Mi pequeño Salottino

Lluvia de mociones de censura

El alarmante deterioro económico de las arcas municipales en la práctica totalidad de Ayuntamientos de nuestro país y la importante irrupción de partidos minoritarios en las pasadas elecciones municipales de 2011 – que derivó en múltiples y a veces curiosas alianzas de gobierno -, presagia un gran espectáculo en las fechas sucesivas sobre la base de la siempre emocionante y conflictiva figura de la «Moción de Censura».

Los tambores de guerra suenan ya en abundantes localidades. Ayer en Cantillana, hoy en Armilla, mañana tal vez en Aznalcázar, pasado mañana es posible que también en Treviño. Y esto por poner solo algunos ejemplos, porque hay muchos más. La veda parece haberse abierto ante el desolador y conflictivo panorama que afrontan nuestros municipios y todo apunta a que la presentación de mociones de censura será más que recurrente en adelante, sin que debamos descartar consecuentemente nuevos cambios de filas, declaraciones de nuevas lealtades y comportamientos de lo más variopinto entre nuestros concejales. De ahí que tal vez resulte interesante referir algunas cuestiones sobre el régimen jurídico actual de la moción de censura contra Alcaldes.

De partida hay que recordar que la condición de cargo electo o miembro de una corporación local, de conformidad con la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y como así ha reconocido reiteradamente la jurisprudencia constitucional, otorga un derecho subjetivo al ejercicio de su cargo que deriva directamente del artículo 23.1 de la Constitución. Un derecho que debe desarrollarse en condiciones de igualdad y que comporta, entre otras cosas, la permanencia en el cargo, del que sólo puede privarse en virtud de causa legal. Es decir, mediante sentencia judicial firme de suspensión y/o inhabilitación, anulación de la elección o proclamación, fallecimiento o incapacitación, renuncia, incompatibilidad o pérdida de la nacionalidad. Nuestro Tribunal Constitucional y gran parte de la doctrina vienen entendiendo, además, que no se puede aceptar tan ligeramente como causa legal válida, el hecho de que el concejal abandone o sea expulsado del grupo político en cuya lista fue elegido, puesto que el mandato electoral que ostenta un cargo electo es de carácter personal y no del partido político, por lo que debe ponerse especial atención en estos supuestos y comprobar si han concurrido todas las garantías en esos procesos de expulsión.

Y en esto último es precisamente donde se presenta, por así decirlo, el lío, de cara a ciertas mociones de censura. Porque la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de Régimen Electoral General, que se practicó el pasado año 2011, trató de afrontar ese fenómeno que en muchos casos ha venido denominándose como «transfuguismo» y que queda directamente anudado a los procedimientos disciplinarios dentro de un partido político, pero el resultado que arrojó esta reforma creo que no resulta del todo satisfactoria y es posible que ni siquiera se haya entendido por los propios dirigentes políticos en muchos casos.

Las reformas de la LOREG

La LOREGse modificó efectivamente el año pasadomediante la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero, para, entre otras cosas, regular aquellas situaciones en las que algún o algunos concejales que perteneciendo al grupo del Alcalde o a otro que apoye al mismo, decidan cambiar de criterio y apoyar una moción de censura con otro candidato de otro partido, creando de este modo una controversia real o virtual en el seno de su propio partido al mismo tiempo que una expectativa de cambio de gobierno municipal.

En el artículo 197 dela LOREGdiseñó un mecanismo que se traduce fundamentalmente en que el voto de aquellos concejales que sean efectivamente expulsados del grupo político al que estaban adscritos resulta inútil en la votación de la moción de censura. Es decir, cuando alguno de los proponentes de la moción formara o haya formado parte del grupo político municipal al que pertenece el Alcalde cuya censura se propone, la mayoría exigida en la votación se verá incrementada en el mismo número de concejales que se encuentren en tales circunstancias. Criterio que resulta de aplicación también cuando alguno de los concejales proponentes de la moción haya dejado de pertenecer, por cualquier causa, al grupo político municipal al que se adscribió al inicio de su mandato.

Pero debe tenerse en cuenta que previamente, con la Ley Orgánica 8/1999, de 21 de abril,  ese artículo 197 se modificó para que una vez firmada la moción de censura, el Pleno para su votación quedase automáticamente convocado para las 12:00 horas del décimo día hábil siguiente al de su registro, por lo que en muchas ocasiones esto hace materialmente imposible la supuesta intencionalidad de la reforma practicada en 2011. Es decir, si algún concejal se salta la denominada «disciplina de partido» y firma una moción de censura para provocar un cambio de gobierno, en muchos casos será inviable que se tramite el correspondiente procedimiento de expulsión antes de la celebración del Pleno para la votación de la moción, haciendo de este modo muy difícil esa expulsión efectiva y firme que exige la jurisprudencia constitucional para que, digamos, opere el espíritu de la reforma «antitransfuguismo» de 2011.

Las dudas de constitucionalidad del sistema

A pesar de las dudas y complicaciones que pueda provocar este escenario descrito anteriormente, tampoco podemos desconocer las propias dudas de constitucionalidad de la reforma de la LOREGpracticada en 2011, porque con la distorsión de las ecuaciones de voto mencionadas, el legislador hizo inútil el voto del concejal que se encuentre en las circunstancias descritas de cara a la moción de censura, o lo que es lo mismo ¡!se le priva de su derecho a voto¡! Algo que resulta constitucionalmente muy dudoso en tanto la moción de censura no deja de ser el principal instrumento de reprobación del gobierno municipal que la ley otorga a los concejales y que parece contradecir el artículo 23 dela Constitución, o al menos a todo lo que el propio Tribunal Constitucional ha venido diciendo de este precepto durante mucho tiempo en relación a ese derecho fundamental a la participación política directamente o a través de representantes.

Sea como fuere, creemos este tema seguirá dando para mucho, pero por lo que pueda ocurrir en lo sucesivo, a efectos de moción de censura interesa tener en cuenta que la expulsión de un miembro de su partido político, bien sea el del propio del Alcalde o de una coalición independiente que apoye al mismo, debe ser firme y definitiva, siguiéndose el procedimiento estatutario correspondiente como así exige nuestra jurisprudencia constitucional, sin que sea posible aceptar situaciones declarativas que den lugar a confusión respecto de la posición jurídica en la que se encuentre el concejal o concejales en relación a su pertenencia, o no, al grupo político municipal al que quedaron adscritos en el inicio de un mandato; sin que sea aceptable tampoco la mera suspensión de militancia que suele hacerse para evitar que el concejal expedientado y suspendido vote en la moción.

Por último, señalar que es posible que alguien piense que estoy pecando de alarmista al advertir sobre la potencial lluvia de mociones de censura en nuestro país; admito que puedo estar equivocado, pero algo me dice que a partir de ahora vamos a hablar mucho de esta figura. Y con toda probabilidad, veremos también que los bailes de lealtades afectarán, casi por igual, a los partidos que en su día nos regalaron manifiestos sobre códigos de buenas conductas para evitar ciertos fenómenos de «transfuguismo».


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