No es peligroso asomarse al Exterior

Ambigüedad socialista sobre la estructura del Estado

El pasado día 7 el expresidente de la Generalitat José Montilla advirtió en el Senado de que, si el Gobierno central seguía con su inmovilismo, podría encontrarse con una declaración unilateral de independencia de Cataluña y preguntó a Mariano Rajoy qué iba a hacer el Gobierno al respecto. La interpelación contenía una considerable dosis de cinismo ya que su partido, el PSC, ha sido uno de los principales responsables de la situación actual, pues fue su predecesor al frente del funesto Gobierno tripartito, Pasqual Maragall, quien levantó la liebre –hasta entonces escondida en la campiña de CIU-, al reclamar una reforma a fondo del Estatuto de Sau, que no había sido requerida por la mayoría del pueblo catalán.

El nefasto compromiso de José Luis Rodríguez Zapatero de aceptar cualquier propuesta que presentara el Parlament fue el detonante que desencadenó un proceso demencial: adopción en 2005 de un Estatuto contrario a la Constitución, rebaja insuficiente de su texto por las Cortes tras un vergonzante acuerdo entre Zapatero y Artur Mas, aprobación en 2006 del Estatuto en referéndum y sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de 2010 que declaró inconstitucionales algunas de sus disposiciones básicas. La situación se agravó con la “huida hacia delante” de CIU y ERC, la connivencia de IU y la complacencia del PSC, que apoyó el “derecho a decidir”.

La ola provocada por el “aprendiz de brujo” Mas creció hasta el punto de escapar a su control: explotación de un sentimiento hostil hacia España por sus agravios a Cataluña, exaltación soberanista en la “Diada” de 2012, adelanto de las elecciones autonómicas con la victoria pírrica de CIU y el reforzamiento de ERC –que pasó a controlar de facto el Govern y a imponer la celebración de un referéndum de autodeterminación-, “cadena humana” pro-independencia en la “Diada” de 2013 y abierta insumisión de la Generalitat frente al Gobierno de la Nación. UPyD puso de manifiesto las ambigüedades e incoherencias del socialismo al presentar el 29 de octubre en las Cortes una moción contra del derecho de Cataluña a decidir sobre su futuro de forma unilateral. Muy a su pesar, el PSOE tuvo que votar a favor, pero el PSC se abstuvo, revelando sus discrepancias con su “hermano mayor”.

Desafortunadas declaraciones de Ramón Jáuregui

En vísperas de la Conferencia Política del PSOE –de la que sus dirigentes excluyeron cuestiones de la estructuración del Estado y del secesionismo catalán-, su experto en temas constitucionales, Ramón Jáuregui, hizo unas disparatadas declaraciones que han mostrado la desorientación de su partido, que ha perdido el norte como fuerza política con proyección nacional. Así, mantuvo que había que reformar la Constitución para acomodar a Cataluña y al País Vasco en España, que se desconocía la diferencia entre “nacionalidad” y “nación” –noción de la que se había hecho “una montaña”-, que las singularidades de algunas CCAA justificaba que se les concedieran distintos grados de competencia, que en las Comunidades con lengua propia las competencias en materia de educación deberían ser exclusivas –en estas cuestiones, señaló, “Cataluña es la que manda”, y reconocerlo solucionaría su “ser y estar” en España-, y que había que recuperar el Estatut tal y como fue votado en referéndum por el pueblo catalán.

Las Constituciones no son intocables y la española –que obtuvo en 1978 un considerable respaldo social, especialmente en Cataluña- puede que necesite la reforma de su título VIII. La solución federal es tan legítima como la autonómica, la unitaria o la confederal, pero la difusa propuesta socialista parece poco viable tanto por razones de forma como de fondo. De un lado, carece del requerido apoyo para sustituir a un texto que fue adoptado casi por consenso y el PSOE ni siquiera ha tratado de negociar su eventual modificación con el partido del Gobierno, como lo hizo con el artículo 135 para introducir el principio de estabilidad financiera. De otro, no ha explicitado el contenido de su mágica fórmula federal, que, si tuviera el carácter igualitario propio de este sistema respecto a las competencias de los Estados federados y a los derechos de los ciudadanos, sería rechazada por los nacionalismos por insuficiente.

Como Rajoy ha afirmado –por una vez- con claridad y contundencia, reformar la Constitución para satisfacer las demandas del independentismo catalán sería un enorme error en el que no pensaba incurrir, pues no se podían modificar sus artículos 1 y 2, que consagran la unidad indivisible de la nación y la residencia de la soberanía nacional en el conjunto del pueblo español.

Trivialización del concepto de “nación”

Siguiendo la tesis de Rodríguez Zapatero –que en 2004 pontificó que el término nación era “discutible y discutido en la teoría política”-, Jáuregui ha preguntado si hay alguien que sepa la diferencia entre “nación” y “nacionalidad” y la respuesta es afirmativa. Cualquier persona medianamente informada sabe que el término “nacionalidades” fue introducido por CIU para distinguir a las CCAA históricas de las demás regiones que integran la “nación” española. Según el TC, la Constitución sólo reconoce a la Nación española y semejante término no puede referirse a otro conjunto que no sea el pueblo español, por lo que no cabe equiparar las nacionalidades con la Nación, “patria común e indivisible de todos los españoles” –incluidos los catalanes-, cuya unidad es indisoluble.

Cataluña está perfectamente acomodada en España gracias a la Carta Magna, que reconoce los “hechos diferenciales” de las CCAA y les concede competencias especiales en las materias en las que existe una auténtica singularidad, que para el Tribunal son las que tienen relación con el derecho civil, la lengua y la cultura, la proyección de éstas en el ámbito de la educación y los sistemas institucionales propios.

Concederles competencia exclusiva en materia de educación y política lingüística no está justificado, porque el abuso de ésta –como ocurre en Cataluña- priva a los altres españoles de derechos fundamentales como el de la escolarización en castellano. Pese a que la Ley Orgánica de Educación de 2006 establece que el Estado deberá velar por el cumplimiento de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos en materia educativa y lingüística, y de las reiteradas sentencias del Tribunal Supremo y del TC, la Generalitat se ha declarado insumisa al cumplimiento de las leyes de España y de las decisiones de sus tribunales en la materia. Aún menos sentido tendría otorgar a unas CCAA sí y a otras no competencias exclusivas en materias como finanzas, fiscalidad, aduanas, justicia, seguridad social u orden público.

Necesidad de defender la unidad de España

También se equivoca Jáuregui cuando defiende que se debe recuperar el Estatut que fue votado por los catalanes, porque el TC marcó unas “líneas rojas” que no pueden ser traspasadas. Dicho Estatuto no es compatible con la solución federal propuesta por el PSOE, pues parte de la premisa de que Cataluña es una nación que ejerce su derecho inalienable al autogobierno por medio de instituciones propias, y goza de competencias exclusivas basadas en los derechos  históricos del pueblo catalán, en el que reside la soberanía.

Semejante texto llevaría, en el mejor de los casos, a una confederación de naciones en la que España y Cataluña estarían situadas en pie de igualdad. De forma bien distinta se ha expresado la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, al afirmar que los socialistas defienden la unidad de España, que “nadie nos echará de la defensa de la Constitución”, y que “no nos podemos permitir que el PSOE cree desconcierto”. ¡Así sea! El partido debe recapacitar, abandonar su ambigüedad y sus veleidades nacionalistas, volver a ser la gran fuerza de centro-izquierda que contribuya a una ordenada alternancia de poder en España -libre de las hipotecas y los chantajes de los nacionalismos disgregadores-, y actuar de consuno con el Gobierno para hacer frente al reto del secesionismo. Asimismo convendría que tuviera en cuenta la sabia máxima ignaciana que recomienda, “en tiempos de adversidad, no hacer mudanza”.    


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