Mi pequeño Salottino

Los protocolos lingüísticos catalanes

Hace unos días conocimos otro movimiento interesante de los planificadores lingüísticos catalanes. Se trata de la edición de un nuevo Protocolo para el ámbito sanitario en el que se insta a los facultativos a expresarse sólo en catalán, entre ellos y también con los pacientes. Se sostiene, además, que el personal sanitario no actúa a título personal, sino que representa a la institución, cuyas normas deben respetarse. (time lapse)

Siguiendo una línea argumentativa que seguramente suscribirían protagonistas de episodios históricos muy oscuros, el Director de Salud en Tarragona, Josep Mercadé, defiende el engendro alegando que «toda organización tiene la necesidad de definir cómo debe gestionar su comunicación y establecer unas normas con las que regirse». Se justificaría así que a un marroquí se le hable catalán aunque el facultativo conozca el francés, y lo propio con un ciudadano británico o italiano. También, claro está, en casos de lengua común como sucede con los hispanoamericanos o los ciudadanos del resto de España. Para los planificadores lo importante no es tanto el individuo al cual se atiende, los conocimientos lingüísticos y normas de educación del facultativo, sus opciones personales incluso en el ámbito profesional, sino «la pretendida identidad colectiva» y las directrices institucionales por ellos establecidas.

Ha llovido mucho desde que Antonio de Nebrija y Thomas Jefferson, en circunstancias y lugares muy distantes entre sí, advirtieran que no existe mejor elemento de unión entre los hombres que la lengua. Los planificadores lingüísticos en Cataluña – y también en otros lugares - han tomado conciencia de ello y saben que el proceso de desafección territorial que patrocinan necesita violentar de un modo u otro la convivencia lingüística (y no solo la lingüística) y establecer una supremacía interesada por su previsible efecto acelerador en la hoja de ruta marcada.

Ante semejante programa es inevitable que aparezcan reacciones. Las políticas restrictivas de las libertades individuales siempre han provocado un particular debate entre quienes se sienten violentados y quienes cometen la tropelía bajo el paraguas del regulador. Los primeros se encuentran siempre muy limitados, ciertamente indefensos; mientras que los segundos optan por seguir su senda y negar enfáticamente la existencia de conflicto alguno. Oficialmente no hay conflicto ni tensión, pero los diarios oficiales se llenan de disposiciones que se debaten entre la cosmética y la sofística para menguar las opciones individuales de cada cual. Tampoco se espera gran cosa de las organizaciones colectivas, que hoy se deben más a los cauces de financiación que a sus fines sociales. El programa transformador sigue su cauce y ya se encargan ellos de exorcizar a quienes recelan o emiten alguna duda.

La novedad de los protocolos

Se trata de una inquietante tendencia en nuestro país. Estos protocolos proliferan desde hace un tiempo por ámbitos tan variopintos como el farmacéutico, el sanitario, la seguridad, o incluso en cuestiones relacionadas con la fauna, etc. En muchas ocasiones aparecen con sospechosas intenciones. La idea básica es utilizarlos para violentar también las propias determinaciones legales, convirtiéndose así en una especie de sucedáneo normativo donde incluir reglas de dudosa legalidad y/o constitucionalidad.

No es descabellado pensar que determinadas Administraciones y despachos de ingeniería jurídico-social recurren hoy a la figura de los protocolos para disponer reglas de conducta de obligado cumplimiento e introducir así cuestionables disposiciones que además les sirven para la arenga política. Y ya sabe Ud., si le parece mal o considera que vulneran algún derecho individual, galimatías administrativo en vía de recurso primero, retrato y aquelarre mediático después, y fatigosa espera judicial en caso de que tenga la valentía de acudir a un juzgado cuyas resoluciones se incumplirán sin que pase nada. Juegan con ventaja y lo saben.

El triunfo de la autocensura

Llama la atención que sean tan escasos los pronunciamientos y denuncias desde el mundo académico, judicial, universitario, artístico y también político, ante lo que sucede con los programas lingüísticos desplegados en nuestro país.

El tema hay que admitir que es claramente espinoso. Parece claro que muchos han optado por evitar pronunciarse públicamente porque piensan que pueden verse perjudicados en sus expectativas institucionales o carreras profesionales. Otros optan por alinearse a ciertas tesis por las dádivas que los planificadores pueden procurarles, mientras que otros parecen optar por el silencio absoluto, no vaya ser que alguna tacha de recusación les caiga algún día encima. También existen los que callan porque en sus genes no parece estar el compromiso con las libertades y los derechos individuales.

Es cierto, no obstante, que existen colectivos minoritarios e iniciativas individuales y familiares muy nobles que con gran dignidad siguen afrontando las continuas afrentas de los planificadores. Ellos suelen pedir algo tan elemental como un verdadero respeto a la variedad que se pregona y el cumplimiento de ciertas sentencias judiciales, pero conviene recordar en este punto a B. Pérez Galdós, que ya nos advirtió que «La condenada Administración es una hi de mala hembra con la que no se puede tener trato sin deshonrarse… Pero los que tienen hijos, amigo Argüelles, ¿qué han de hacer sino prostituirse?» Y en esto precisamente estamos, sólo que la prostitución ante los poderes públicos contemporáneos ya no se explica exclusivamente por la presencia de hijos, sino por otros muchos intereses espurios. En esto, digamos que las autoridades catalanas son más españolas que ninguna otra.

En conclusión

Los movimientos antidemocráticos que realizan los gobernantes, decía K. Popper que siempre son mucho más serios y peligrosos que los movimientos similares realizados por los gobernados. Además, cuando son los antidemocráticos quienes ostentan el control de las instituciones es complicado combatir esos movimientos en nombre del sistema representativo. Para entonces, la política, la ideología y la servidumbre lo ha invadido todo. Desde los colegios hasta los centros hospitalarios, pasando por las Universidades, la magistratura y también el deporte. Una nueva clase, nutrida de gardingos chocarreros asciende con frenesí y consigue copar todos los ámbitos de decisión y creación de opinión.

El sistema democrático demuestra así que no solamente es el principal aliado del «Rule of Law» como mecanismo para asegurar la convivencia pacífica. El pasado y el presente nos demuestran que siempre quedan recovecos para que los planificadores lo conviertan incluso en factor de riesgo. Quienes alcanzan la supremacía electoral se proyectan entonces hacia una supremacía más global; los derechos individuales acaban sometiéndose a objetivos colectivos, quedan al albur de las decisiones de los planificadores y las tendencias autoritarias aparecen incluso revestidas de legitimidad democrática.

Es posible que como consecuencia de estas reflexiones me gane abundantes críticos e incluso me cuelguen algún sambenito, pero no pierdan el tiempo, yo sólo soy un muchacho sin importancia colectiva, exactamente lo que se diría un individuo (L.F. Cèline).


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