Mi pequeño Salottino

Los protocolos lingüísticos catalanes (II)

En nuestro artículo de la semana pasada preveíamos que los planificadores catalanes se apresurarían a negar la existencia de conflicto alguno o imposiciones lingüísticas en el ámbito sanitario. Otras organizaciones sociales y/o profesionales se han manifestado estos días en la misma dirección y el debate se ha ido apagando progresivamente. No obstante, conviene que veamos algunas de las determinaciones establecidas y que cada cual concluya lo que considere oportuno.

a) El texto incorpora la conocida consigna de que el catalán es «la lengua propia» de Cataluña, por lo que todo el sector público debe usarla de manera general en las comunicaciones orales.

b) Esta lengua debe ser la lengua de comunicación entre el personal, por teléfono, megafonía, en las reuniones de trabajo y especialmente delante de los usuarios.

c) Además, tanto si la conversación la inicia un usuario como un trabajador, se mantendrá en catalán, independientemente de la lengua que use el interlocutor y sólo en caso de que el usuario manifieste dificultades se atenderá en castellano.

d) La documentación interna de todo tipo debe ser en catalán,

e) La adquisición de material de ofimática debe hacerse preferentemente de aquellos programas que estén en catalán.

Suficiente para entender que el texto, más que persuasivo respecto del uso del catalán, digamos que es claramente coactivo, aunque hay que aceptar también que resultará muy embriagador para muchos. La percepción dependerá de la sensibilidad de cada cual, del grado de ideologización o incluso del modo en que se gane uno la vida, porque quienes viven de las políticas lingüísticas estarán realmente orgullosos de la criatura.

En cualquier caso, los planificadores lingüísticos catalanes no tendrán empacho en mantener que así se diseña un marco comunicacional que refleja y atiende fielmente la pluralidad idiomática que existe en Cataluña, dejando incluso un amplio margen a la libertad de cada uno. Alguien se preguntará por las consecuencias jurídicas – y no jurídicas - en caso de no atender esas disposiciones y pensará también que el panfleto tal vez podría reducirse a una cláusula tipo parecida a: «es obligatorio usar el catalán en todo caso y sólo en caso fuerza mayor recurran a otras opciones». El problema es que si se simplifica el movimiento de este modo, entonces no sería necesario disponer de una costosa y generosa estructura administrativa a modo de think tank lingüístico. Es necesario proseguir con la alquimia normativa y la algarabía política.

De la idea despótica al método despótico

Quienes poco o nada tengan que ver con los bucaneros que ocupan – y han ocupado – ciertas instituciones políticas, académicas y judiciales, comprenderán que a diferencia de lo que pretenden hacer creer, «los territorios no tienen lenguas propias o impropias» y las lenguas no pueden situarse en una posición similar a la de los titulares de derechos subjetivos. La determinación y reconocimiento de una lengua como «propia» no hace sino estimular la percepción de otra como «impropia», es decir, como ajena. Esto es parte de la estrategia de estos planificadores junto con la introducción del engendro de la «lengua vehicular». Neologismos sobre los que gravita toda la línea de acción de los planificadores y sobre el que se ha construido todo un entramado jurídico-lingüístico.

Pocos son quienes alertan y censuran semejantes iniciativas, sobre todo una vez que han sido aceptadas por ciertas instancias, pero téngase en cuenta que vivimos en un país donde a fuerza de propaganda, dádivas y financiaciones cruzadas de todo tipo, ya se sostiene incluso que la Constitución dice lo que no dice y que no dice lo que dice, así que poco o nada se puede esperar. De esto saben bastante los planificadores contemporáneos y también muchos académicos repartidos por todo el territorio nacional. Pero como sabiamente advirtió R. Rocker «no se puede honradamente defender la libertad cuando en realidad se aspira a imponer (o justificar) la tiranía». Efectivamente, al despotismo del método le corresponde siempre el despotismo de la idea.

Así las cosas, más allá del ropaje, velo democrático o la ingeniería jurídica con la que se intentan revestir determinados movimientos que acaban incluso sedimentando como consecuencia de singulares ecuaciones derealpolitik local, los observadores asépticos no podemos sino concluir que sólo a una organización real o potencialmente tiránica se le ocurre establecer Protocolos como el de referencia e incluso contar con un organismos de «Política Lingüística» y crear «Bibliotecas de política lingüística».

Nótese a este respecto que en la creación de cualquier organización administrativa se presupone siempre una necesidad para el cumplimiento de los fines que la justifican, con el riesgo que algunas ocasiones ello conlleva. La Inquisición, por ejemplo, necesitaba herejes para el cumplimiento de sus fines, pero cuando se acabaron los herejes entonces hubo que crearlos porque de otro modo la organización se extinguiría.

Conclusiones

Más allá de estos movimientos y también de las bibliografía que han ido elaborando los nuevos planificadores y sus gregarios de dentro y fuera de Cataluña, es evidente que cualquier persona sincera que aborde la situación actual y las causas que la han originado, comprenderá que las maniobras y esfuerzos realizados entorno a conceptos ciertamente restrictivos de las libertades individuales, quebrantan y ponen en cuarentena la fuerza de los discursos de autogobierno que todos hemos apoyado en algún momento, favoreciendo además la reacción de mayor o menor intensidad por parte de los agraviados. Por eso conviene recordar y hacer énfasis, otra vez, en que los movimientos antidemocráticos que realizan los gobernantes siempre son mucho más serios y peligrosos que los movimientos similares realizados por los gobernados.

El saldo de estos movimientos es bastante inquietante desde el punto de vista de la adulteración de las reglas de convivencia básicas y de las libertades individuales. Habrá quienes se sientan directamente agraviados y quienes estén confusos, como Marlon Brando en la inolvidable cinta «El Baile de los Malditos». Unos y otros deben entender que el cuestionamiento de determinadas reglamentaciones es un corolario de la fuerza de los derechos individuales y que practicar la insensibilidad ante directrices políticas que pretenden sacrificar las opciones individuales ante ideales colectivos, le hacen a uno acreedor del noble título de ciudadano.


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