No es peligroso asomarse al Exterior

Debilitamiento del carácter nacional de los partidos

Los partidos políticos mayoritarios de España están perdiendo su carácter nacional. Nos alarman las declaraciones y actuaciones de los dirigentes del PSE y del PSC, y nos aturde el silencio del Secretario General del PSOE. Aunque en menor medida, también se observa esta deriva disgregadora en el PP, cuya manifestación más genuina ha sido el órdago lanzado por Ignacio González con la implantación del euro por receta en la Comunidad de Madrid, en abierta insumisión al Gobierno central.

Incoherencias en el PSOE

Según Santiago González, para la convivencia democrática es preferible que existan dos grandes partidos: uno que gobierne y otro que pueda llegar a hacerlo. Ha expresado su perplejidad ante el espectáculo que se está desarrollando en el seno del socialismo, en el que sobran ocurrencias y faltan ideas, sensatez y liderazgo. El PSOE viene realizando un “strip-tease” o danza de los cuatro velos. Primero se despojó de la “S”, y ha pasado del marxismo de Pablo Iglesias a la social-democracia, al social- liberalismo y al social-nacionalismo, a veces en forma paralela en sus diferentes franquicias. También se desprendió del velo de la “O” y dejó de ser una fuerza obrera, para convertirse en un partido de clases medias. Esgrime la coartada del respaldo de UGT, pero este sindicato se ha convertido en un “lobby”, más interesado en defender sus intereses y los privilegios de sus paniaguados, que en proteger a los trabajadores en general y a los parados en particular. Siguió el abandono de la “E” de la mantilla española. Así, el PSE ha antepuesto Euskadi a España, y ha apoyado la negociación con los terroristas de ETA, el entendimiento con Batasuna, el acercamiento de lo presos etarras y la liberación de asesinos irredentos como Etxebarría. Considera normal y razonable colaborar con EH-Bildu, al que ha dado su apoyo para aprobar sus presupuestos en Guipúzcoa, mientras votaba en contra de los del PP en Álava. El PSC, a su vez, inició con Pascual Maragall la desastrosa aventura del Tripartito –seguida con entusiasmo por el “charnego” José Montilla- y pretendió dar lecciones de extremismo nacionalista a sus socios de ERC. No acató la sentencia del TC sobre el Estatut, se lanzó a la calle para protestar contra ella, y se declaró insumiso a los fallos del TS sobre la enseñanza del idioma español en Cataluña. Pese a los debacles electorales por su deriva nacionalista, su Secretario General, Pere Navarro, no ha aprendido la lección, y respalda el “derecho a decidir” del pueblo catalán y no se opone a un referéndum ilegal de libre determinación.. El último velo para llegar al desnudo político integral era el de la “P”, que el PSOE ha descorrido para convertirse en una amalgama de partidos-taifa, que actúan de forma autónoma en cada cantón de lo que antaño era España.

Incoherencias en el PP

No va mucho mejor en coherencia el PP, sobre el que cabría hacer la advertencia de las películas:”Todo parecido entre su programa electoral y la actuación de su Gobierno es pura coincidencia”. Es cierto que se encontró con una situación desastrosa, pero resulta poco creíble que la desconociera antes de acceder al poder. La herencia recibida es una circunstancia atenuante, pero no eximente. Cuando Mariano Rajoy afirma que no hará algo, hay que echarse a temblar, porque -más pronto que tarde-contradirá sus palabras con los hechos. Se ha atrevido a tomar medidas drásticas e impopulares que eran indispensables, pero lo ha hecho a destiempo y con desgana. Como ha observado Pedro J. Ramírez, Rajoy está empeñado en gobernar sin hacer política. Puede que él sepa lo que debe hacer, pero no así el ciudadano –al que se le pide un acto de fe-, por la falta de transparencia y de información. Debería presentar un plan de gobierno realista e integral, explicar a los españoles las razones que justifican los sacrificios que se les exigen, y ofrecer algo más que “comprensión y solidaridad”.

Aunque presuma de ser el único partido que tiene una política única en toda España, el PP también ha de hacer frente a la indisciplina y la contestación de algunos de sus barones autonómicos. El Gobierno es incapaz de hacer cumplir sus decisiones en todo el territorio, incluso en comunidades regidas por dirigentes de su partido. La Valenciana es un epítome de clientelismo, corrupción y endeudamiento; la Balear incumple las normas sobre enseñanza en español; Extremadura se opone al aumento del IVA en la cultura y se niega a suprimir la paga extra de Navidad a sus funcionarios… Pero el caso más grave es el de la Comunidad de Madrid que ha desafiado abiertamente al Gobierno central al establecer el pago de €1 por receta, pese a conocer la intención de éste de presentar un recurso ante el TC por la decisión similar adoptada por la Generalitat y ser consciente de que –como ha señalado la Vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría- vulnera la normativa estatal que garantiza la coordinación general de la sanidad y la legislación sobre productos farmacéuticos. El Consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, ha tenido la desfachatez de afirmar que Madrid había adoptado la medida para cumplir con el objetivo de déficit impuesto por el Gobierno central -como si este pago adicional fuera la única forma posible para conseguirlo-, contradiciendo el argumento de que la medida no perseguía un fin recaudatorio, sino disuasorio. Este comportamiento podría encajar en la figura delictiva de la prevaricación, que es la cometida por una autoridad que –a sabiendas de su injusticia- dicta una resolución arbitraria. De hecho, ya ha sido denunciado por “Manos Limpias” ante el Tribunal Superior de Justicia de la capital por haber incurrido en dicho delito.

Incoherencias en la Comunidad de Madrid

Este conflicto se suma a la situación generalizada de malestar producida por la decisión de la Comunidad de privatizar 6 nuevos hospitales y 27 ambulatorios. La adopción de esta medida y la forma en que se ha llevado a cabo han provocado la rebelión del sector sanitario, que ha realizado varias huelgas generales y numerosas manifestaciones de protesta, a las que se han unido muchos ciudadanos ajenos al sector. No soy experto en la materia y carezco de suficientes conocimiento de causa para pronunciarme a favor o en contra de la privatización de la sanidad, pero no parece lógico que la Comunidad se gaste una millonada en construir hospitales, para luego entregarlos a empresas privadas, que –con toda legitimidad- pretenden obtener un beneficio económico. Por otra parte, la reforma del modelo sanitario se ha efectuado con opacidad, insuficiente fundamento científico y económico, y falta de consulta con expertos en la materia y con los interesados. La Administración tiene fama de mala gestora, pero la solución no radica en quitarle la gestión, sino en mejorarla. Quizás convenga externalizar ciertos servicios –limpieza, lavandería, alimentación, farmacia-, pero manteniendo el carácter público de los servicios médicos. La reacción del sector ha sido, sin embargo, desmesurada. Los afectados están en su derecho de exteriorizar su desacuerdo y formular su protesta, pero jugar con la salud de los ciudadanos y tomarlos como rehenes de sus reivindicaciones no tiene justificación alguna. La gente teme que las empresas beneficiarias de la generosidad de la Comunidad puedan anteponer su objetivo de lucro al bienestar del enfermo, y requerir elevados precios por sus prestaciones. Yo mismo he tenido recientemente una experiencia negativa al respecto. Un nieto que pasaba con nosotros las vacaciones navideñas tenía en el pie una herida infestada que supuraba. Como no habíamos conseguido cita con el pediatra hasta unos días más tarde, acudimos a Urgencias del Hospital Moncloa, que está al lado de casa. El médico de guardia lo examinó durante 5 minutos, le recetó una pomada, dijo que debería verlo un dermatólogo, y por ello nos cobraron 188 euros. ¿Es ésta la privatización que pretenden imponer a los madrileños los Sres.González y Fernádez?. Si tal fuere el caso, ¡que Dios nos libre y nos libere de estos sedicentes liberales!


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