Mi pequeño Salottino

Sobre el Anteproyecto de Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas

Decía el juez Louis D. Brandeis, magistrado del Tribunal Supremo norteamericano entre 1916 y 1939, es decir, justo el periodo de tiempo en el que se estaba diseñando un nuevo mundo y las personas de acción cobraban protagonismo para siempre, que «aquellos juristas que no se habían preocupado por la economía y la sociología, eran muy aptos para convertirse en enemigos públicos». Se trata de una cita que conocí en mis tiempos de estudiante y que desde entonces me ha perseguido; llevándome incluso a convertirme en una rara avis por mostrar más interés por lo que sucedía en el Dow Jones de industriales o en las reuniones de la FED, que en lo que aparecía en el BOE o decía el reputado jurisconsulto de turno. Tengo que admitir, no obstante, que no ha sido hasta el pasado semestre, cuando gracias a un alumno polaco (de lejos, el mejor alumno que he tenido), he averiguado que la referencia se contiene en un ensayo titulado «The living law» (Viking Press, New York, 1934).

La reflexión del juez Brandeis, hay que decir que, contrariamente a lo que manifestaban algunos académicos en mis tiempos de estudiante,no tiene un sentido esencialmente provocador. Esa afirmación encierra una realidad aplastante, una verdad que en nuestra disciplina se acepta en muy pocas ocasiones y que, cuando se acepta, se hace a regañadientes. Para los más legos en asuntos económicos, la cita simplemente se considerará un exabrupto o se desmerecerá, como se desmerece la economía o se repudia y exorciza el sistema de libre mercado; pero lo cierto es que si uno analiza seriamente, tanto la labor legislativa, como la propia interpretación del derecho contemporáneo, en muchísimas ocasiones se observará que, efectivamente, con bastante frecuencia se regula, se interpreta y se aplican las normas, de modo económicamente temerario.

Un nuevo ejemplo de regulación económicamente temeraria

Estos días hemos tenido conocimiento del Anteproyecto de Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas. Un texto que según informaba el pasado viernes el diario El Economista, se está elaborando en los gabinetes del Ministerio de Fomento y que viene a sumarse a otras referencias normativas de ámbito autonómico y local que en la actualidad también se están desarrollando. La norma en cuestión, según se apunta, viene a reformar, entre otras disposiciones, la siempre fatigosa en su interpretación y aplicación: Ley de Propiedad Horizontal. Y lo hace en relación a uno de los temas más controvertidos y polémicos, es decir, las exigencias de unanimidad y mayorías que las comunidades de propietarios deben respetar para adoptar decisiones sobre diferentes tipos de obras que afecten a elementos comunes o privativos.

Al parecer, el anteproyecto prevé que las obras necesarias para el mantenimiento o conservación del inmueble y de sus servicios e instalaciones comunes, no requerirán aprobación por parte de la junta de propietarios, debiéndose incluir entre ese tipo de obras, aquellas que resulten necesarias para satisfacer los requisitos básicos de seguridad, habitabilidad y accesibilidad; así como las condiciones de ornamentación y cualesquiera otras derivadas de la imposición, por parte de la Administración, del deber legal de conservación. El texto prevé también que no será necesario aprobar en junta de propietarios las obras que resulten «necesarias» para garantizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad universal y las que sean requeridas a instancia de los propietarios en cuya vivienda vivan, trabajen o presten sus servicios altruistas o voluntarios, personas con discapacidad, o mayores de setenta años.

Para los supuestos de personas con discapacidad, la norma prevé igualmente que no sea necesario aprobarse en junta de vecinos la instalación de rampas, ascensores u otros dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan su comunicación con el exterior. Tampoco se precisará acuerdo de propietarios cuando, atención, la obra suponga la ocupación de elementos comunes del edificio o del complejo inmobiliario privado durante el tiempo que duren las obras.

Breve glosa aclaratoria

Los chicos y chicas que estén redactando en este momento el borrador de ley referido, es muy posible que estén convencidos de estar haciendo un gran trabajo e incluso una buena obra, por el barniz social que se acompaña y que tan fácilmente se vende a la opinión pública. Me imagino que habrán tomado nota de la experiencia acumulada por la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal de pasadas legislaturas y la adaptación a ciertas normativas europeas e incluso disposiciones internacionales, como la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; pero la realidad, la cruda realidad, siempre es más compleja de lo que los planificadores y redactores de borradores de leyes alcanzan a visualizar. Y me refiero tanto a los planificadores de Bruselas, como a los propios, que seguramente no han prestado atención debida a la casuística, a las desavenencias e incluso la litigiosidad, a la que ha dado lugar la parcheada Ley de Propiedad Horizontal a este y otros respectos.

Es posible, no obstante, que estemos equivocados y en realidad asistamos a una obra de arte legislativa, pero las filtraciones nos hacen presagiar que el anteproyecto de ley viene nuevamente a violentar el derecho de propiedad, aunque lo hará de manera ciertamente sibilina y con buena sofística. Igual que había sucedido ya con la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad e incluso con la Ley 8/1999, de 6 de abril, de Reforma de la Ley de Propiedad Horizontal. Me temo que a los muchachos que el gobierno ha puesto a trabajar para que, a golpe de normativa, intenten reactivar la obra en este país, nadie les habrá advertido del cirio que puedan armar entre vecinos, propietarios, administradores, autoridades públicas, gestores, etc., con ocasión de la modificación del régimen de mayorías en este ámbito. O tal vez sí les han avisado pero en el fondo les da igual, porque de lo que se trata es de vender humo.

Pero conviene advertir a los planificadores que redactan en este momento la propuesta normativa, que los propietarios y vecinos de este país no tienen un duro; que las familias españolas están al borde del colapso y no pueden afrontar más compromisos dinerarios. Que los centenares de millones de euros prometidos por las Comunidades Autónomas para rehabilitación de edificios en virtud de diferentes mecanismos administrativos, además de crear un auténtico caos entre vecinos que siempre se habían llevado bien, nunca han llegado, dejando en muchos casos obras a medio terminar, contratistas que ya no quieren contratar con la Administración ni tampoco con las Comunidades, además de un reguero de impagos de cuotas adicionales y malas relaciones de vecindad para siempre. Pequeños detalles que acompañan a determinados movimientos legislativos.


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