Mi pequeño Salottino

Pasión constituyente

Hace unos meses, en un artículo titulado «De pecados y pólvora constitucional» (en The Economy Journal), me referí a la pasión constituyente y legalista que históricamente nos ha caracterizado como nación y también expuse algunas de las razones por las cuales considero que no es conveniente abrir un proceso de reforma constitucional en nuestro país. Se trata de una posición cada vez más minoritaria, podría decirse que resulta incluso un tanto irreverente, por lo que nos obliga a insistir sobre ella y tal vez a ser un poco más explícitos en el planteamiento. Puede que de este modo contribuyamos a advertir del error histórico en el que se podría incurrir en caso de abrir un proceso constituyente en las actuales circunstancias y bajo determinadas premisas.

En aquel texto, entre otras cosas, sostenía que la apertura de un proceso constituyente bajo la dirección de las personas que habitan y controlan los múltiples hemiciclos, no solamente no garantiza absolutamente nada para bien del ciudadano corriente, sino que podría dar lugar a problemas adicionales impredecibles. De hecho, creo que no hay que desmerecer el hecho de que en nuestro país ya haya incluso quien trabaja para violar, no ya la hipotética reforma constitucional cuyos lineamientos concretos obviamente se desconocen, sino incluso la próxima Constitución que pudiera aprobarse. Prueba evidente de que a pesar del tiempo, pocos han aprendido en verdad que la Ley no es reflejo del poder, sino su límite. Algo que lleva a muchos a creer e insistir en esa falsa creencia de que «la mejor Constitución seguro que es la que está por redactarse».

Las grandes crisis es evidente que siempre llevan a millones de ciudadanos al límite. Una situación en la que siempre son más vulnerables y manipulables. En poco tiempo se comienzan a percibir los acontecimientos en clave de (in)moralidad, y en cuanto aparecen las desvergüenzas del sistema y se manifiesta la incapacidad de la estructura política para ofrecer un horizonte esperanzador y resolutivo, de un modo u otro comienzan a surgir voces entre quienes controlan la cosa pública, quienes viven de la política o quienes a vivir de ella aspiran, apuntando y disparando contra el texto constitucional. Siempre ha sido así en nuestra tradición, y así es como algunos pretenden hacer creer a la gente que se puede revertir su situación mediante una revisión constitucional. Los ropajes nuevos del emperador, de modo más o menos abierto, los promueven o insinúan entonces, bien los cortesanos de siempre, incapaces de ofrecer solución alguna a los problemas reales de la gente corriente, pero sabedores de la importancia de aparentar que algo va a cambiar; bien los nuevos cortesanos, o incluso los futuros aspirantes a cortesanos. Que también existen, claro.

Condiciones objetivas y condiciones subjetivas

Cualquier reforma constitucional de cierto calado creo que requiere de unas condiciones objetivas y unas condiciones subjetivas que la justifiquen y la garanticen. Las primeras condiciones estarían relacionadas fundamentalmente con aquellos «problemas» que directamente puede causar un texto constitucional y que hacen aconsejable su reforma y/o mejora. Pero hemos de tener presente que en determinados contextos resulta relativamente fácil que aparezcan chamanes y embaucadores varios, sosteniendo que determinados problemas, a veces creados por ellos mismos, se deben al texto constitucional. Se trata de un  planteamiento que el pensador honesto debe, primero detectar, y luego rechazar. Acto seguido sancionar también en las urnas como mejor considere oportuno.

Las condiciones subjetivas, por su parte, están más bien relacionadas con los perfiles de personas que eventualmente tendrían que asumir la importante tarea de reforma. Este tipo de trabajos, que obviamente no se encomiendan a parlamentarios ni senadores aunque mucha gente todavía piense a estas alturas lo contrario, puede suceder que acaben en manos de buenos pensadores, en cuyo caso el resultado puede llegar a ser notable pero estéril si en las cámaras de representantes habitan bárbaros o no se dan las mayorías suficientes. También puede suceder que incluso con la venia parlamentaria, en la tarea acaben filtrándose personajes menores o personajillos siniestros, lo cual daría lugar a un texto problemático - si es que llega a consensuarse - que podría llegar a convalidarse, o no, con el apoyo de otras fechorías parlamentarias o no parlamentarias. Extraordinariamente es verdad que puede suceder que las personas que impulsan un texto o una reforma constitucional, sean buenos pensadores y también hombres de acción. Personas que entienden de la trascendencia de un texto constitucional y de la necesidad de priorizar, por encima de todo, la libertad. En cuyo caso, hoy día, su trabajo estaría abocado al fracaso por los motivos que todos sabemos y que no merece la pena ni mencionar.

Así las cosas, a mi modo de ver, más allá de las fantasías y deseos que hoy circulan en algunos ambientes y sectores, en nuestro país no concurren ni condiciones objetivas ni condiciones subjetivas para una reforma constitucional que pueda tramitarse sin sobresaltos. Entre los enérgicos defensores de la reforma no es difícil identificar, por un lado, a quienes manifiestan en verdad un mero capricho, por otro, a quienes la necesitan para mejorar sus respectivas aspiraciones, y finalmente, a quienes muestran una temeraria buena voluntad más que cualquier cosa cosa. En muy poco tiempo hemos pasado de entender los textos constitucionales como programas de partido, a defender incluso la promoción de un proceso constituyente como programa de partido.

A pesar de todo, es claro que no estamos ante un tema menor que se pueda despachar en varios párrafos, pero creo que habida cuenta las circunstancias, lo más razonable no parece que sea embarcar a la ciudadanía en un proceso seguramente crispante, repleto de insoportables debates y, sobre todo, con un desenlace incierto pero seguramente perjudicial para los intereses de los ciudadanos. La perspectiva que nos ofrece ya más tres décadas de existencia del vigente texto constitucional y la experiencia constitucional acumulada en este tiempo, nos ha permitido constatar todo tipo de corruptelas y el poco respeto de nuestra sociedad y sus dirigentes hacia algo tan elemental como el Principio de Legalidad; lo cual nos lleva a pensar que el mejor trabajo – acierto – de los constituyentes de 1978 tal vez haya sido el de establecer un mecanismo de reforma rígido que no solamente ayude disuadir de la misma, sino también a neutralizar a sus enemigos.


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