Mi pequeño Salottino

El poder de destruir

En la sentencia McCulloch v. Maryland, de 1819, el juez John James Marshall, seguramente sobre la base de una cita previa de Daniel Webster, nos legó una de las reflexiones más interesantes que el mundo del derecho ha conocido en los últimos siglos: «The power to tax involves the power to destroy». Es decir, el poder impositivo implica o conlleva el poder de destruir. Y si bien es cierto que aquella afirmación estaba contextualizada en un asunto en el que un señor llamado McCulloch, que era cajero de un banco, se negaba a pagar el impuesto sobre la emisión de moneda, y su resistencia acabó provocando que la Corte Suprema norteamericana tuviera que pronunciarse sobre la delimitación de los poderes constitucionales del gobierno, la expresión de Marshall ha trascendido al caso y desde entonces se ha planteado frecuentemente en otros litigios, así como en numerosos trabajos relacionados con los límites del gobierno federal, el sistema impositivo en general, su relación e impacto en lapropiedad, la libertad, y en última instancia, respecto del tamaño de la Administración pública y su injerencia en nuestras vidas.

La declaración del juez Marshall, hay que decir no obstante que fue matizada en otras sentencias posteriores, siendo una de las más destacables contestaciones, la efectuada por el juez Oliver WendellHolmes, que en el asunto Panhandle Oil Co. v. Mississippi,  de 1928, afirmó que: «The power to tax is not the power to destroy, while this Court sits», es decir, que «el poder impositivo no implica o el poder de destruir mientras este tribunal se reúna». Desde entonces ha sido muy recurrente esta polémica para delimitar, como se decía, los contornos del poder gubernamental y también declarar el carácter confiscatorio, o no, de algunos impuestos; e incluso para pronunciarse sobre la no consideración de algunas medidas fiscales como verdaderos impuestos. De hecho, en esa línea se ha intentado refutar también la opinión de Marshall, afirmándose que el poder impositivo no puede suponer un poder de destrucción porque la destrucción de la cosa o actividad sujeta a tributación, conlleva igualmente la destrucción de la recaudación, y la recaudación es el principal objetivo de todo impuesto. Una conclusión que obviamente debemos poner en cuarentena, puesto que nada garantiza, como exigía Thomas Jefferson, que el gobierno sea sabio y frugal, evite que los hombres se dañen los unos a los otros y no termine quitándoles de la boca el pan que ellos mismos se han ganado. El tiempo nos ha demostrado que el gobierno puede convertirse precisamente en todo lo contrario y so pretexto de aumentar la recaudación, conseguir disminuirla, destrozar sectores económicos e incluso empujar a miles de personas a la economía sumergida.

Por tanto, el planteamiento del juez Marshall, es decir, la potencial capacidad destructiva del poder impositivo de los gobiernos, matices y otros detalles jurídicos al margen, sigue teniendo absoluta vigencia y nos evoca, otra vez, el problema de los impuestos confiscatorios que ya abordamos en el artículo poder de confiscar, su impacto en la posición jurídica de los ciudadanos y las distorsiones que en las libertades económicas genera, ya que la posibilidad de que los gobiernos, mediante el ejercicio de sus competencias fiscales, puedan destruir una determinada actividad, ni es una fantasía ni tampoco un recurso literario de los adscritos a una determinada corriente de pensamiento, sino que es algo real, que ya ha sucedido en numerosas ocasiones, que fue apuntado también en su día por el juez Cardozo en la sentencia Fox v. Standard Oil Co, de 1935, y que en la actualidad sigue sucediendo sin que exista una reacción potente frente a ello, ni por parte de la sociedad en general, ni tampoco por parte de quienes se sitúan en una posición que tal vez les permitiría cierta beligerancia ante el fenómeno.

Es precisamente por esto por lo que en el próximo artículo nos proponemos analizar cómo el poder impositivo afecta notabilísimamente a la actividad económica en general, también a algunos sectores en particular; refiriéndonos asimismo a los motivos por los cuales creo que esa reacción ciudadana ante el expolio tributario es tenue, por no decir casi inexistente.


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