Mi pequeño Salottino

Países Bajos: Tax Friendly Country

Tengo la suerte de frecuentar Holanda todos los años desde hace tiempo. Mi enclave favorito es Leiden, donde suelo aprender muchas cosas interesantes y donde trato con regularidad con gente de lo más variopinto. Desde locales hasta asiáticos, pasando por nórdicos, mis queridos italianos o eslavos que disfrutan en el pequeño país de los tulipanes de unas condiciones profesionales y económicas impensables en sus lugares de origen. Leiden es además una ciudad acogedora, con un pasado histórico muy interesante y un presente cultural, tecnológico y comercial no menos sugerente. Además, allí uno puede disfrutar civilizadamente de la bicicleta, que como Paul Newman indicaba a la guapísima Katherine Ross en aquella obra maestra «Butch Cassidy and the Sundance Kid» (George R. Hill, 1969), representa la modernidad, el futuro.

En mi última y reciente estancia, en la que dicho sea de paso, he tenido la suerte de residir en una agradable propiedad fundada por menonitas en el siglo XVII, he notado varias preocupaciones entre los «dutchies». Una de ellas es el tema sanitario y las pensiones, que tendrán que reformar en breve; otra es el mercadohipotecario, que les está dando no pocos quebraderos de cabeza; la tercera es el mercado laboral y, por último, el debate sobre la fiscalidad de las empresas multinacionales domiciliadas en su territorio. Una cuestión que siempre ha estado ahí, pero que parece cobrar actualmente más relevancia que nunca antes.

El desafío de las autoridades holandesas

El gobierno holandés, a pesar del aumento de la confianza económica anunciado hace unos días por Eurostat, es consciente desde hace ya algún tiempo de esas preocupaciones y las dudas que se ciernen sobre el país, que actualmente se encuentra recesión y con una tasa de desempleo del 7%. Entre otras voces autorizadas, los economistas Wim Vermeend y Rick van deer Ploeg,de la Universidad de Oxford y la Management Business School of Maastricht, respectivamente, hablan incluso del «Dutch downfall», acusando a los cinco gabinetes que han gobernado el país en los últimos diez años de haber adoptado medidas económicas completamente erróneas. Para ellos, Holanda afronta serios desafíos y la recuperación económica sólo podrá darse mediante una combinación de reformas económicas y medidas gubernamentales que estimulen el crecimiento, fundamentalmente eliminando gastos excesivos e improductivos, especialmente ahora que Holanda no carga con una excesiva deuda pública y tampoco está sometida a unos intereses elevados.

Así, todo apunta a que el gobierno neerlandés deberá desarrollar importantes medidas en lo sucesivo en relación las cuestiones indicadas para intentar salir de la recesión cuanto antes y aumentar también el empleo. En un contexto complicado en el que en algunos foros e incluso otros gobiernos, se les acusa de «paraíso fiscal», no son pocos los expertos que reclaman precisamente una bajada generalizada de impuestos en el país. De ahí que llame la atención el hecho de que, entre otros movimientos que se han anunciado, se encuentre el de actualizar sus tratados internacionales fiscales con más de una veintena de países considerados «pobres», con la teórica finalidad de establecer mecanismos y disposiciones que eviten los abusos por parte de las entidades registradas en Holanda y que se acogen a los tratados internacionales suscritos con terceros países.

Avispero de «letter-box companies»

La iniciativa, que en teoría se encamina a beneficiar a los países pobres en los que operan esas multinacionales, se adopta como consecuencia de la publicación de varios informes que vendrían a demostrar que los países en los que operan entidades holandesas estarían perdiendo millones de euros por la aplicación de estos tratados en los que Holanda es parte. Sin ir más lejos, según sugieren esos trabajos, como los del centro de investigación Somo, más de una veintena de países en vía de desarrollo estarían perdiendo, en su conjunto, casi 800 millones de euros por la tributación de los dividendos y el régimen del «income tax» en muchos casos aparejado.

Holanda tiene suscritos tratados internacionales en materia fiscal con casi un centenar de países, y en muchos casos, como consecuencia de lagunas, diferentes criterios interpretativos o simplemente por inadecuación de esas normas a la realidad actual o por la mayor capacidad de los despachos de abogados y empresas frente a la propia Administración tributaria, las compañías y sus administradores pueden terminar evitando el pago de cantidades muy considerables, lo cual se traduce fundamentalmente en pérdida de ingresos fiscales. El tratamiento tributario de numerosas operaciones y actividades en algunos supuestos es tan complejo, que las autoridades holandesas han admitido hace unas semanas que su país, por sí solo, no puede evitar que esto ocurra, por lo que la cuestión debería abordarse a nivel global entre países y organismos internacionales.

La primera acción en este sentido será la renegociación de un nuevo tratado con Zambia, ya que el actual data de 1977 y se encuentra completamente desfasado. Se pretende mejorar así el intercambio de información y también la transparencia mercantil, administrativa y fiscal, previéndose exigir a los entramados societarios que tengan sus propios activos y cuentas bancarias diferenciadas, su contabilidad y también, atención, que la residencia de los miembros de los órganos directivos esté claramente establecida en Holanda. Se plantea igualmente que las empresas deban desarrollar una «actividad económica real» para  intentar abordar el problema de la domiciliación de empresas ficticias en Holanda con el único objetivo de aprovechar sus tratados fiscales.

Debe tenerse en cuenta que las «letter-box companies» que se acogen a los tratados suscritos por Holanda sirven como vehículo fiscal que ahorran en las partidas más importantes, pero la cantidad total sería mucho mayor debido a que los cálculos no incluyen aquellas otras que se dejan de ingresar por el tratamiento fiscal que reciben todas los demás beneficios, las denominadas regalías u otras ganancias de capital. Se critica del mismo modo que esos beneficios fiscales no se compensen con un aumento de la inversión en los lugares donde tienen origen los rendimientos y se apunta a los casos de Serbia, Ucrania o Croacia, pero esa práctica tiene igualmente un impacto en las arcas de los demás países europeos y de ahí también la presión de la UE para acabar con las «letter-box companies». En otros supuestos, como Mongolia, el desequilibrio era tan notable que el país optó el año pasado por denunciar unilateralmente los acuerdos fiscales con los Países Bajos.

Algunos estudios, entre otros, del Holland Financial Centre, apuntan que en Holanda hay registrados unos 12.000 holdings que emplean a no más de 13.000 personas, por lo que la ratio de empresa-empleado podría estaría prácticamente en paridad 1-1, evidenciándose la naturaleza «instrumental» de la mayoría de esas entidades, pero lo cierto es que más de un centenar de las mayores compañías del planeta participan de esta estrategia y se acogen regularmente a los tratados internacionales holandeses según ha informado recientemente también el diario Volkskrant. Entre otras, Google, IBM, la italiana ENI, más de una decena de empresas portuguesas, también las francesas EDF,GDF Suez, Thales o Veolia, estarían entre las compañías que han establecido su residencia en Holanda, con el ingrediente adicional de que se trata de entidades participadas por el propio Estado francés. Es decir, es el Estado galo el que usa estas estrategias fiscales para reducir el pago de impuestos.

Difícil solución

En otro artículo ya comentamos que nadie tiene el deber de tributar más de lo que estrictamente le corresponde según el ordenamiento jurídico vigente. Los tributos no son aportaciones voluntarias sino exacciones exigidas. Si Holanda, como Luxemburgo, San Marino o cualquier otro territorio, decide convertirse en un «tax friendly country», creo que está en su perfecto derecho de hacerlo y las compañías mercantiles, si legalmente es posible, también están en su derecho de usar las denominadas «letter box companies» y cualquier otra estrategia tributaria para rebajar la factura fiscal por muy inmoral que pueda parecerle a algunos. Personalmente sólo veo un problema de moralidad, por no decir cinismo o infamia, cuando se trata de empresas públicas, controladas directa o indirectamente por el Estado-Recaudor.

El lector debe tener en cuenta consiguientemente que estamos ante un asunto mucho más tenebroso y complicado de lo que pueda parecer, en el que confluyen muchos factores e intereses que no siempre son confesables. Sin ir más lejos, las corruptelas o deficiencias del sistema democrático son algunos de ellos, es más, seguramente son el principal, porque sólo el legislador puede corregir estas situaciones, pero como sabemos, en los hemiciclos y en los gabinetes gubernamentales lo que tenemos hoy son numerosas personas cuya estrategia no suele ser otra que acomodarse algún día en los consejos de los organismos reguladores o directamente en los consejos de administración de las compañías que operan transnacionalmente. En el fondo el statu quo beneficia sus propios intereses.

En definitiva, el gobierno holandés tiene razón cuando afirma no estar en condiciones de solucionar este «problema» en solitario. En lo sucesivo debemos prestar atención al movimiento iniciado, en principio, con una veintena de «países pobres», aunque seguramente habrá quienes piensen que en realidad estamos ante una eventual necesidad recaudatoria con intereses cruzados entre empresas y países, y no ante una seria voluntad de mejorar esas condiciones tributarias de los lugares donde se generan los ingresos. En el fondo, no son pocos los que en la tierra de Rembrandt piensan que el nivel de vida allí alcanzado y las condiciones laborales se deben de alguna manera a esa estrategia de «tax friendly country». Otro tema es, claro está, el de la fiscalidad de las personas individuales.


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