Mi pequeño Salottino

Las preferentes sí son una estafa; todo es una estafa

Decía ayer el Fiscal General del Estado que es «difícil» aceptar que hubo un negocio de estafa en la comercialización de las participaciones preferentes y hacía especial hincapié en la relación jurídico-privada entre comercializadores bancarios y suscriptores para, finalmente, sugerir un desenlace meramente civil de la cuestión.

No seré yo quien desdiga al ínclito fiscal ni tampoco quien entre en los pormenores del tipo penal mencionado. Si concurren los elementos objetivos y subjetivos del mismo e incluso si se dan en este caso los criterios jurisprudenciales que se han ido elaborando a lo largo de estos años. Les reconozco, eso sí, que personalmente me gusta y me convence la definición de la RAE: Delito consistente en provocar un perjuicio patrimonial a alguien mediante engaño y con ánimo de lucro. A partir de aquí, lo que ustedes quieran; ya saben que los juristas y legisladores nos dedicamos especialmente a prostituir el lenguaje común, claro y normalmente más inteligible e inteligente, para al final acabar complicándole la vida a los ciudadanos.

Además, en un país como el nuestro no tiene sentido realizar esfuerzos intelectuales al respecto e incluso publicar extensos y documentados artículos críticos en revistas especializadas. Como ya he advertido en este blog en varias ocasiones, la comercialización de preferentes se enmarca dentro de un cuadro de acción diseñado al más alto nivel del Estado - del todo inconfesable, mucho menos aceptable - y que hemos venido a denominar «técnicas de corralito». Y en buena lógica, como sabe el fiscal - y si no lo sabe peor para él -, este tipo de estrategias escapan, por supuesto, a los criterios jurídicos interpretativos ordinarios que han sido diseñados por el legislador para el común vulgo. Así que no pierdan el tiempo en intentar convencer o aclararle al fiscal de que tal vez podríamos estar ante el ámbito objetivo del artículo 248 y siguientes del Código Penal. Cualquier esfuerzo será estéril.

El verdadero mecanismo de funcionamiento de la Administración

Cuenta Tocqueville que un sobrestante de obras públicas fue demandado por un labriego a quien había maltratado y del cual había abusado durante tiempo. Entonces, el Consejo administrativo correspondiente avocó el asunto siguiendo el informe confidencial del ingeniero jefe, que decía: «en realidad el sobrestante merece castigo, pero no se puede dejar que el asunto siga su curso porque es de la mayor importancia que la justicia ordinaria no atienda ni juzgue las demandas de los trabajadores contra los sobrestantes. Si el ejemplo cundiese, los trabajos se verían perturbados por continuos procesos suscitados por la animosidad pública contra los funcionarios»

En nuestro país, la Administración (inclúyase en el concepto todos y cada uno de los rincones de alcance político) y el tejido financiero han sido y siguen siendo la misma cosa a pesar de los recientes desencuentros que han amenazado con una revolucionaria quiebra del tradicional equilibrio de lealtades y favores. Equilibrio que, dicho sea de paso, se intentará enmendar como buenamente puedan con el FROB, que para eso está, para ejercer de sottogoverno a partir de ahora. Aquí lo importante es estar ligado a la Administración como sea, incluso por el más leve hilo, porque de este modo uno puede no tener nada que temer de nadie que no sea la propia Administración. Entendiendo esto, lo demás, todo sin excepción, es facilísimo de entender y de ahí los jeroglíficos argumentativos que se escuchan y leen desde distintas instancias cuando de participaciones preferentes hablamos. Como de otras muchas cosas.

Estas afirmaciones es posible que causen espasmo a algún lector, pero les sugiero con toda franqueza que se desengañen cuanto antes, porque por más que insistan y quieran edulcorarlo, esto no es ninguna novedad. Como nos advertía el sabio aristócrata francés, no fueron los principios de 1789 en materia de Administración pública los que triunfaron en ese proceso y tampoco después de él, sino los principios del Antiguo Régimen, que siguen hoy completamente vigentes por mucho que afamados tratadistas nos hayan intentado convencer de lo contrario. Por eso mismo hasta un humilde profesor de Derecho administrativo como es uno, que debe en teoría adoctrinar al personal en las bondades del sistema público, queda expuesto a fuertes contradicciones en su quehacer diario, como si estuviese inmerso en la fabulosa obra «El hombre que fue Jueves», de G.K Chesterton. Ya no sabe uno si trabaja o debe trabajar para la institucionalidad o, por el contrario, para la anarquía. Piensen que hasta la anarquía necesita de una organización.

En definitiva, estimados lectores, no olviden nunca que este es el tipo de sociedad en la que ustedes viven y por eso mismo no me voy a cansar nunca de recomendarles que se protejan, que huyan de la propaganda e incluso pongan en cuarentena las opiniones de esas personas colgadas de alguna de las múltiples Administraciones existentes, aparentemente doctas, honestas, honorables e incluso sinceras.


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