Mi pequeño Salottino

Pedir más en nombre del interés general o la moralidad

Desde hace algún tiempo estamos asistiendo a una especial cobertura y seguimiento de aquellos que de un modo u otro vienen desarrollando eso que llaman «prácticas fiscales agresivas» para rebajar la factura con el fisco. Sin ir más lejos, hace poco se volvía a recordar a Margaret Hodge, presidente del Comité de Asuntos Públicos del Parlamento británico, reprochando el año pasado al jefe de finanzas de la multinacional Starbucks, en los siguientes términos: «We are not accusing you of being illegal, we are accusing you of being immoral». Es decir, censurando en nombre de la moralidad aquellas prácticas empresariales, contables y fiscales, que permiten tributar a tipos más bajos.

El episodio, como otros muchos, ha calado en la opinión pública y ha hecho que se retome el viejo y polémico asunto de la disparidad fiscal entre países dentro de la propia Unión Europea, así como el agravio comparativo entre grandes y pequeños contribuyentes. El tema tal vez sea ya tan manido como insalvable, pero en tiempos de voracidad recaudatoria tiene su interés y merece la pena que se le preste cierta atención. Aun a riesgo de resultar algo redundante o incluso no aportar nada nuevo, creo que se debe recordar porque en un contexto de serios problemas de saneamiento económico, so pretexto de cumplir con los acreedores, continuamente vemos cómo se aumentan cargas tributarias y penalidades que asumen los ciudadanos. Este aumento se defiende públicamente por nuestro bien y en nuestro interés, argumentándose sin pudor que deben permanecer de modo ascendente-sostenido durante el tiempo necesario, es decir, hasta que alguien considere que se está reconfigurando el desastre.

La hoja de ruta trazada, que afecta a todos, grandes y pequeños, incorpora medidas informativas y propagandísticas que tienden a la legitimación de ese aumento de la fiscalidad a todos los niveles. Entre otras razones que se esbozan, está presente el contexto (ayer global, hoy cada vez más europeo), los enemigos externos, los problemas y dudas sobre la refinanciación, e incluso, como se ha apuntado, la moralidad y el deber de los ciudadanos de asumir de buen agrado el pago de exacciones de todo tipo por el bien e interés general. Ahora bien, conforme pasa el tiempo, resulta evidente que los argumentarios son cada vez menos convincentes, por lo que hoy se agita también con cierta astucia el mantra de la lucha contra la evasión fiscal y la economía sumergida, dos frentes que vienen a permitir a las Administraciones posibilidades infinitas. Poner en duda esta hoja de ruta o llevar la contraria a los planificadores en este terreno y en este particular momento, es claro que nos convierte en herejes y subversivos, agentes del caos que incluso ponen en riesgo nuestra propia viabilidad como sociedad pacíficamente organizada.

Sobre los deberes patrióticos tributarios y la resistencia

La Administración está hoy más pendiente que nunca de todos nuestros movimientos de naturaleza económica y no podemos desconocer tampoco que en la actualidad dispone de mayores armas que nunca antes para gravar, seguir y perseguir. Es en el terreno impositivo y administrativo donde se juegan hoy en gran medida los estándares de libertad e independencia de las personas, resultando muy vergonzante a estas alturas tener que recordar a Thomas Jefferson y su lapidaria reflexión sobre el derroche de los gobiernos y la imperiosa necesidad de que no les permitamos que nos carguen con deuda pública que tarde o temprano se traduce en cargas impositivas de todo tipo para sufragar su estructura y arbitrarios programas. En las actuales circunstancias, como se ha reclamado hasta la saciedad desde múltiples frentes, el camino para conseguir un saneamiento de los problemas económicos no resueltos y una mejor legitimación del sistema representativo debería ser - debería ya haber sido - una drástica reducción del sector público y una inmediata eliminación de todas las subvenciones posibles. Es un auténtico clamor el que hoy existe al respecto y resulta inconcebible que algunos se empeñen en lo contrario e insistan en la vía de la imposición y la recaudación, esa que debemos asumir y respetar todos de buen modo porque en el futuro, al parecer, se verá corregida y deberemos por tanto agradecer el futurible acto de generosidad de los planificadores.

El despropósito es de enorme magnitud y cualquier persona mínimamente informada y formada en estos menesteres creo que es consciente de ello. No hay nada más que pensar en el hecho de que ya se afronte la recaudación fiscal incluso en términos de moralidad o inmoralidad, para corroborarlo. Pero resulta que intentar pagar menos impuestos no es nada inmoral. Planificar la fiscalidad para pagar menos o directamente huir de la voracidad de unos u otros gobiernos, habida cuenta las circunstancias, no solamente constituye hoy un acto legítimo, de autotutela, sino que incluso representa un desafío intelectual que honra a quienes lo asumen como tal. Por mucho que les cueste entenderlo o aceptarlo a otros, no hay buenos contribuyentes y malos contribuyentes en función de las alternativas por las que opte cada cual en el marco de la ley. De hecho, no existe ni existirá nunca un Manual del buen contribuyente en el que se nos invite a tributar lo máximo posible y dormir esa noche como seres moralmente superiores.

Learned Hand, uno de los más grandes e influyentes jueces conocidos hasta la fecha, afirmaba que no tiene nada de siniestro que los ciudadanos dispongan sus asuntos de modo que consigan pagar lo menos posible en impuestos. La explicación es bien simple: nadie tiene el deber de pagar más de lo que la ley exige: los impuestos son exacciones exigidas, no aportaciones voluntarias. Pedir en nombre de la moral, del interés general, del bien común, del interés público o cualquier otra formulación, es pura hipocresía, un canto de sirena. El ciudadano puede consecuentemente disponer de sus asuntos de modo que los impuestos derivados por su actividad sean los mínimos posibles porque no está obligado a elegir el sistema que más interese al Ministerio de Hacienda, porque no existe un deber patriótico de incrementar voluntariamente los impuestos.

Los planificadores, además de intentar insistentemente hacernos creer lo contrario y haber creado incluso toda una ideología vinculada a la res publica al respecto, llevan décadas extendiendo el cuerpo legislativo tributario hasta el infinito para ampliar así las bases impositivas, al tiempo que hacen terriblemente complicados los procedimientos administrativos al contribuyente. Es evidente que en esa planificación, en última instancia se encuentra la financiación del coste de la Administración y la política. Algo debería cambiar urgentemente al respecto.


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