Mi pequeño Salottino

Podemos bolivianizar

A finales de 2003 se desencadenó en Bolivia una interesante y gravísima crisis política y social que en cierto modo venía larvándose desde hacía algún tiempo en el país con la participación, impulso y apoyo de numerosas organizaciones sociales más o menos coordinadas y ajenas a los partidos políticos tradicionales. La inestabilidad e ingobernabilidad alcanzó tal envergadura en octubre de ese año, que el entonces presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada, optó por huir a Estados Unidos ante el riesgo que su propia integridad física parecía correr como consecuencia del avance de las revueltas que se estaban produciendo en las calles.

Quienes sucedieron a Sánchez de Lozada consideraron que la única vía para recuperar la estabilidad y evitar males mayores pasaba por ceder a las presiones – concentradas fundamentalmente en las ciudades de La Paz y El Alto - y aceptar las reclamaciones de los grupos que callejeramente estaban condicionando la vida institucional del país. Muchos calificaron aquellos acontecimientos como la Revolución de Octubre; un proceso que arrojó no pocas muertes y que en verdad no estuvo liderado, por así decirlo, por partidos políticos de la oposición, sino por los denominados "movimientos sociales", cuyas exigencias al gobierno pasaban fundamentalmente por la nacionalización de los recursos hidrocarburíferos, por la estatificación de la economía para poner fin de las políticas neoliberales que supuestamente tanta pobreza habían ocasionado en el país, y finalmente, por reformar la Constitución boliviana para regenerar la vida política del país y conseguir un sistema democrático más participativo, con la inclusión de las clases más desfavorecidas y tradicionalmente excluídas.

El 20 de febrero de 2004, con Carlos Mesa ya como presidente, se aprobó la Ley 2631, de reforma constitucional, que modificó un buen número de artículos de la norma fundamental para atender así las reclamaciones que venían demandándose por aquellos grupos, pero ni el cambio de gobierno, que se consideraba por los movimientos sociales como heredero de la casta extractiva y neoliberal precedente, ni tampoco la aprobación de la ley de reforma constitucional, ni la posterior aprobación de la Ley 3091, de 6 de julio de 2005, que convocaba elecciones constituyentes para julio de 2006 y ordenaba la creación de la Comisión Nacional Pre-Constituyente, y menos aún otras medidas ejecutivas relacionadas con sus reclamaciones, fueron suficientes para frenar la agitación de los movimientos sociales, que para entonces ya eran perfectamente conscientes de su capacidad para derrocar cualquier gobierno, bloquear la acción política y poner en jaque también a toda la sociedad mediante continuas movilizaciones, manifestaciones, huelgas, marchas y bloqueos en las calles. Así es como cayeron otros dos gobiernos, el del propio de Carlos Mesa y también el interino o provisional de Eduardo Rodríguez Veltzé, quedando el país abocado a las elecciones presidenciales y prefecturales de diciembre de 2005, a las que concurriría el líder sindicalista y cocalero Evo Morales, que a diferencia de los anteriores comicios, en esta ocasión sí parecía tener verdaderas posibilidades de éxito. Éxito que se preveía no solamente porque la notable movilización de las clases campesinas e indígenas parecía asegurarle un importante soporte electoral, sino porque incluso los ciudadanos bolivianos que en principio no eran afines a sus tesis veían en él la única alternativa ante el caos institucional y el colapso de los partidos políticos y líderes tradicionales. Como muchos electores sugerían por entonces: "Todo lo demás ya lo conocemos". La agitacición social, el desprestigio de los partidos tradicionales y el hartazgo de la gente, eran, sin duda alguna, sus mejores cartas de presentación.

De este modo, en las elecciones de diciembre de 2005, el Movimiento al Socialismo que dirigía el cocalero Evo Morales, hay que decir que venció limpia y holgadamente en los comicios presidenciales gracias al apoyo de un amplio espectro electoral, y su victoria atrajo el interés de medio mundo hacia el país andino y amazónico. Se iniciaba así un proceso de cambio político e institucional que se inauguró con los anuncios de reforma constitucional y la toma militar de las sedes empresariales de algunas multinacionales petroleras el primero de mayo de 2006 como recordarán algunos. Para muchos, este cambio no solamente era esperanzador, sino que representaba un fenómeno histórico e incluso revolucionario. De hecho, era frecuente asimilar este panorama al importante proceso que se produjo en 1952, cuando grupos mineros, obreros y campesinos, liderados por Juan Lechín, de la Central Obrera Boliviana, se alzaron y dominaron la ciudad de La Paz, para iniciar y desarrollar lo que vino a denominarse la Gran Revolución. Para otros, aquello no fue sino el comienzo del derrumbre de la Res Publica, es decir, el ocaso de la escasa y débil institucionalidad que quedaba en el país.

En cualquier caso, al margen de los paralelismos que se puedan establecer con 1952, creo que hay que tener en cuenta que todo este proceso boliviano de 2003 se explicaba, fundamentalmente, por la situación de crisis, por las históricas tensiones territoriales de un país ciertamente fragmentado, y también por ese desgaste y descrédito de los partidos políticos tradicionales, que obviamente no supieron reaccionar a tiempo y acabaron engullidos por la crispación social. Los escándalos de corrupción, la falta de habilidad a la hora de identificar nuevos líderes y los abusos de la clase dirigente, provocaron que se extendiera masivamente la idea de que los partidos políticos tradicionales (MNR, MIR, etc) eran un completo desastre para el país porque ellos mismos materializaban el expolio de la riqueza boliviana junto con las multinacionales que allí operaban. Una secuencia de pensamiento que, con sus razones más o menos fundadas, se incorporó a la conciencia colectiva con más fuerza y determinación que nunca antes, y que con la participación e implicación de infinidad de fundaciones, asociaciones, ONG’s, agencias y servicios de cooperación, institutos, centros, organismos, etc, a menudo coordinados y financiados desde el exterior, terminaría condicionando el futuro del país.

Regeneración, reforma constitucional y revoluciones en democracia

El Movimiento al Socialismo (MAS), como se ha dicho, ganó aquellas elecciones como consecuencia del desprestigio y colapso de los partidos tradicionales, abriéndose paso a continuación la idea de la necesidad de desarrollar una revolución en democracia que garantizara la regeneración de la vida política, pero como bien apuntó Jorge Lazarte, uno de los mejores analistas y pensadores del país, al no haberse dado el colpaso de modo generalizado en las calles de todo país, esta revolución se tendría que sustanciar por otros cauces, trasladándose el proceso a algún foro o institución. Para ello se diseñó la denominada asamblea nacional constituyente, para reformar la Constitución boliviana y diseñar así un nuevo marco jurídico y político que se ajustara a la hoja de ruta del nuevo gobierno. Se trataba de un mecanismo, cuyo planteamiento participaba de los fundamentos, ideario e imaginario del proceso de reforma constitucional venezolano de 1999, y cuyo resultado no solamente fue estrepitoso, sino que evidenciaba y advertía sobre esa peligrosa tendencia de la reforma frecuente de Constituciones, so pretexto de necesidades políticas aparentemente ineluctables.

La reforma constitucional que se sustanció en Bolivia entre 2006-2009 fue sin duda la gran apuesta de regeneración política en el país, pero ante la inexistencia de pactos previos y la imposibilidad de consensuarse un texto con todas las fuerzas políticas presentes en la misma, tras meses de conflictos y desencuentros, el desastre se materializó, puesto que el texto constitucional acabó aprobándose en una polémica sesión, en sede diferente a la oficial, bajo protección armada y con la ausencia de los constituyentes de la oposición. Ni que decir tiene que la nueva Constitución boliviana, como todo el proceso de cambio globalmente considerado, no solamente no ha servido para su principal función, cual es, la de generar estabilidad y mejorar la gobernabilidad democrática del país, sino que más bien ha servido como argumento para ahondar y profundizar algunos de los tradicionales problemas de la sociedad, seriamente fragmentada y frustrada a pesar de la actual bonanza económica que, todo sea dicho, no está favorecida precisamente por la acción de gobierno, sino por el esfuerzo de los propios bolivianos, la evolución de los mercados internacionales y también, por qué no decirlo, por el auge de la economía informal.

Sea como fuere, creo que viene bien recordar la experiencia boliviana en un momento como el actual, porque nos sirve para constatar que el surgimiento de nuevas clases y opciones políticas en determinados contextos, con elementos más o menos novedosos, tienen en común esa singular aspiración de perfilar una especie de misiones históricas pendientes que pueden no solamente complicar la gobernabilidad y estabilidad, sino convertirse en una amenaza real para la convivencia entre ciudadanos. Los patrocinadores de este tipo de movimientos, abiertos o contenidos entusiastas de la trasnochada misión histórica del proletariado o cualquiera de sus reformulaciones contemporáneas, de carácter étnico, social o económico, con más o menos éxito en otras latitudes, interesa tener en cuenta, además, que no provienen de clases proletarias ni tampoco de sectores tradicionalmente desfavorecidos, cuya realidad en verdad desconocen por completo aunque dicen defender; ellos suelen pertenecer a segmentos sociales acomodados, dominantes e incluso burgueses, lo cual da mucho que pensar. Ejemplos de esto hay muchos, desde Saint Simon a Bakunin, pasando por Kropotkin, Owen, Engels, Wallace o el propio Karl Marx. Todos los soñadores de entonces, como los de ahora, teorizaban sobre las necesarias transformaciones sociales y pretendían llevar a la práctica modelos de gobierno y organización que históricamente ha quedado acreditado que marchan paralelamente, no ya solamente a exorbitantes niveles de corrupción, sino a una progresiva limitación de los derechos y libertades individuales, coadyuvando al ascenso al poder de una nuevas jerarquías, cuya influencia, en tanto que nueva clase dominante, terminan siendo más nefastas para la gente corriente, que cualquier otra clase que antes haya desempeñado tal función con anterioridad. 


Comentar | Comentarios 0

Tienes que estar registrado para poder escribir comentarios.

Puedes registrarte gratis aquí.

  • Comentarios…

Más comentarios

  • Mejores comentarios…
Volver arriba