OPINIÓN

¿Ha de ser democrática la ciencia?

Someter a votación los hechos científicos no tiene sentido, pero sí deben ser sometidos a debate público cuáles son los usos que han de darse a esos conocimientos y tecnologías. El autor profundiza en el debate surgido a raíz de la intención de algunos grupos políticos de decidir por mayoría posturas sobre medicina y salud pública. 

Hay grupos que apoyan la adopción de medidas que prescinden completamente de las pruebas científicas en ámbitos en los que tales pruebas ofrecen resultados inequívocos y han permitido alcanzar conclusiones firmes. En sentido opuesto, también se apoyan actuaciones basadas en los supuestos efectos negativos de alguna tecnología, aunque no haya pruebas que respalden la existencia de dichos efectos. Y los grupos políticos -unos de forma más clara que otros- tienden a adoptar las posturas que saben o sospechan tendrán más respaldo por parte de sus votantes potenciales, con independencia de sus fundamentos objetivos.

“Hay muchos asuntos opinables y algunos de ellos han de ser objeto de decisión política”

Sin embargo, la pretensión de hacer depender del juego democrático la decisión de apoyar o no propuestas sin base científica alguna en ámbitos en los que la ciencia ha alcanzado conclusiones firmes suele ser descalificada diciendo que los asuntos científicos no son opinables, que la ciencia no es democrática, o que las leyes de Maxwell no se votan. Pero resulta que las cosas suelen ser algo más difusas, porque hay muchos asuntos opinables y algunos de ellos han de ser objeto de decisión política y, por lo tanto, sometidos a votación. Otra cosa es que algunos pensamos que los criterios científicos han de tener mucha importancia en la toma de decisiones como, de hecho, debería tenerla el conocimiento experto (el de verdad) con carácter general.

Las leyes y teorías científicas firmemente establecidas no son materia acerca de cuya validez pueda opinarse salvo, por supuesto, que se ofrezcan pruebas que permita refutarlas. Sería un despropósito pretender someter a voto su corrección. En esta categoría se encuentran enunciados tales como las leyes del movimiento de Newton, las leyes de Maxwell, las teorías especial y general de la relatividad, de Einstein, o la teoría de la evolución por selección natural de Darwin y Wallace. Son sólo unos pocos ejemplos. Pretender votar sobre estas cosas sería una soberana estupidez, de igual forma que lo es sostener que esas leyes y teorías son meras narrativas al servicio de una ideología o del poder.

“Pretender votar las leyes de Newton sería una soberana estupidez”

Hay hechos que están bien establecidos y que admiten poca o ninguna discusión. Por ejemplo, que la inmunidad para ciertos patógenos puede inducirse mediante vacunas, o que las ondas electromagnéticas de longitud superior a la de la luz visible no alteran los enlaces moleculares son hechos acerca de los cuales no hay discusión científica. En otros casos lo que ocurre es que no hay prueba ninguna de la existencia de ciertas relaciones causales ni base teórica sobre la que efectos tales pudieran sustentarse; un ejemplo claro de esto es el de los supuestos daños que algunos atribuyen a las plantas transgénicas para quienes las consumen.

Y luego hay asuntos acerca de los cuales hay pruebas fragmentarias, fuertes indicios, datos estadísticos que apuntan en una dirección, pero acerca de los cuales no es posible establecer una relación causal firme. Algunas áreas de ciencias de la salud y de la alimentación se encuentran en este grupo, porque suele ser difícil contar con suficiente número de datos que cumplan las debidas condiciones para su uso a la hora de extraer conclusiones definitivas. Pero incluso aunque haya incertidumbre, nada de lo expuesto hasta aquí debería ser susceptible de ser votado -incluso aunque no tengamos certeza acerca de la existencia de relaciones causales entre hechos o entre variables- porque lo lógico es que se diriman en el terreno científico.

Por último, hay materias sometidas a debate entre especialistas: valga como ejemplo el uso de la fractura hidráulica (el conocido como ‘fracking’) para extraer hidrocarburos gaseosos del subsuelo y sus potenciales efectos contaminantes o su retorno energético. Éstas son materias opinables porque no se puede hablar de hechos firmemente establecidos. Aunque, como es lógico, hay opiniones más autorizadas que otras.

El uso que se haga del conocimiento científico es lo que debe ser sometido a votación

Ahora bien, lo que sin duda sí es opinable y, por supuesto, votable, es el uso que ha de hacerse del conocimiento científico y de la tecnología de que disponemos, o lo que es lo mismo, si deben promoverse o, al contrario, limitarse o prohibirse determinadas prácticas, métodos de producción, alimentos, fármacos o cualquier otro producto o proceso por el hecho de que tengan una sólida base científica o carezcan de tal base. Y también han de ser opinables y, si es el caso, votables, las políticas de la ciencia, esto es, las herramientas de gestión de la actividad científica pública, el apoyo económico que se le presta, y la orientación temática (o ausencia de la misma) que se da a la investigación científica. Porque las decisiones de carácter público que afectan al conjunto de la sociedad han de someterse a la consideración de la ciudadanía. No me interesa distinguir aquí si eso ha de hacerse de forma directa o a través de sus representantes políticos; al respecto, me parecen pertinentes las consideraciones que hace José Luis Ferreira en relación con la arquitectura institucional para la toma de decisiones en un sistema democrático.

Las decisiones relativas al uso de la ciencia o a la política científica han de ser decididas en el terreno de la política porque la voluntad de la gente ha de estar por encima de lo que una élite de especialistas pueda dictaminar. Al fin y al cabo, en las cuestiones que son materia de debate público, a los criterios científicos suelen acompañar elementos de otro carácter, como intereses, preferencias, valores contrapuestos, etc. Y la valoración conjunta de esos elementos entra dentro de la esfera política. Para muchas personas y organizaciones el criterio científico es, como mucho, uno más, y para otras personas -y quizás organizaciones- es fundamental. Ambas actitudes son legítimas, aunque quien suscribe prefiera que la ciencia sea un elemento básico en la toma de decisiones en aquellos casos en que tenga algo que decir. Los ciudadanos somos los que debemos elegir entre unas y otras opciones, y en la balanza, para algunos al menos, está el grado de importancia que, con carácter general, se da a la ciencia en sus planteamientos (he desarrollado esta idea de forma más extensa aquí).

La ciencia es el sistema de generación de conocimiento más fiable que tenemos

En cualquier caso, este es un terreno en el que la prudencia es fundamental. En general la ciencia merece amplio crédito, pero no hay que olvidar que en el pasado se ha invocado como justificación de verdaderas aberraciones. Los escándalos eugenésicos o la epidemia de tumores producidos en el siglo pasado en los Estados Unidos por consumir o manipular productos radiactivos cuyas supuestas virtudes se habían ensalzado previamente, son dos magníficos ejemplos que aconsejan prudencia. Y no son los únicos. Porque la ciencia es el sistema de generación de conocimiento más fiable que tenemos, pero opera en escalar temporales distintas a las de la política.

Concluyo: someter a votación la validez de hechos científicos bien establecidos sería una soberana estupidez, pero votar para decidir qué uso hacemos de esos hechos y cómo organizamos la actividad científica, no sólo no es estúpido, sino que es inteligente y democráticamente impecable, aunque no nos guste lo que resulte de esa votación.

* Juan Ignacio Pérez es catedrático de Fisiología de la Universidad del País Vasco y colaborador de Next.


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