No es peligroso asomarse al Exterior

¿Debe testificar el cónsul rumano en el caso Zougam?

La Juez de Madrid que incoa la querella presentada por Jamal Zougam contra las testigos protegidas rumanas C-65 y J-70 por falso testimonio en el juicio del 11-M ha citado a declarar como testigo a quien era Cónsul de Rumania en Madrid en Abril de 2004. La defensa de las querelladas se ha opuesto a este testimonio con el argumento de que el funcionario consular no estaba obligado a declarar como testigo, de conformidad con el Convenio de Viena de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas.

Cuestionamiento de la condena de Zougam

El 13 de Marzo de 2004, Jamal Zougam fue detenido, junto a su hermano Mohamed Chaoui y su socio Mohamed Bakkali -que fueron  liberados tres meses después por falta de pruebas- por ser propietarios del locutorio que vendió las tarjetas telefónicas utilizadas por los terroristas para activar las bombas en los atentados del 11-M. El 31 de Octubre de 2007 la Audiencia Nacional condenó a Zougam a 42.917 años de cárcel como autor de los atentados, en base al testimonio de tres ciudadanos rumanos –incluidas las citadas C-65 y J-7-, que declararon haberlo visto a bordo de uno de los  trenes , pese a que no se encontró vínculo alguno entre él y los terroristas suicidas, ni se hallaron sus huellas o restos de su ADN en las casas o los vehículos por ellos utilizados. En Julio de 2008, el Tribunal Supremo afirmó que no le correspondía pronunciarse sobre la credibilidad de los testigos y confirmó la sentencia de la Audiencia.

A fines de 2011, periodistas de “El Mundo” realizaron una investigación en Rumania en la que entrevistaron  al testigo R-10 –que no llegó a comparecer en el juicio- y en la que se puso de manifiesto que, el 1 de Abril de 2004, la testigo C-65 fue al parecer  enviada a la policía desde el Consulado de Rumania, donde habían acudido junto con una amiga para cobrar la indemnización ofrecida por el Gobierno de Bucarest. El Consulado denegó la ayuda a la acompañante porque no acredito ser victima en los atentados. Fue entonces cuando ambas –que dijeron viajar juntas en unos de los trenes siniestrados- declararon ante la policía que habían visto en él a una persona a la que identificaron como Zougam. La acompañante de C-65 no era la testigo J-70 que en el juicio dijo que viajaba con aquélla. J-70 había si  rechazada como víctima por el Ministerio del Interior en 2005 y –tras ello- acudió al Juez para reconocer a Zougam como la persona que había visto en el tren de Santa Eugenia, 11 meses después de los atentados y 8 meses después de la declaración de su amiga C-65. Tras la revelación de estos datos, la defensa de Zougam presentó una querella por falso testimonio contra C-65 y J-70. La Juez Belén Sánchez se negó a admitirla por estimar que la condena de Zougam era “cosa juzgada” y no cabía reabrir el proceso. Los abogados apelaron ante la Audiencia Provincial de Madrid, que admitió el recurso y ordenó que se realizaran cuantas diligencias de prueba fueran necesarias para investigar si las testigos “pudieron confabularse con la finalidad de alcanzar ciertos beneficios personales y económicos, faltando a la verdad en las manifestaciones que realizaron en la vista del juicio oral”. Según la Audiencia, “se relatan indicios que bien pudieran avalar razonablemente la versión de la apariencia delictiva de la conducta de las querelladas”.Tras este fallo, la Juez Sánchez ha citado a declarar a Zougam y al Cónsul de Rumania.

Normas internacionales sobre el testimonio de los Cónsules

No sé cuál era la situación del citado Cónsul en 2004, si era un funcionario consular sometido al estatuto consular, o un miembro de la Embajada que ejercía funciones consulares, en cuyo caso conservaría su estatuto diplomático. En el primer caso –de conformidad con el artículo 45 del Convenio de Viena de 1963 sobre Relaciones Consulares-, el funcionario puede ser llamado a comparecer como testigo en procedimientos judiciales y deberá hacerlo, si bien no esta obligado a deponer sobre hechos relacionados con el ejercicio de sus funciones. La autoridad competente deberá evitar que se perturbe al funcionario en el ejercicio de sus funciones, y podrá recibir su testimonio en su domicilio o en la oficina consular o, aceptar su declaración por escrito. Si se niega a testificar no se le podrá aplicar medida coactiva o sanción alguna.

Si se da el segundo supuesto, el Convenio de Viena de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas establece en su artículo 31 que el agente diplomático no está obligado a testificar. Precisamente la delegación española en la Conferencia de Viena presentó una enmienda que preveía que el agente podía negarse a comparecer como testigo, pero no a testificar, lo que debería hacer por conducto de su Gobierno, pero la propuesta  no fue aceptada. Cuando era Embajador ante la ONU en Viena, fue despedido un conductor de la Misión, que recurrió a la jurisdicción laboral austriaca. El Tribunal me citó como testigo y yo –aunque no estaba obligado- testifiqué, previa autorización de mi Gobierno. La Comisión de Derecho Internacional ya afirmó en su Informe de 1958 que el hecho de que un agente diplomático no estuviera obligado a prestar declaración como testigo no significaba que debiera negarse a cooperar con las autoridades del Estado receptor. Antes al contrario, estaba indicado que facilitara a las autoridades la información que poseyera. Los abogados de las querelladas han alegado que si el Cónsul compareciere como testigo podría producirse incluso un incidente diplomático. Nada más lejos de la realidad, pues su testimonio constituiría una muestra de las buenas relaciones existentes entre España y Rumania, y estaría justificado porque podría contribuir al esclarecimiento de la culpabilidad o inocencia de un condenado a la máxima pena.

El beneficio de la duda

Como ha señalado el abogado Endika Zulueta, la prueba nuclear en la que se fundamenta la condena de Zougam es la declaración de las dos testigos rumanas. Ahora se han producido nuevas revelaciones que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento del enjuiciamiento y que, por tanto, no desacreditan en modo alguno las actuaciones de los tribunales que juzgaron o revisaron el juicio, revelaciones que suponen que los testigos habrían faltado a la verdad, y que –de  resultar ello acreditado- podría llevar a una revisión de la sentencia por el TS. Si es malo declarar inocente a un culpable por falta de pruebas, mucho peor sería declarar culpable a un inocente con pruebas obtenidas sin garantía o que no superan la duda racional. Una persona puede pasar 40 años en la cárcel como consecuencia de unas pruebas que podrían ser falsas.

Los hechos denunciados son de tal gravedad que merecen ser investigados exhaustivamente. De aquí la trascendencia del testimonio del Cónsul de Rumania, si con él contribuye a despejar las incógnitas planteadas en la querella contra las dos testigos de cargo. De conformidad con el Derecho Consular o el Diplomático, no hay obstáculo alguno para que el Cónsul en cuestión  testifique. Ignoro si Zougam es el único autor material vivo de los atentados del 11-M. Insiste en su coartada, corroborada   por su hermana Samira, que nunca fue llamada a declarar. La instrucción del proceso y el  desarrollo del juicio no fueron precisamente ejemplares, pues se cometieron importantes irregularidades y numerosas cuestiones esenciales quedaron sin dilucidar. Es  significativo que –pese a los ofrecimientos de las autoridades penitenciarias de mejorar la situación de total aislamiento que padece si acepta su culpabilidad, como han hecho otros condenados- Zougam se haya negado a hacerlo, mantenga con coherencia sus declaraciones y continúe clamando por su inocencia. Una de las grandezas del Estado de Derecho es que permite subsanar en cualquier momento los errores que hayan podido cometer sus órganos.


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