Mi pequeño Salottino

Ya en 2010

Hace tan solo unos años eran otros grupos parlamentarios diferentes quienes se mostraban críticos con la ruta de cumplimiento del déficit e incluso presentaban iniciativas que ponían en entredicho las medidas con ella relacionada. Eran tiempos en los que una simple Proposición de Ley relativa a la suspensión de alguno de los capítulos del Real Decreto-Ley 8/2010, de medidas extraordinarias para la reducción del déficit, provocaba una gran algarabía parlamentaria y nos dejaba en evidencia ante la opinión pública internacional, que por entonces nos miraba con lupa ante las perspectivas que se avecinaban. ¿Están comprometidos estos españoles con sus obligaciones o no lo están? Era la pregunta recurrente en algunos medios extranjeros.

El mencionado Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, en consonancia con los acuerdos adoptados en el consejo de ministros de aquella fecha y las exigencias que llegaban desde Bruselas - y no solo Bruselas -, aprobó efectivamente medidas extraordinarias para reducir el déficit público. El ahorro de gasto público previsto por entonces  ascendía a unos 5.250 millones de euros adicionales para el resto de 2010, a los cuales había que sumar otros 10.000 millones de euros para el año 2011. El Real Decreto-Ley, además, se convalidó por el Congreso de los Diputados el 27 de mayo de 2010, sin que nadie mínimamente racional pensase que en verdad se podía hacer otra cosa. Además, como consecuencia de las circunstancias que por entonces atravesaba este país y que nadie ya dudaba, comunicación tras comunicación, declaración tras declaración, iniciativa tras iniciativa, se dejaba claro que era inaplazable realizar las reformas necesarias para reducir el déficit y que incluso estaba justificadísimo el uso acelerado de la habilitación constitucional del artículo 86 para materializarlas.

Así, entre otras medidas económicas, por entonces se previó la suspensión de la revalorización de las pensiones de carácter contributivo para 2011, una medida muy poco popular, claro está, pero el Real Decreto-Ley 8/2010 fue una iniciativa valiente que obedecía claramente a esa necesidad de adoptar decisiones extraordinarias para intentar estabilizar los costes de financiación de España cuanto antes, ya que el contexto económico global ni los operadores financieros entienden de posicionamientos ideológicos ni catecismos doctrinales, caracterizándose esencialmente por su inmediatez. Por eso, en un contexto de alta volatilidad financiera como el que existía entonces, y como consecuencia de las exigencias de consolidación fiscal que ya eran inexcusables, era evidente que había que adoptar seguidamente medidas de recorte de gasto, gustase más o gustase menos, era nuestro deber. Y de ahí que el planteamiento de iniciativas parlamentarias tendentes a poner en entredicho aquellas medidas y el compromiso con el cumplimiento con los objetivos de déficit, era a todas luces contraproducente; porque ello significaba una pérdida de credibilidad ante el escenario internacional y porque a nuestros socios europeos y a los operadores financieros se les estaba indicando otra cosa.

La interrupción de dichas medidas derivaría en un aumento inmediato y significativo de los costes de financiación de nuestro país, algo que, increíblemente, sigue costando a mucha gente entenderlo, es decir, la sensibilidad del mercado ante este tipo de interrupciones o amagos de incumplimiento, porque la reacción no es especulativa sino a todas luces predecible, aunque algunos altos funcionarios, economistas de referencia y chamanes varios se empecinen en hacer creer a la gente lo contrario. Es claro, consecuentemente, que este tipo de medidas o movimientos que deslizan el incumplimiento de nuestras obligaciones no solamente penalizan nuestras emisiones de deuda, sino todo el sistema económico-financiero; y como país quedaríamos en muy mal lugar desde el punto de vista de la credibilidad.

Así las cosas, si la aceptación de modificaciones parciales en las decisiones de recorte de gasto público hace escasamente unos años, incluso meses, generaba este tipo de situaciones y reacciones, imagínense adoptar medidas de más calado proyectadas en esa misma dirección. Téngase en cuenta, además, que somos un país altamente dependiente de las emisiones de deuda para costear nuestra estructura y servicios, y que ya en 2010  sólo los costes de la deuda ascendían a unos 23.000 millones, en 2012 a 38.000 millones, en 2014, a pesar de la reducción derivada de la caída de la prima de riesgo, los costes serán de unos 36.000 millones... Y en 2015 ya veremos, porque en tan solo unos años parece que hay quienes se han olvidado del fatídico Mayo de 2010 y no alcanzan a comprender tampoco que el reformado artículo 135 de la Constitución, como bien decía alguien hace unos días en un medio económico que no recuerdo en este momento, fundamentalmente nos protege de un uso temerario de las finanzas públicas. Esto último, el uso temerario del dinero público, sí que es la prioridad absoluta en un momento como el actual, puesto que los excesos y despilfarros nos avergüenzan como ciudadanos y como contribuyentes, siendo tal vez, al mismo tiempo, el factor que más intensamente alimenta otros muchos escándalos que nos tienen conmocionados. 


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