Mi pequeño Salottino

Novedades sobre las Agencias de Calificación Crediticia

La trayectoria de estas entidades está repleta de luces y sombras, siendo su papel en las economías occidentales esencialmente polémico; pero no de ahora, sino desde antaño. La incidencia de sus trabajos de calificación en la economía es ya un clásico y no es casualidad que en un momento como el actual aparezcan estudios, crónicas e iniciativas de todo tipo, que se refieran a ellas. Téngase en cuenta, además, que la labor de calificación crediticia ha sido subrayada a menudo por las crisis financieras que han sacudido al mundo, porque en la práctica totalidad de las grandes crisis, a las agencias se les ha atribuido un papel más o menos relevante, incidiéndose especialmente a continuación en la necesidad de mejorar su funcionamiento.

Ya en los años setenta, la Penn Central Transportation Company provocó todo un cataclismo con el incumplimiento de sus obligaciones sobre una deuda de más de cien millones de dólares en pagarés que habían sido calificados como de primera calidad. Desde entonces, tanto los reguladores como los inversores, tomaron nota de la importancia de la fiabilidad y calidad del trabajo de las agencias, pero poco o nada se hizo entonces. La SEC intervino ante el descontrol que se produjo en las emisiones de bonos corporativos y la dificultad de medir de forma oficial la calidad de dichos bonos, decidiendo instaurar oficialmente la Statistical Ratings Organizations o Agencias de Calificación, como las entidades encargadas de la calificación de las emisiones privadas.

De poco o nada sirvió esta decisión, porque seguidamente vendrían otros fiascos dentro y fuera de Estados Unidos. En Iberoamérica hay que recordar de modo especial el impago de México en 1982, que no se pudo prever por las agencias, aunque quizá su más evidente fracaso fuera la quiebra de Argentina a principios de siglo XXI, pero claro, luego vino ENRON y posteriormente Lehman Brothers, así como un sinfín de entidades emisoras de productos muy bien calificados y que demostraron ser un auténtico desastre. Por esto mismo tal vez convenga huir de ciertos planteamientos reduccionistas y preguntarse con cierta perspectiva histórica sobre la tarea de calificación crediticia. Una tarea a la que no renuncian ni siquiera países tan pretendidamente anticapitalistas como Bolivia, que recientemente recabó la colaboración de las multinacionales norteamericanas de calificación para colocar unos cuantos centenares de millones de dólares en el mercado de deuda y ya estudia en este momento otra emisión con la ayuda, otra vez, de Goldman Sachs.

Acuerdos en sede europea

En Europa, como saben, llevamos años debatiendo sobre el tema y ayer supimos que las instituciones europeas han alcanzado un acuerdo (uno más) para aumentar el control sobre las agencias de calificación crediticia. Según la nota remitida, ese control se enfoca de modo particular a los trabajos de análisis y calificación de deuda soberana de Estados miembros; y entre otras medidas contenidas en el acuerdo, se significan la obligación de publicar un calendario anual anunciando las notas de deuda de los Estados miembros, detallándose los hechos y supuestos que justifican la calificación; por otro lado, tendríamos la elaboración de una plataforma europea de ratings, que teóricamente ayudaría a mejorar la accesibilidad a esta información; también algunas determinaciones sobre la responsabilidad civil de las Agencias por sus calificaciones cuando concurra negligencia y se cause daño al inversor, aunque todo sea dicho, al parecer, estas exigencias se limitan a los casos de productos complejos estructurados, y finalmente, y esto es interesante de analizar, se apunta una limitación en el accionariado de las entidades de calificación. Es decir, se estudia implantar una prohibición respecto del control de participaciones importantes en más de una agencia para evitar así situaciones de monopolio y conflictos de intereses.

Valoración de estos movimientos

En primer lugar interesa señalar que no representan ninguna novedad. Se vienen debatiendo desde el Reglamento 1060/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009 sobre las agencias de calificación crediticia, e incluso desde mucho antes. Pero entiendo que estos movimientos se justifican o explican por la supuesta necesidad de regular más y mejor la actividad de estas entidades, así como por su también supuesta participación en el desastre económico-financiero que padecemos. Y digo supuesta participación porque personalmente soy de los que piensa, como Gilles Saint-Paul, de la Universidad de Toulouse, que no es cierto que las agencias hayan jugado un rol tan importante en la crisis como se nos pretende hacer creer. Es más, las calificaciones hubieran sido correctas si la burbuja inmobiliaria no hubiera explotado, y como nadie asumía que eso era posible, de ahí precisamente el desastre. Es decir, la crisis actual no es obra de las agencias de calificación, que también padecían la ilusión como el resto de los mortales El desastre, como en otros momentos históricos, hubiera sido exactamente igual sin ellas.

Y si esto es así, que yo lo creo, más allá incluso de admitir que los informes de las agencias de calificación puedan condicionar ciertamente el coste de las colocaciones de deuda en los mercados por los motivos que todos imaginamos, ¿desde qué perspectiva podemos entonces analizar o comprender estos pasos de las instituciones europeas y también de las propias instituciones nacionales? Porque debe tenerse en cuenta que, si no estoy mal informado, en la actualidad se encuentra también en tramitación parlamentaria una Ley de Agencias de Calificación Crediticia, que me temo que no avanzará mucho hasta que la Unión Europea suministre un material concreto y preciso al respecto, porque a esto han quedado reducidas lamentablemente nuestras instituciones parlamentarias. A copiar mejor o peor lo que se regula en Bruselas o en Frankfurt.

Así, a mi modo de ver, aunque no lo dicen abiertamente porque sería complicado mantener esto en público, en las instituciones saben perfectamente que el mercado de la calificación crediticia no tiene solución desde una perspectiva regulatoria. O al menos no tiene la solución que a ellos les gustaría y que no es otra que una Agencia Europea de Calificación en la que puedan colocar a su gente y puedan, digamos, intentar controlar y manipular este particular mercado que en tiempos de iliquidez se muestra tan determinante. De hecho, en el acuerdo alcanzado días atrás y al que aquí nos referimos, no es casualidad de que emplace - otra vez - a la Comisión, a analizar si es apropiado crear una agencia europea de ratings e informar al Consejo y a la Eurocámara el próximo años – atención - 2016.

Todo esto – sin desconocer los errores cometidos en el pasado y los que cometerán en el futuro, las propias agencias de ratings - nos lleva a concluir que los movimientos y declaraciones anunciadas a bombo y platillo no son más que operaciones cosméticas dentro de la lógica político-parlamentaria, que no provocarán ninguna modificación trascendente de fondo en un modelo de negocio que ya no puede separarse de la propia actividad económica. Un modelo de negocio con una capacidad de influencia más que notable en el funcionamiento de la economía mundial y que se explica por su trascendencia en un sector tan necesario como el de la financiación externa. Así es como se ha configurado un mecanismo de actuación en el que los poderes públicos parece que poco o nada tienen que decir, y que sólo la irrupción de más y mejores operadores, como en Canadá, Hong Kong, Chile o Japón, podrá ayudar a racionalizar.


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