá lograr consenso pleno porque los nacionalistas no quieren una federación, sino una confederación o la independencia. Como ha corroborado Artur Mas, ni siquiera una reforma en profundidad de la Carta Magna bastaría para apaciguar el anhelo independentista. Según Ignacio Camacho, no hay un problema de simetrías, sino de lealtades. Una mayor asimetría no frenaría el soberanismo, porque los nacionalistas aspiran a superar la Constitución y no se conseguirá una solución justa mientras subsista en Cataluña deslealtad institucional hacia un proyecto de convivencia común entre todos los españoles.


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