Mi pequeño Salottino

Reformas y reglamentaciones que crean puestos de trabajo

Uno de los grandes errores de la acción pública en materia económica lo constituye la creencia de que mediante ciertas reformas y leyes se pueden crear directamente puestos de trabajo. Bien sea en un contexto de crecimiento económico, lo cual sirve fundamentalmente para expandir la red clientelar de los poderes públicos, bien sea en circunstancias de especial necesidad como consecuencia de un (in)esperado aumento del desempleo. Es decir, pensar que las Administraciones públicas, directa o indirectamente, pueden sustituir al empleador natural en una economía de mercado, que no son otros que los autónomos y PYMES.

Efectivamente, en cuanto las cifras de desempleo se desbocan, los gobiernos se ponen electoralmente nerviosos y la demanda de ciertos sectores dentro y fuera de los gobiernos para que las Administraciones sustituyan de una u otra manera a las empresas como empleadores, se activa sin que lamentablemente haya nada que pueda evitarlo. Al poco tiempo de la constatación del aumento del desempleo aparecen abundantes programas promovidos desde múltiples instancias públicas, todos muy bien dotados económicamente y que suelen concebirse con carácter temporal, para directa o indirectamente «crear o mantener puestos de trabajo». Cualquiera de ustedes está en condiciones de identificar algún ejemplo puesto que en los últimos años en nuestro país hemos sido especialmente prolíficos a este respecto. Incluso cuando el desempleo no era si quiera un problema acuciante.

De este modo, los programas destinados a crear empleo aumentan en cuanto los despachos ministeriales o de las respectivas consejerías reciben las órdenes pertinentes. Los programas se publican en los diarios oficiales y se traducen, normalmente, en un aumento del gasto público. Financiar este tipo de programas supone básicamente crear o mantener una serie de puestos de trabajo en ámbitos que los gobernantes deciden discrecionalmente en función de vaya usted a saber qué criterio, pero a costa de destruir otros puestos de trabajo o no estimularnos adecuadamente. Las prioridades en esta particular discriminación es evidente que en un sistema representativo debe marcarlas el ejecutivo que tenga conferida la competencia correspondiente al efecto, pero ya se pueden ustedes imaginar en qué suele traducirse esa competencia.

En cualquier caso, lo interesante es destacar que este planteamiento sucintamente expuesto, se concreta y se ha concretado tradicionalmente en diferentes movimientos normativos realizados en los últimos años y que ya podemos evaluar desde la perspectiva de la creación de empleo. El ingenio de legisladores y ejecutivos no se ha visto impedido por las dificultades de endeudamiento para financiar programas, patentes ya desde hace bastante tiempo, sino que sigue derrochando imaginación para insistir en el error. Veamos a continuación un supuesto particular que evidencia algunas de las estratagemas desarrolladas a este respecto y pasamos así del plano teórico al práctico.

El caso de la normativa andaluza sobre el destino de los ingresos del Patrimonio Municipal de Suelo.

La normativa autonómica del suelo establece que entre otros bienes y recursos, el denominado Patrimonio Municipal de Suelo lo conforma los ingresos obtenidos en virtud de la prestación compensatoria en suelo no urbanizable, de las multas impuestas como consecuencia de las infracciones urbanísticas, así como cualesquiera otros expresamente previstos en la Ley. Muchos municipios han conseguido importantes ingresos por esta vía, pero lo importante es preguntarse qué se hace con esos ingresos.

Con la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, los ingresos que tenían la consideración de Patrimonio Municipal de Suelo podían emplearse, en virtud de lo establecido en el artículo 75.2 de esa norma, en múltiples actuaciones. Seguidamente, en el año 2005 se aprobó la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas para la vivienda protegida y el suelo, que modificó diversos preceptos de la citada Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, y de modo especial los relacionados con el Patrimonio Municipal del Suelo y los ingresos que lo conforman, habilitando a los consistorios municipales a disponer de esos recursos para intervenir en el mercado de la vivienda. Esa modificación se justificaba como consecuencia de los precios alcanzados por los inmuebles, que a todas luces imposibilitaban ya la adquisición de vivienda de muchísima gente. Se pensó que lo mejor era poner a los Ayuntamientos a promover la vivienda.

Años después, una vez constatado el fracaso y el desastre económico, se aprobó la Ley 11/2010 de 3 de Diciembre de de medidas fiscales para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad, que propuso una nueva redacción de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, que permitía abrir el uso de los ingresos provenientes del Patrimonio Municipal del Suelo, que pueden destinarse ahora a la ejecución de actuaciones públicas y otros «usos de interés social o el fomento de actuaciones privadas», por lo que aquellos Ayuntamientos que por un motivo u otro dispongan de liquidez en sus cuentas derivados de estos ingresos, pueden activar su imaginación y aprobar programas de creación de empleo por su evidente e incuestionable «interés social». Otra cosa es que esto sea un error o un acierto, claro está.

En resumen

Es evidente que la modificación normativa de 2005 pretendió que los municipios pudieran interaccionar en el mercado de la vivienda ante la imposibilidad de que ciertos sectores sociales con ingresos discretos pudieran acceder a una vivienda, acelerando de este modo la creación de empleo en el mercado inmobiliario, pero una vez desplomado el sector inmobiliario, el legislador opta seguidamente por una nueva modificación encaminada a facilitar el destino de los ingresos del Patrimonio Municipal de Suelo a financiar programas que creen puestos de trabajos diferentes o incluso en el mismo sector, porque lo importante es «crear puestos de trabajo». No hay que ser un genio para entender que estos movimientos participan de la filosofía que inspiró esas maravillas que fueron los conocidos Plan E o Plan Ñ.

Los puestos de trabajo así creados, como bien explicaron Rose y M. Friedman, que en este punto estuvieron especialmente lúcidos en su trabajo «La dictadura del statu quo», son puestos de la Administración que paralelamente contribuyen a la destrucción de puestos de trabajo del sector privado. La opción de política económica es tan nefasta que termina haciendo «empleado público» hasta los manufactureros chinos que aprovisionan de material a los agraciados temporales de este tipo de programas, siendo el efecto sobre la economía tan nocivo que los pequeños y medianos empresarios que no dependen de la Administración o quedan al margen de los programas terminan por contratar a menos gente. La Administración acaba soportando una fuerza laboral directa o indirecta que a duras penas puede seguir financiando en un contexto de colapso crediticio y necesario ajuste del déficit para terminar incluso NO PAGANDO los compromisos asumidos. Ni que decir tiene que los esfuerzos mediante el uso de liquidez, el aumento de gasto público o de presión fiscal para financiar estas florituras, acaban igualmente por desincentivar el trabajo, el ahorro y la inversión, pero por desgracia no parecen estar en condiciones de entenderlo.


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