Mi pequeño Salottino

El dictamen del BCE sobre las limitaciones de pagos en efectivo

El pasado 8 de mayo, el Banco Central Europeo despachó un breve informe a requerimiento del Ministerio de Hacienda sobre las limitaciones de pagos en efectivo contenidas en esa norma de asfixiante nombre: Anteproyecto de ley de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.

Este tipo de limitaciones se encuentran ya vigentes en Italia so pretexto de luchar contra la economía sumergida como apuntamos en VOZPOPULI a principios de febrero cuando advertimos que se agravaba la situación. Es cierto, no obstante, que el ex–presidente Sarkozy disponía desde 2009 de un informe que aconsejaba algunas prohibiciones para determinados de pagos en efectivo. Aquél informe, además, contenía propuestas sobre transparencia en relación a las operaciones de entidades financieras en paraísos fiscales, pero este tema quedó aparcado y no sabemos si el nuevo inquilino del Palacio del Elíseo lo recuperará con renovada energía.

En cualquier caso, en lo que a nosotros interesa, el proyecto de ley que cocina el Ministerio contiene limitaciones de uso de capital efectivo para determinadas transacciones económicas cuando una de las partes sea empresario o profesional. De momento, el límite se establece en 2.500 euros, pero se eleva a 15.000 euros cuando el pagador sea una persona física que justifique que no tiene su domicilio fiscal en España y no actúe en calidad de empresario o profesional. Determinaciones que el sindicato de técnicos de Hacienda (GESTHA) se ha apresurado a criticar, pidiendo rebajar el primer umbral a 1.000 euros y manifestando que el límite de 15.000 euros previsto para personas no residentes es excesivamente generoso. A su modo de ver, un límite tan amplio favorece el blanqueo de capitales de quien compra y la evasión de quien vende.

Criterio del Banco Central Europeo

El  BCE, por su parte, para dar cobertura a la medida dice; a) existen otros medios legales para la liquidación de deudas monetarias en España además del efectivo; y b) el objeto del anteproyecto de ley, la lucha contra el fraude fiscal, puede considerarse como un motivo de interés público que prevalece sobre el efecto de las limitaciones a los pagos en efectivo. No obstante, para curarse en salud, el informe que firma Mario Dragui indica al Ministerio que las limitaciones a los pagos en efectivo deben ser proporcionales a los objetivos perseguidos y no deben exceder de lo estrictamente necesario para conseguir dichos objetivos. Añadiendo, además, que los posibles efectos de las limitaciones propuestas deben ponderarse cuidadosamente frente a los beneficios públicos que se espera obtener de las restricciones, debiendo las autoridades competentes garantizar que los efectos de dichas medidas no excedan de lo estrictamente necesario para alcanzar el objetivo de luchar contra el fraude fiscal.

¿Qué es proporcional y qué no es proporcional?

El denominado «juicio de proporcionalidad» es ya un clásico en nuestro Derecho y desde hace tiempo existen interesantes trabajos y depuradas sentencias judiciales al respecto, pero por mucho que nos empeñemos en ofrecer y exigir criterios de proporcionalidad que modulen las actuaciones de los poderes públicos respecto de los derechos y libertades de los ciudadanos, lo cierto es que en las actuales circunstancias y en este ámbito en concreto, hablar o exigir proporcionalidad seguramente sea como hablar de peteneras o tarantas. El ejecutivo ha decidido que esas restricciones son proporcionadas y nada ni nadie lo va a poner en duda por considerarse incluso por la opinión pública como algo «justo» al enmarcarse en el ámbito de la lucha contra el fraude y ordenar la economía sumergida. Esto no significa que renunciemos a ver si el texto definitivo establece con claridad esos «objetivos»a los que se refiere el BCE y también si la propuesta facilita material suficiente para hacer el correspondiente juicio de ponderación sin dar por válidas las estipulaciones. La lucha contra el fraude no puede ser un título omnímodo que justifique cualquier tipo de actuación

Así, a este respecto, el anteproyecto contiene alguna disposición que no parece ni «proporcional», ni sensata ni razonable. Me refiero a lo dispuesto en el artículo 6. Dos. 6, que exonera de responsabilidad a la parte de la operación que denuncie ante Hacienda dentro de los tres meses siguientes a la fecha del pago efectuado en incumplimiento de esta limitación. Indicando expresamente en la denuncia la operación realizada, su importe y la identidad de la otra parte interviniente. Dice la norma que la denuncia que pudiera presentarse con posterioridad por la otra parte interviniente se entenderá por no presentada.

Sinceramente, no sé en qué estaría pensando el autor intelectual de esta disposición y si la ha copiado de alguna otra norma europea, pero su ingenio para adelantar escenarios conflictivos y animar el enfrentamiento entre quienes se arriesgan a situarse al margen de la legalidad en este ámbito queda fuera de toda duda. Honestamente, no parece de recibo que desde los poderes públicos, que desde el legislador mismo, se llegue a un punto tal en el que «alguien» podría fomentar la conducta tipificada y seguidamente quedar exonerado por apresurarse a denunciarle ante Hacienda.

Además, el hecho de que la sanción consista en multa pecuniaria proporcional del 25 por ciento de la cuantía pagada en efectivo, por mucho que los técnicos de Hacienda digan otra cosa, resulta igualmente excesivo y nada «proporcional». Ese importe parece más una medida destinada a cumplir una función de disuasión que a seguir parámetros de proporcionalidad entre la comisión de una infracción administrativa y su correspondiente consecuencia jurídica. Sería deseable, aunque no resulta esperable, que esto se modifique en el trámite legislativo.

Twitter: @JJGAlonso


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