Mi pequeño Salottino

Un asunto tenebroso

El título de este artículo coincide intencionadamente con la estupenda novela de Honoré de Balzac, de 1841. Una obra que casualmente se solapó en el tiempo con Los asesinatos de la calle Morgue, de E. Alan Poe, y que daba comienzo al género policíaco. El autor nos relata allí unos sucesos en los que nadie sabe exactamente qué ha sucedido y nadie puede ayudar tampoco a los inocentes. El mal vence entre la penumbra, el anonimato, el desconcierto, la confusión y el malestar. Algo que sólo se explica porque los convictos son precisamente los policías y porque son los «altos intereses políticos» los que estaban en juego.

Algo parecido está sucediendo en nuestro país desde hace ya algunos años como venimos intentando describir en este espacio mediante el análisis de determinados pasajes, recurriendo también a normativas y reglamentaciones como claves interpretativas. Una de las más importantes es sin duda la denominada «reforma financiera». Un proceso que se integra ya por disposiciones, actos, directrices y decisiones, que no tienen porqué materializarse necesariamente en normas o reglamentaciones y que van más allá de las medidas estrictamente bancarias o crediticias publicadas en el diario oficial. Así es como precisamente se ha ido conformando una especie de ordenamiento jurídico, contable y político propio, que sólo se entiende desde esa perspectiva de los «altos intereses políticos» tratada también por Balzac.

El penúltimo pasaje de la trama se ha concretado con el Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y resolución de entidades de crédito. Una norma que como ya se ha comentado desde diferentes instancias, da rienda suelta a una estrategia de planificación del mercado financiero - inmobiliario para intentar apuntalar nuestro pertrecho sistema financiero y dar salida el gigantesco stock de viviendas y solares de los balances. El texto, leído con atención, presenta una inquietante similitud con informes de auditoría o due dilligence. Algo que nos ilustra perfectamente sobre el modo de legislar actual y la posición que ocupa el sistema representativo y parlamentario en nuestras vidas. Por eso no hay que ser Bartolo o Baldo para comprender que el Real Decreto - Ley constituye un nuevo producto en el que confluyen elementos de informes de auditoría, normas y reglamentaciones precedentes, material explicativo de agentes externos y algo de fantasía política en su parte explicativa para intentar convencer a la gente de que «esto lo que hay que hacer».

Los deberes de secreto y la necesaria opacidad

Pero más allá de la discutible técnica legislativa empleada o las dudas sobre la eficacia de la opción adoptada por los planificadores, interesa llamar la atención sobre los deberes de secreto incorporados y el mecanismo de opacidad a la hora de adoptar unas decisiones. Unas decisiones que serán, de lejos, las más importantes de la reciente historia administrativa de nuestro país y de las que en cierto modo dependen muchas cosas que nos afectan directamente a todos.

Así, el artículo 57, copiando la normativa reguladora del Banco de España, establece que los datos, documentos e informaciones que obren en poder del FROB en virtud de las funciones que le encomienda el Real Decreto-Ley, tienen carácter reservado. Con algunas excepciones, muy pocas, no podrán ser divulgados a ninguna persona o autoridad, ni utilizados con finalidades distintas de aquellas para las que fueron obtenidos. Las autoridades y personas que reciban información del FROB, auditores de cuentas, asesores legales y demás expertos independientes que puedan ser designados por el FROB, quedarán también obligadas a guardar secreto.

Es curiosamente el «interés general» lo que justifica ese especial régimen de opacidad, pero alguien se preguntará que la hoja de ruta afecta de un modo u otro a los ahorros de millones de personas y también condiciona la toma de decisiones de decenas de miles de inversores, por lo que cabe preguntarse si resulta convincente el argumento. Alguien podrá decir, eso sí, que la transparencia y publicidad de las actuaciones no están ausentes en el diseño. Reza el artículo 54 del Real Decreto-Ley, que se prevé un sistema de control parlamentario, que copia nuevamente el modelo previsto para el Banco de España y que todos sabemos que no sirve absolutamente para nada. Y seguidamente, al artículo 67 le han otorgado el título de «publicidad», si bien es cierto que poco o nada se aporta realmente con dicha disposición.

El resultado es un frustrante producto normativo que no solamente atribuye un extraordinario y exorbitante poder a los nuevos jefes de la Administración financiera y bancaria nacional, sino un cómodo ámbito de opacidad y discrecionalidad para hacer y deshacer, sin que el resto de los mortales tengamos acceso más que a la información que ellos mismos deseen suministrarnos o acuerden con sus pares parlamentarios.

En conclusión

La lógica de la tenebrosidad exige la presencia de lobos, que como se dice en la novela citada hoy aquí, siempre andan por donde hay borregos. En lo sucesivo, el dinero que llegará por mecanismos de rescate diseñados por Bruselas se encaminará a desarrollar o consolidar artilugios ya establecidos dentro de las propias instancias nacionales. Pasamos así de una situación en la que todo el mundo andaba haciendo negocios sin dinero y los poderes públicos extendían sus prebendas y coberturas varias también a crédito, a un nuevo contexto en el que se pretende solucionar el entuerto con tiempo, misterios administrativos y, sobre todo, más deuda que habrá que descargar algún día sobre alguien. Y todo esto, en medio de un enjambre de disposiciones, conceptos y estratagemas, cuyo resultado es claramente incierto, pero permite un interesante margen de maniobra de disposición de recursos a beneficio de inventario.

Como sucede en Un asunto tenebroso, el enigma de la trama en ciernes, tengan por seguro que terminará adquiriendo secretas resonancias inconfensables. La verdad también ha llegado demasiado tarde aquí.


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