Mi pequeño Salottino

Sobre la Ley de No-Transparencia

La semana pasada nos reunimos en la sede de Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha, más de sesenta personas para participar en el Congreso «La transparencia como instrumento de innovación de la Administración Pública». Entre los presentes se encontraban acreditados estudiosos de la cuestión, profesores de Derecho público, altos funcionarios y también otros especialistas, además de numerosos estudiantes. La idea era reflexionar conjuntamente a la luz del Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, actualmente en tramitación parlamentaria hasta, esperemos, su final publicación en BOE.

En los respectivos análisis que hicieron los ponentes fueron surgiendo abundantes críticas. Hasta tal punto la crítica se convirtió en la nota dominante, que el director de las jornadas tuvo que preguntar en las conclusiones y cierre de las mismas, qué podíamos extraer de positivo del Proyecto de Ley de Transparencia. Lo cierto es que las críticas que se pusieron de manifiesto en el foro apuntaron fundamentalmente hacia la barrera formidable que supone la escasa voluntad de la Administración de ser transparente, ya que su personal no está precisamente diseñado para ello, para ser transparente; también en relación al silencio negativo que se recoge en el texto, algo que a juicio de muchos, por sí mismo, ya hace inútil todo lo demás; la duplicidad transparencia-buen gobierno, dos ámbitos que en realidad tienen razón de ser distinta y que consiguientemente necesitarían un tratamiento diferenciado con textos normativos diferenciados; y también se puso en entredicho la excesiva propaganda y expectativas creadas sobre una iniciativa que, en puridad, ni siquiera ofrece grandes novedades. A este respecto hemos de tener en cuenta que en nuestro ordenamiento existen múltiples disposiciones, tanto en normativa general como en reglas sectoriales, acerca del derecho de acceso.

Personalmente, fue bastante tranquilizador el hecho de que muchas otras personas compartieran mi visión al respecto, puesto que desde hace tiempo vengo dudando del supuesto avance que el proyecto de ley supone en general y también en ámbitos particulares. En materia de  «información sensible» hay que decir que a pesar de las consignas, no se avanza prácticamente nada, máxime habida cuenta los límites introducidos en el artículo 14 del proyecto de ley, que en su última versión de 18 de septiembre de 2013, establece:

  1. La seguridad nacional
  2. La defensa
  3. Las relaciones exteriores
  4. La seguridad pública
  5. La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios
  6. La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva
  7. Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control
  8. Los intereses económicos y comerciales
  9. La política económica y monetaria
  10. El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial
  11. La garantía de confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisiones
  12. La protección del medio ambiente.

Es cierto que el precepto señala acto seguido que la aplicación de estos límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso, pero cualquiera que tenga un mínimo de experiencia en la Administración pública o contra la Administración pública, sabrá perfectamente que esto último tiene nula relevancia. La mayoría de los servidores públicos tienen ingenio, creatividad y voluntad de sumisión política suficiente, como para hacer uso de este marco jurídico que el proyecto de ley ofrece y denegar todo lo que haya que denegar y no responder adecuadamente a lo que no se desee responder adecuadamente.

Además, por otro lado, me interesé también por la influencia que el texto tendría finalmente en las sociedades mercantiles públicas (que se incluyen) e importantes organismos como el Banco de España o incluso en relación a las deliberaciones de otros órganos colegiados de carácter político o administrativo, porque hemos de tener en cuenta que si al ciudadano y a la opinión pública en general hay algo que le interesa especialmente, es el porqué último de la toma de decisiones, es decir, no tanto la decisión en sí misma, sino los motivos, argumentos y razones, así como las posiciones personales de quienes tienen la posibilidad de influir en un acuerdo. A este respecto, como se verá finalmente, me temo que poco o nada se avanzará a pesar de la propaganda.

El ejemplo del control parlamentario

Nuestro sistema representativo, directamente anudado a nuestro sistema de Administración pública (y viceversa), hay que tener en cuenta que dispone ya de un régimen que podríamos calificar de control y transparencia al interno de las cámaras. Es el regulado, por ejemplo, en el Reglamento del Congreso de los Diputadosde 10 de febrero de 1982 y en el Reglamento del Senado de 3 de mayo de 1994, donde se contienen diferentes modalidades de control, como las preguntas y/o consultas de diputados y senadores al Gobierno. Se trata de una actividad curiosa, seguramente innecesaria para muchos, pero que por exigencias constitucionales y reglamentarias debe realizarse. En definitiva, un control que nos procura interesantes episodios y que facilita también momentos de gloria de algunas de sus señorías, a la vez que permite también a la prensa rellenar páginas de información con los sucesos e informaciones que provoca.

En la práctica, el control parlamentario no tiene nada que ver con lo que supuestamente se supone que es. Todos ustedes pueden imaginar perfectamente en qué se traduce, en una ingente actividad de escasa utilidad porque las cuestiones realmente importantes y sensibles que afectan al gobierno respectivo, lisa y llanamente no se responden, sin que se desate ninguna consecuencia importante, y en segundo término, porque las preguntas de menos trascendencia o aquellas que potencialmente puedan causar menos escándalo, se responden como realmente se considera oportuno sin que suceda tampoco absolutamente nada. Si el diputado o senador no se da por satisfecho con la respuesta que se le ofrece, puede volver a repetirla hasta que termine inaceptándose por la cámara respectiva o bien transformar la pregunta en oral y así salir en la televisión en la sesión de control respectiva y de paso criticar al Gobierno que no le haya respondido.

Con este ejemplo en la retina, el protagonizado por los jefes de la Administración, me temo que al margen de soportar soporíferas alabanzas al proyecto deley de Transparencia, y con independencia de las mejoras parciales que en materia de acceso a información pública pueda procurar el nuevo texto, habrá que concluir que en caso de no concurrir un esfuerzo de verdadera voluntad política para hacer nuestras Administraciones más accesibles y transparentes a los ciudadanos, la iniciativa se convertirá en algo de corte lampedusiano y, como mucho, una norma de autoconsumo para curiosos, también algunos foros, profesores de Derecho público y poco más. En verdad, admitámoslo, es más que posible que de eso en realidad se trate.


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