Mi pequeño Salottino

El poder de mentir

El 19 de abril de 1774, Edmund Burke intervino en la British House of Commons y defendió su discurso «On American Taxation». En aquella histórica disertación, Burke recordó que «la libertad británica se fundó sobre la base del principio de que el pueblo debe tener el poder de conceder su propio dinero al gobierno», pero como no se le hizo mucho caso, poco después vino la Declaración de Independencia norteamericana.

El historiador W. Elliot Brownlee destaca en sus trabajos que una vez independizados de Gran Bretaña, en las sucesivas crisis que han afectado a Norteamérica siempre ha cobrado especial importancia el tema de la fiscalidad. Durante el siglo XVIII, la crisis constitucional derivó en una intensificación de los poderes fiscales del gobierno, en el siglo XIX fue la Guerra Civil la que provocó el establecimiento de unos altísimos aranceles, mientras que durante el siglo XX, la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión que sucedió al Crack del 29 y la Segunda Guerra Mundial, no hicieron sino aumentar el poder fiscal de los gobiernos para aumentar los ingresos y, en definitiva, condicionar también los comportamientos de los ciudadanos mediante las políticas y potestades tributarias. Es así como en el mundo anglosajón, y particularmente en Estados Unidos, surgía con fuerza una cuestión de debate que no ha cesado desde entonces, una cuestión que siempre ha llamado la atención de pensadores ilustres por sus importantísimas implicaciones y que ha terminado por exportarse al resto del mundo.

La necesidad de los tributos, su utilidad, así como las tensiones, problemas y efectos que produce un exceso impositivo o una mala fiscalidad, tanto en el funcionamiento del mercado, como en la propiedad y libertad de los individuos, es cierto que son temas ya tratados en La riqueza de las naciones, de Adam Smith (1776), pero durante el siglo XIX y a lo largo de todo el siglo XX, en los florecientes Estados Unidos de América, única gran nación del mundo donde se han defendido con ahínco los derechos de los individuos frente a los derechos del Estado, se ha desarrollado un extraordinario trabajo de depuración teórica y también jurisprudencial, respecto de los límites de la potestad tributaria de los gobiernos y su impacto en nuestras vidas. De hecho, la semana pasada nos referíamos al asunto McCulloch v. Maryland (1819) y al juez John Marshall para recordar «el poder de destruir» que suele implicar determinados movimientos impositivos, pero no menos atención merecen otros casos como Railroad Commission (1886), Hatch v. Reardon (1907), Flint v. Stone Tracy Co.(1911), United States v. Doremus (1919), United States v. Consantin(1928), Magnano Co. v. Hamilton (1934),  Panhandle Oil co. v. State of Mississipp (1928) o, finalmente, entre otros muchos, United Status v. La Franca(1931). Todos ellos son supuestos de extraordinaria relevancia, algunos cobran hoy gran actualidad como consecuencia de ciertos comportamientos de nuestras autoridades, ilustrando sobre los peligros, riesgos y excesos que entraña el ejercicio de las potestades tributarias, la necesidad de esforzarse en establecer sus límites, no solamente por la injerencia en los derechos individuales las personas, sino también por su potencial nocividad desde el punto de vista económico.

Mala fiscalidad y mala calidad democrática: vivir en el engaño

Una mala fiscalidad, un sistema que maltrata a las clases productoras, con tendencia confiscatoria o abiertamente confiscatorio, al igual que sucede con un mal sistema representativo, nos adentra tarde o temprano en escenarios conflictivos y/o poco equitativos. Una mala fiscalidad desactiva la generación de riqueza y provoca que los ciudadanos huyan o se refugien masivamente en la economía sumergida, del mismo modo que un mal sistema representativo desactiva la voluntad de personas capaces para participar en las funciones representativas o incorporarse a las instituciones, condenando a la sociedad a una compleja espiral de mediocridad y corrupción de la que no es sencillo salir. La fiscalidad y la calidad democrática están tan relacionadas con el desarrollo y el progreso de las sociedades, como lo pueden estar con la libertad y la igualdad real, de ahí que preguntarse por la calidad democrática nos obliga a preguntarnos también por la fiscalidad. Esto es algo que EdmundBurke, por ejemplo, parecía tenerlo claro, pero por alguna extraña razón, a menudo, el celo con el que se analiza la primera cuestión, no aparece en la segunda.

En este sentido, nuestro país no goza ni de buena tradición ni tampoco de buena reputación al respecto. A Stuart Mill, que no entendía que los españoles prefirieran pagar elevados impuestos para sostener un número elevado de empleados públicos, hay que añadir que el propio Adam Smith ya citaba a España como ejemplo de nación que acudía frecuentemente a impuestos inconvenientes en circunstancias adversas. Siglos después, resulta muy llamativo que a pesar del escarnio tributario que se cierne sobre nuestro país desde hace ya demasiado tiempo, en realidad poco o nada suceda, salvo el ruido sin eco institucional de ningún tipo de los principales afectados. Y si bien se podría pensar que se trata de un fenómeno imputable a múltiples factores, parece que los principales serían la capacidad de las autoridades y chamanes sociales para hacer creer a la gente que la solución a nuestros problemas pasa siempre por apuntalar a la Administración, por incrementar las obligaciones tributarias de las denominadas «grandes fortunas» y también por destinar ingentes recursos a la llamada «lucha contra el fraude fiscal». Esta es la línea de acción en la que parece ser que estamos instalados, gobierne quien gobierne.

La pregunta que debemos hacernos es si esto es correcto, que parece que no lo es; también cuáles son sus implicaciones y si hay alternativa posible. Es entonces, cuando nos hacemos estas preguntas, cuando uno comprende que toda esta línea de acción en realidad se encuentra muy arraigada en amplios sectores de nuestra sociedad, sin que importe demasiado que no sea rigurosa, que esté fundamentada en la mentira o en la manipulación. En el fondo, ilustra sobre ese sutil «poder de la mentira». Un recurso sistemático en la gestión de los asuntos públicos, que sobre la base de esas potestades tributarias, se sostiene y despliega, y que como sostenía William Graham Sumner ya en 1883 (Lo que las clases sociales se deben unas a otras, Unión Editorial, 2014), permite que quienes ostentan el poder político o al poder político aspiran, puedan vivir lujosamente a costa del esfuerzo de otros.

El mismo William G. Sumner nos advierte de que si antaño el Estado era un barbero, un violinista o una mujer, en nuestros días, el Estado es un funcionario del cual depende por obligación un gran funcionario o un conjunto de funcionarios. Para tomar conciencia de esto último y entender cómo funciona y se desarrolla contemporáneamente ese poder de la mentira, tal vez sólo haya que prestar atención a las dos afirmaciones políticas que considero más importantes de los últimos años y tal vez de las últimas décadas. La primera, enunciada con ocasión del anuncio de la supuesta reforma de la Administración pública: «Esta es una reforma de la Administración, desde la Administración y para la Administración»; y la segunda, manifestada recientemente por esa especie de Robespierre impositivo con ocasión del anuncio de la oferta de empleo público para dotar a la Agencia Tributaria de más efectivos: «la crisis no debe suponer descapitalizar al Estado, lo que sería un error tremendo, sobre todo teniendo en cuenta la alta cualificación de la Función Pública española».

Son dos fijaciones que nos ayudan a entender que estamos instalados en el Imperio de la Administración, que es hoy el guardián y protector de determinadas clases. Las mismas clases que alimenta, promueve, promociona, protege y ayuda a reproducirse. Es en la Administración donde localizamos la esencia misma del fenómeno de la corrupción, que se eleva o desciende, según se mire, al sistema representativo en su conjunto, sin que exista esperanza alguna de que algo cambie sustancialmente. Porque en un momento en el que las mejores reformas que se podrían impulsar deberían ser aquellas que tienden a deshacer el trabajo desarrollado por los estatistas del pasado, comprobamos con pavor que la mayoría de las reformas están encaminadas a no cambiar prácticamente nada y a implantar una especie de régimen de terror fiscalque siga contribuyendo al sostenimiento del statu quo. Como siempre ha sucedido, poco o nada se dice sobre los verdaderos males sociales que nos azotan, resultado todos ellos de los apaños, líos e incompetencias de los chamanes de la economía política, la fiscalidad, el derecho y demás ciencias sociales. 


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