Mi pequeño Salottino

Las autoridades gibraltareñas, como Shell en África

Los abogados del despacho británico Leigh Day & Co presentaron el 23 de marzo de 2012 una importante demanda en la High Court of Justice de Londres contra el gigante petrolífero Royal Dutch Shell Group en representación de más de diez mil miembros de la población de Bodo; una comunidad de nativos compuesta por más de 50.000 personas repartidas en unas 35 poblaciones alrededor del delta del río Níger (Nigeria) que desde hace décadas ha estado expuesta a numerosos abusos por parte de compañías petrolíferas, y muy especialmente de la mercantil anglo-holandesa Shell.

La acción judicial, que tuvo en su momento un notable eco mediático, se interpuso como consecuencia de los daños ambientales ocasionados en el hábitat de esta población por vertidos continuados sin autorización de la petrolera, y de modo particular, por dos que tuvieron lugar a lo largo de 2008. El impacto de aquellos vertidos quedó determinado en un informe ambiental fechado en septiembre de 2009, aunque luego se supo que el daño había sido muy superior al que se pensaba en un principio, acreditándose igualmente el nexo causal entre los vertidos efectuados y la reducción drástica del número de peces en los caladeros en los que faenaban aquellos pobladores nigerianos desde hacía siglos.

En agosto de 2011 la compañía admitió su responsabilidad por los vertidos que ya eran conocidos, públicos y notorios, que además venían produciéndose como consecuencia de la sorprendente y sospechosa inacción (o no) de las autoridades nigerianas, y por la falta de modernización o instalación de mejoras de seguridad en los equipamientos. En cualquier caso, los expertos han certificado a lo largo de este tiempo que el origen de la devastación del medio físico en el que se desenvolvían los miembros de la comunidad de Bodo y la merma de su principal fuente de manutención - los recursos pesqueros y agrícolas – está directamente relacionado con aquellos vertidos.

Las acciones judiciales como único recurso

Después de infructíferas actuaciones e iniciativas judiciales y extra-judiciales en Nigeria, así como de numerosas negociaciones entre los representantes de la comunidad de Bodo y la compañía Shell, los representantes de los pobladores afectados decidieron el año pasado interponer una acción judicial en la que se solicitaba la recuperación ambiental de las zonas perjudicadas y una cifra multimillonaria por los daños ocasionados. Los abogados de Leigh Day & Co manifestaron entonces que ante la desidia de autoridades y empresa, la única alternativa de que disponían los afectados para restaurar el daño ambiental y conseguir alguna recompensa por los daños ocasionados por los vertidos, era iniciar acciones legales de conformidad con lo dispuesto tanto en las normas nigerianas como en las propias británicas, una vez reconocida la jurisdicción británica para conocer de la causa.

Debe tenerse en cuenta, además, que los propios organismos de Naciones Unidas confirmaron, a través del United Nation Environmental Assessment of Ogoniland (2011), tanto la realidad de los vertidos como los efectos nocivos de los mismos en la salud de los pobladores y en el propio medio ambiente, siendo especialmente destacable la reflexión que el letrado que representa a los nativos en esta causa pronunció al momento de interponer la acción: «It is hard to believe that Shell would have acted in this way if a spill had occurred in any of their other pipelines on other continents. I have little doubt that in the minds of the Shell executives there is one law for Africa and another law for the rest of the world».

La reciente querella contra las autoridades gibraltareñas

La semana pasada, una modestísima asociación civil que no recibe ni ha recibido nunca ayuda pública de ningún tipo, y que tampoco tiene vinculación política de ninguna índole, de conformidad con lo dispuesto en la normativa nacional e internacional, ha presentado una acción penal contra las autoridades gibraltareñas como consecuencia de los vertidos de hormigón realizados en aguas españolas, supuestamente, por indicación de éstas.

Es cierto que una semanas antes el gobierno central había advertido a la fiscalía de los vertidos, informando que, según comunicaban los pescadores de la Bahía de Algeciras, el mismo había afectado a la totalidad de las modalidades y especies habituales de la flota de Algeciras y La Línea, sosteniendo también que ese vertido imposibilita el desarrollo de la actividad marisquera, dificultando igualmente la pesca de cerco. Se trata de unos hechos que hay que corroborar cuanto antes y exigir responsabilidades a los culpables con independencia del estatuto político de que se trate.

Parafraseando al letrado británico que se ocupa de la causa contra Shell, el abogado Martyn Day, creemos que resulta inadmisible que algunos pretendan hacernos creer que determinadas normas jurídicas y procedimientos, rigen y resultan exigibles en virtud de no se sabe exactamente qué y según quién. La acción penal iniciada por el Club de la Constitución y las que en su momento puedan interponerse para aclarar los hechos acaecidos con ocasión de los vertidos por todos conocidos, así como para depurar posibles responsabilidades, deberían por tanto evacuarse con absoluto rigor y seriedad. De lo contrario, el sistema, la Administración de justicia y los propios poderes públicos, quedarían en muy mal lugar. 


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