Mi pequeño Salottino

El poder de confiscar

Hace unos días se publicó el informe sobre la reforma fiscal que nos cambiará la vida a todos y que tanto protagonismo y momentos de onanismo académico-profesional procurará a expertos, entendidos y demás fauna. En su presentación, entre otras muchas cosas, el señor ManuelLagares, con naturalidad y convicción, afirmaba que no es razonable que el Estado pueda llegar a quedarse con más del 50% de los ingresos de una persona vía Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), por lo que debemos inferir que se estaba deslizando la idea de que un gravamen superior debe considerarse confiscatorio y, consecuentemente, contrario a la prohibición contenida en el artículo 31 de la Constitución de 1978.

La confiscatoriedad fiscal es una curiosa cuestión de estudio porque, a pesar de que no se le presta mucha atención, ya está muy manida. ¿Cómo se explica esto o qué queremos decir? Básicamente, que sabemos que da igual todo lo que se diga al respecto y que lo único que se puede hacer es ruido y vender humo, ya que el artículo 31 de la Constitución es seguramente uno de los preceptos más inútiles de toda la galaxia normativa, y por esto mismo nadie se detiene ya a perder el tiempo en relación al  carácter confiscatorio del sistema tributario en general o de un impuesto en particular, conscientes todos de que nada cambiará sustancialmente. Es algo que se reconfirma si tenemos en cuenta que el propio Tribunal Constitucional ha dejado claro, especialmente en sus Sentencias 150/1990 y 14/1998, que no sabe qué decir al respecto, limitándose a manifestar que: «el sistema fiscal tendría efecto confiscatorio cuando, mediante la aplicación de las diversas figuras tributarias vigentes, se llegara a privar al sujeto pasivo de sus rentas y propiedades», y que «sería confiscatorio un IRPF cuya progresividad alcanzara un tipo medio de gravamen del 100% de la renta». Con semejante esfuerzo mental e interpretativo, ni que decir tiene que nuestros gobernantes pueden en realidad hacer, y de hecho vienen haciéndolo, lo que les venga en gana, a pesar de que es cierto que hoy día es recurrente citar la Sentencia del Tribunal Constitucional Alemán de 22 de junio de 1995, que sugirió unos límites en lo que a tipos de gravamen se refiere, fijándose que una carga tributaria sobre el patrimonio no puede exceder del 50%, al vincular la capacidad impositiva con el derecho de propiedad, concluyendo además, que el uso de la propiedad sirve por igual al beneficio privado y al interés nacional.

En Francia, por su parte, la cosa se ha puesto mucho más seria estos últimos años como consecuencia del delirio fiscal en el que parece haber entrado el país vecino. De ahí que el Consejo Constitucional haya tenido que pronunciarse varias veces recientemente en relación a algunas medidas adoptadas. Así, en su Decisión número 2012/662, de 29 de diciembre de 2012, tuvo que dictaminar que el artículo 3 de la Ley de Presupuestos era contrario a la prohibición de confiscatoriedad porque introducía un nuevo tramo marginal del 45% para rentas superiores a 150.000 euros, pero que en algunos casos elevaba el gravamen final hasta un 75,3%. No se consideró excesivo el tipo del 45%, pero sí el gravamen global del 75,3%. Al año siguiente se adoptó la Decisión 2013/684, de 29 de diciembre de 2013, que declaraba inconstitucional también el artículo 43 de la Ley que modificaba los Presupuestos Generales y que establecía un gravamen del 75% para los rendimientos de capital de cuentas de contribuyentes localizadas en Estados «no cooperadores», es decir, los denominados paraísos fiscales, ya que el tipo medio de gravamen podía elevarse en algunos supuestos hasta, atención, el 90,5%. A juicio del Consejo Constitucional francés, este nivel no solamente es excesivo desde el punto de vista de la capacidad contributiva, sino también contrario al principio de igualdad de los ciudadanos ante su deber de contribuir a las cargas públicas. Pero deténganse a pensar a qué niveles de voracidad recaudatoria hemos tenido que llegar para que se disparen las alarmas y se plantee la cuestión de la confiscatoriedad.


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