Mi pequeño Salottino

¿Por qué el Gobernador del Banco de España no dimite, no está procesado o no ha sido cesado?

La palabra crédito viene del latín «credere», que significa creer. Por eso existen unas entidades de crédito y todo un sistema administrativo de potestades y competencias entorno a la actividad crediticia, para que los ciudadanos puedan confiar y creer en quienes gestionan sus ahorros. Y aunque algunos prefieren no entenderlo, cuando un ciudadano realiza pagos, intercambia títulos o efectos comerciales o simplemente trabaja a cambio de una nómina que se ingresa en su cuenta a la vista, en última instancia lo que hace es confiar y creer en los tipos del número 48 de la madrileña Calle de Alcalá.

Desde que los Medici en el siglo XIV alumbraran el negocio de la banca, pasando por  el Banco de Estocolmo en el XVII, que facilitó lo pagos comerciales y se inició en la  actividad del crédito, o el Banco de Inglaterra, que surgió para financiar la guerra y otros escarceos, hasta los Bancos nacionales actuales, cuya principal función no es otra que la gestión del riesgo que se concreta en unas potestades exorbitantes de control y supervisión, el régimen de responsabilidad ha sido y sigue siendo un auténtico enigma.

Así, cuando los responsables de velar por ese riesgo fracasan estrepitosamente, bien por ignorancia, bien por realizar ejercicios de alquimia y/o previsiones que acaban incumpliéndose, se abre entre nosotros el abismo. Y en nuestro caso patrio en particular, uno de los episodios más lamentables, tenebrosos e inquietantes de nuestra historia reciente que sospecho nunca será clarificado como es debido.

La Ley 26/1988, sobre disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito

Para ordenar esa confianza referida anteriormente existe la Ley 26/1988, que entre otras cosas, contiene un capítulo dedicado a las infracciones que pueden cometer las entidades de crédito en nuestro país. Entre el amplio elenco, ustedes podrán encontrar muchas de las cuales se han cometido estos años por nuestras entidades y otras que siguen cometiéndose sin que suceda gran cosa. Téngase en cuenta, además, que el artículo 7 se refiere a la prescripción de las infracciones muy graves y las graves, estableciendo que el plazo es de cinco años, sin que nadie en el Consejo de Ministros parezca interesado en proponer la elevación de ese umbral habida cuenta las circunstancias. Les aseguro que esto no es una cuestión menor.

Por su parte, el artículo 18 establece que la competencia para instruir expedientes  para la imposición de sanciones graves y leves recae en el Banco de España, que las califica e impone, mientras que la imposición de sanciones por infracciones muy graves corresponde al Ministro de Economía y Hacienda, pero a propuesta del Banco de España.

Adicionalmente, y esto es muy importante, hemos de tener en cuenta que el artículo 31 establece que cuando una entidad de crédito se encuentre en una situación de excepcional gravedad, haciendo peligrar la efectividad de sus recursos propios o su estabilidad, liquidez o solvencia, podrá acordarse la intervención de la misma o la sustitución provisional de sus órganos de administración.  Algo que, de conformidad con el segundo apartado, será también aplicable en aquellos casos en que, existiendo indicios fundados de que concurra la situación de excepcional gravedad a que el mismo se refiere, la verdadera situación de la entidad de crédito no pueda deducirse de su contabilidad.Es obvio queahora muchos se esfuerzan en hacernos creer que esta situación supone un mero problema temporal, es decir, que algunas medidas se debieron adoptar antes y que el retraso no tiene mayor trascendencia. Pero resulta que mis estudiantes de Derecho administrativo-económico de 2008, esos que siguen dando vueltas para encontrar una oportunidad de trabajo, ya sabían en ese tiempo que gran parte de las entidades crediticias de este país se encontraban en una situación de excepcional gravedad, por lo que resulta inevitable que se pregunten por qué quienes tienen la obligación y responsabilidad de saberlo, y dicho sea de paso, cobrando una barbaridad, no lo sabían o parecían hacer como que no lo sabían.

El artículo 43 de la Ley establece las competencias del BdE respecto su obligación de supervisión. No podemos transcribirlas aquí todas, pero sugiero que se lean con calma porque verán que allí está absolutamente todo. Es decir, el BdE es una entidad omnisciente y omnicomprensiva en este ámbito. Y como todo el mundo sabe, a todo gran poder le corresponde siempre una gran responsabilidad, pero veamos en qué se traduce esto último para que nos hagamos una idea de la importancia que nuestros legisladores le han otorgado a este tema a lo largo de los tiempos.

La Ley 13/1994, de Autonomía del Banco de España

De esta norma llama en primer lugar la atención el «deber de secreto» que se introduce en el artículo 6.  Y es que los miembros de los órganos rectores y el personal del BdE deben guardar secreto, incluso después de cesar en sus funciones, de cuentas informaciones de naturaleza confidencial tuvieran conocimiento en el ejercicio de sus cargos. Su Reglamento de Régimen Interno decreta igualmente el carácter reservado de los datos, documentos e informaciones que obran en poder del BdE.  Desconozco si el Proyecto de Ley de Transparencia dice algo al respecto, pero como ciudadano les aseguro que me importa muchísimo más qué se hace y qué no se hace en el BdE o qué información pueden considerar confidencial y cual no, que cualquiera otros asuntos que curiosamente causan griterío por no recogerse en la citada Ley de Transparencia.

Por su parte, y aquí llega lo importante, el artículo 25 se refiere a la renovación cese de los órganos rectores, indicándose que, entre otras causas, el Gobernador, Subgobernador y Consejeros cesarán por: a) Separación acordada por el Gobierno; b) por incapacidad permanente para el ejercicio de su función; c) incumplimiento grave de sus obligaciones; d) incompatibilidad sobrevenida o; e) procesamiento por delito doloso.

El mismo precepto establece que salvo en el caso de procesamiento por delito doloso, el acuerdo de separación deberá adoptarse a propuesta del Consejo de Gobierno del Banco, previa audiencia del interesado. Esto significa básicamente que sólo procesando por delito doloso a los cargos referidos, estaríamos ante una posibilidad real de cese en su cargo, porque nadie cuerdo puede esperar que el Consejo de Gobierno del Banco proponga el cese de alguien. Nadie puede esperar tampoco que Gobierno inicie movimiento alguno contra el actual Gobernador del Banco de España por los motivos que sólo ellos saben, por lo que, como era de esperar, le dejarán en su cargo hasta que expire el mandato.

No hace falta ser tampoco un genio para advertir la deliberada exclusión por parte del legislador de la modalidad culposa en ese artículo 25, aunque es cierto que la normativa penal al respecto podría dar juego interpretativo, pero la interpretación jurídica en este país no es libre - nunca ha sido libre -, por lo que no resulta complicado encontrar voces de esas «autorizadas», que enuncien lo que corresponda para evitar males y perjuicios mayores y que desautoricen también a quienes opinen lo contrario.

Finalmente, debemos mencionar de modo muy especial el artículo 29, que establece el régimen sancionador, pero se limita a la infracción del deber de secreto mencionado, a las reglas sobre incompatibilidades y a las limitaciones establecidas en el artículo 28, que serán sancionables, ojo, con multas de hasta cincuenta millones de pesetas. Sin olvidar, claro está, que corresponde al Gobierno la imposición de la sanción previo expediente que, instruido por el Ministerio para las Administraciones Públicas, se sujetará a las reglas del procedimiento sancionador aplicable a los funcionarios, además de que la incoación del expediente deberá efectuarse a propuesta o previo informe favorable del Consejo de Gobierno del Banco.

En conclusión

Tengo que admitir que este tema da para mucho e incluso habrá gente que podría escribir monografías enteras sobre ello. Pero más allá de las apariencias académicas y el barroquismo tan propio de nuestro país, lo cierto es que al final, incluso en ámbitos tan importantes como el de la supervisión bancaria y crediticia, todo es mucho más de andar por casa de lo que parece. La normativa vigente actual ha sido, es y será conscientemente insuficiente para meter en cintura a quienes se asientan en el Banco de España y otras instituciones asimilables, por lo que no es esperable una mejora de la normativa en lo que a responsabilidades se refiere habida cuenta el juego político que se abre la institución, primero con los plazos de nombramiento/cese de cargos, y segundo, como consecuencia de eso que llaman alternancia política.


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