Mi pequeño Salottino

Sobre la simplificación administrativa

El pasado lunes se celebró en la Facultad de Derecho de Granada un interesante seminario que organizó la profesora Torres López y que contó con la presencia de Fabrizio Fracchia, docente de la prestigiosa Universidad Bocconi de Milán.

El interés de las exposiciones giró fundamentalmente sobre cuestiones relacionadas con la regulación medioambiental, el cambiante e incierto marco normativo de las energías renovables y también sobre la simplificación administrativa. Un tema, este último, que por el impacto que puede tener para mejorar las condiciones de acceso y desarrollo de muchas actividades económicas, se considera prioritario desde hace tiempo desde instancias nacionales y europeas.

El profesor F. Fracchia apuntó en su intervención algunas alternativas que pueden utilizarse para racionalizar el sistema administrativo y contribuir a esa labor de simplificación: a) Eliminación directa de organismos; algo que en Italia suele identificarse con «liberalización» y que no es precisamente una medida pacífica b) Modificación de los procedimientos autorizatorios para agilizarlos y cambiar el tradicional sistema del control previo en aquellos casos que no sea verdaderamente necesario; y también, c) La exploración e incorporación progresiva de instrumentos de mercado en algunos sectores como en su día se hizo con el Protocolo de Kyoto para intentar organizar una cuestión contaminante compleja como eran las emisiones de gas efecto invernadero.

Es evidente que aunque sea más por obligación que por convicción, la simplificación administrativa ocupa y ocupará parte importante de la agenda política en lo sucesivo y habrá que ver en qué se va concretando exactamente ese proceso que nuestras autoridades han anunciado en varias ocasiones. Si estamos ante algo realmente novedoso y ambicioso, o los esfuerzos se agotan en la concentración de organismos reguladores, en la adopción de medidas fácilmente adulterables por las unidades administrativas correspondientes y la inevitable y ordenada liquidación del entramado público empresarial.

La intervención administrativa, como los impuestos

Nunca he sido un gran entusiasta de los anuncios de simplificación administrativa porque creo que la intervención administrativa ha transcurrido en nuestra cultura de forma paralela a la evolución de las medidas impositivas. Siempre en trayectoria ascendente. Si los poderes públicos han demostrado una especial habilidad en las últimas décadas, esa ha sido precisamente su capacidad para encontrar motivos y razones que justifiquen su presencia en la vida de las personas y también para convencernos de la necesidad del aumento de tasas, impuestos, contribuciones especiales y todo tipo gravámenes fiscales. Incluso cuando se usan para combatir tensiones inflacionistas, una vez que éstas se disipan, allí se quedan los niveles impositivos o se rebajan y compensan seguidamente con otras medidas.

Ni que decir tiene, además, que esa creciente intervención administrativa en todos los órdenes de la vida está directamente relacionada con la escasa confianza de ciudadanía y los poderes públicos en una sociedad abierta, una economía competitiva y no parcialmente planificada. Nuestra sociedad dista mucho de ese modelo de sociedad y por eso, como advertía L. Thurow, a la primera señal de problemas, cada cual corre en busca de protección gubernamental. Y cuantas más instancias gubernamentales existan, más se favorece esa mentalidad. Unas Administraciones o reglamentaciones nos llevan a otras y éstas terminan llevándonos a otras cuando aparecen nuevas circunstancias o cambian las condiciones, planteando siempre la eliminación de ciertas reglamentaciones o estructuras administrativas el doloroso tema de las pérdidas económicas para alguien. Es decir, un conflicto.

Es así como en la mayoría de las ocasiones, los anuncios de simplificación administrativa terminan convirtiéndose más en un deseo que en una realidad verificable. Algo que irrita a quienes son conscientes de la imperiosa necesidad de reducir los trámites administrativos y la burocracia, menguar el peso de la Administración en la sociedad para estimular la economía y facilitar también la vida a las personas. Pero el galimatías administrativo y competencial creado es de tal magnitud, que cualquier intento de desmontarlo irá siempre aparejado de unas resistencias formidables. La barrera cultural erigida es ya directamente proporcional al daño realizado a la propia sociedad; irreparable para millones de personas. Muchos de los cuales, curiosamente, ya ni siquiera ven en las Administraciones una opción en quien socorrerse porque saben que en realidad son ellas las que se socorren a sí mismas.

En resumen

En el plano teórico hay que admitir que es muy seductor el discurso de la simplificación administrativa, pero no estamos en absoluto ante una tarea sencilla. Acometer un proceso de simplificación administrativa serio y profundo requiere asumir conflictos que no siempre se está dispuesto a afrontar. Sólo hace falta mencionar el manido tema del Estado Autonómico, su sostenibilidad o insostenibilidad, o la irrupción de ámbitos especialmente delicados como la protección medioambiental, que como se sostuvo en el seminario referido, emergen como «excepción de la excepción», como factor que justificaría el reforzamiento de las potestades y requerimientos de control, complicando así en algunos casos ese proceso de simplificación por la omnipresencia de cuestiones medioambientales en nuestra sociedad.

Hay quien incluso va mucho más allá de esto, sosteniendo que en realidad el papeleo, la burocracia y los misterios inter-administrativos son consustanciales al modelo de Administración, al del empleo público y también al propio sistema político que hemos creado. Un singular laberinto en el que se puede ramificar la toma de decisiones hasta el infinito, complicarlas cuando por alguna razón interese complicarlas, y sin olvidar tampoco la tendencia y preferencia consciente y deliberada a difuminar la responsabilidad.

Twitter: @JJGAlonso


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