Mi pequeño Salottino

Una colmena administrativa

La Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, se refirió a los puestos de trabajo adscritos a funcionarios en su artículo 20. Allí se decía que dichos puestos se proveerán de acuerdo con el procedimiento delconcurso y el procedimiento de lalibre designación, que se recogía en el apartado 1º, letra c), el cual mencionaba las convocatorias para la provisión de puestos por libre designación, convocatorias en las que se deben incluir la denominación del puesto, el nivel y localización del mismo, los requisitos indispensables para desempeñarlo, así como la referencia al plazo de quince días hábiles para la presentación de solicitudes y el informe previo del titular del centro, organismo o unidad a que figure adscrito el puesto convocado. 

La Disposición DerogatoriaÚnica de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básicodel Empleado Público, derogó numerosas disposiciones de la citada Ley 30/1984, de 2 de agosto, y entre sus derogaciones se encontraba la del artículo 20.1, a) b) párrafo primero, c), e) y g) en sus párrafos primero a cuarto (sic), e i). Así, como consecuencia de aquella derogación, nos quedamos sin una norma clara al respecto, ya que no se había aprobado paralelamente una “Ley de Función Pública de la Administración General del Estado” (cuyo último anuncio se remonta a 2013) o algo parecido. Precisamente por este motivo, imaginamos que muy poco después de la aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público, se aprobó la Resolución 21 junio 2007, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se publicaban las Instrucciones,de 5 de junio de 2007, para la aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público en el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos (BOE de 23 junio). 

No es nada complicado entrever en las normas – también en la ausencia de normas - la reserva de privilegios que de un modo u otro siempre se guarda la política

Esta Resolución de la SecretaríaGeneralpara la AdministraciónPública, decidió que continuarían vigentes los procedimientos de provisión de puestos, es decir, los regulados en la parcialmente derogada Ley 30/1984 y en el Real Decreto 364/1995, debiéndose tener en cuenta que en el concurso de provisión de puestos de trabajo de personal funcionario de carrera, la composición de los órganos colegiados de carácter técnico encargados de la valoración de los méritos y capacidades y, en su caso, aptitudes de los candidatos, respondería al principio de profesionalidad y especialización de sus miembros, adecuándose la misma al criterio de paridad entre mujer y hombre. Asimismo, se mantenía el requisito de permanencia mínima en cada puesto de trabajo de destino definitivo de dos años para poder participar en los concursos de provisión, salvo las excepciones previstas en la normativa de función pública vigente, mientras que, por otro lado, en relación al cese en puestos de libre designación, supresión y remoción de puestos obtenidos por concurso, continuarían vigentes las reglas sobre asignación de puestos de trabajo en los supuestos de cese, supresión o remoción de los puestos, contenidos en el Reglamento General de Ingreso, Provisión de puestos y Promoción profesional y enla Resolución de 15 de febrero de 1996. 

De este modo, ya entrados en 2015, es frecuente encontrar en el BOE algunas órdenes ministeriales que, previo cumplimiento de la tramitación que exige el artículo 54 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado, y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, dan publicidad a las convocatorias de provisión de plazas de provisión por el sistema de libre designación de puestos de trabajo. Es el caso de algunos misteriosos y esquivos ministerios, en los que, como es sabido en algunos círculos muy reducidos, la provisión de estas plazas es constantemente un quebradero de cabeza por los agravios y tensiones que generan.

En cualquier caso, lo cierto es que no parece que nada haya cambiado a mejor, ni  tampoco que vaya a cambiar. De hecho, cuando se aprobó el Estatuto Básico del Empleado Público, muchos pensaron ingenua y erróneamente, que a nuestro país llegaba un sistema equitativo de derechos y obligaciones para todos los trabajadores al servicio de las Administraciones públicas. Eso no es así, seguramente ni siquiera puede ser así, porque si somos sinceros, no es nada complicado entrever en las normas – también en la ausencia de normas - la reserva de privilegios que de un modo u otro siempre se guarda la (para)política. De hecho, el legislador de 2007, como el anterior, el de ahora y el de mañana, seguirá manteniendo a buen resguardo una potente discrecionalidad en relación a la provisión de los puestos de trabajo. En el caso concreto de 2007, es claro que hay quien opina incluso que, sobre la base del artículo 80 del Estatuto Básico del Empleado Público, lo que en verdad se hace es aumentar el grado de discrecionalidad política en la cobertura de los puestos de trabajo del personal funcionario, como de hecho así parece evidente.

En el sistema de libre designación por tanto la clave es la discrecionalidad. Sedice también que la responsabilidad y la confianza. Conceptos que uno no sabe bien qué significan exactamente y qué alcance real tienen

En el sistema de libre designación por tanto la clave es la discrecionalidad. Sedice también que la responsabilidad y la confianza. Conceptos que uno no sabe bien qué significan exactamente y qué alcance real tienen, polémicos también, y que nuestros juzgados y tribunales han ido afrontando conforme se les ha ido presentando la ocasión. Es el caso, por ejemplo, de la Sentencia delTribunal Superior de Justicia de Galicia, de 30 de octubre del 2013, que aborda la temática y señala, valientemente, que la confianza no puede ser el único o principal elemento caracterizador de los puestos reservados a los funcionarios de carreraque tienen establecido el sistema de provisión mediante la libre designación, pues ello resulta contrario al principio de profesionalización proclamado por nuestro ordenamiento jurídico. Algo que parece tener todo su sentido.

Por su parte, el propio Tribunal Supremo viene reiterando también desde hace tiempo que «en el procedimiento de libre designación rigen los principios de mérito y capacidad», añadiendo que la institución que recurre a la designación debe motivar debidamente en un informe la aptitud profesional, ya que es el artículo 54.1.f) de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el que impone la necesidad de motivar, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, todos los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales; recordando en su párrafo segundo la análoga exigencia para los actos que ponen fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva, ya que si no quedan acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopta, de conformidad con el artículo 63.2 dela Ley 30/1992 mencionada, se podría entender una falta de motivación que en última instancia podría conllevar la anulación del propio acto.

En conclusión

Todo lo expuesto es evidente que tiene algunos matices, y opiniones sobre los procedimientos de provisión de plazas en nuestro sistema habrá para todos los gustos. Yo les reconozco que el alcance de la crítica que se pueda hacer es más bien limitado, porque poco o nada sucederá para mejorar las corruptelas que permanentemente se producen en nuestra Administración pública en el ámbito de la provisión de plazas. La nuestra es una Administración en la que los profesionales dela Administraciónsiempre obtienen ventaja de las influencias que van desarrollando con el paso del tiempo, con una terrible tendencia al alineamiento político y/o sindical; mientras que los servidores públicos honestos y trabajadores, los independientes, rara vez la obtienen. Y más rara vez se sublevan contra ellas, conscientes de que en su rebeldía pueden verse también mermadas sus expectativas presentes y futuras. 

Quienes me siguen en este espacio desde hace ya tiempo, seguramente saben que personalmente considero que el epicentro de todos los males - o casi todos - que azotan a nuestra sociedad, se ubica en la Administraciónpública. Ese lugar que, como sostenía BenitoPérez Galdós, se parece a una colmena. Una colmena en la que se trabaja (aunque no siempre), se critica, se intriga, se maquina contra el contribuyente, y pocas veces se hace algo claro para beneficio del ciudadano o en busca del bien común. La Administración es pues, una ciudad más que visita el diablo o un infierno, como el que Dante recorriera de la mano del buen Virgilio, según reza, con buen criterio, la propia introducción de MIAU (Editorial Cátedra, 2000).


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