Mi pequeño Salottino

Sobre la Administración insolvente

Hubo un tiempo en este país en el que todo el mundo hacía lo indecible con tal de convertirse en proveedor o contratista de alguna institución pública. La pasión por los poderes públicos y sus sucedáneos institucionales o societarios llegó a tal punto, que para mantener una posición de simpatía y privilegio de cara a futuras contrataciones, incluso se asumían - y se asumen – deudas cruzadas que por alguna circunstancia convencional o presupuestaria no podía liquidarse momentáneamente por algunos entes públicos.

Como consecuencia del derrumbe económico del país, la Administración pública, en toda su extensión, comenzó a convertirse allá por 2008 en un enorme problema para quienes de manera regular o puntual con ella contrataban. En 2009 se alcanzó un nivel asfixiante y la alegría fue dando paso progresivamente al desconcierto y seguidamente al miedo. Los problemas de solvencia de las Administraciones se situaron en el punto de mira de todos y obligaron a muchos contratistas a asumir impagos de manera masiva e incluso a emigrar.

El deterioro generalizado desencadenó también un torrente de procesos concursales y liquidaciones empresariales, surgiendo algunas voces que alertaban de la necesidad de adoptar medidas legislativas para medio contener la hemorragia. La explicación de muchos autoproclamadoskeynesianos fue muy simple: había que dar trabajo a las empresas en dificultades para contener el derrumbe de todo el sector y evitar centenares de miles de desempleados.

Las medidas de 2010

Entre otras iniciativas por todos conocidas y ya criticadas hasta la extenuación, a mediados de 2010 el gobierno hizo una serie de reformas normativas con la aprobación del Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo. En la misma norma que se aprobó la renovación de la prórroga sobre excepciones a la aplicación de los nuevos criterios de valoración de suelo, se modificaron también los artículos 49 y 209 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, y los artículos 13 y 33 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

La idea era conseguir una mejora de la posición de compañías declaradas en concurso de cara a la contratación pública, permitiendo de este modo a las Administraciones públicas contratar y mantener también las subvenciones con empresas en situación de concurso de acreedores. Unas medidas impactantes e impensables en otras circunstancias, pero es cierto que venían reclamándose desde diferentes instancias judiciales y profesionales, en la creencia de que servirían para evitar la liquidación de muchas de esas empresas. De este modo nos inventamos unos mecanismos para seguir inyectando recursos públicos al sector, sosteniendo incluso que no se afectaba al tradicional requisito de la solvencia financiera de las empresas contratantes. Algo que era más que dudoso por los motivos que todos pueden imaginar.

El balance de aquellas medidas seguirá siendo objeto de debate en la actualidad y cada cual conjeturará lo que considere oportuno, pero esta semana nos dicen desde el INE que las empresas en concurso siguen subiendo, sumando ya 5.821 procedimientos, subrayándose además que un tercio de los concursos se corresponden con empresas cuyo objeto social es la construcción y promoción inmobiliaria. El derrumbe sigue su curso sin que nada ni nadie pueda evitarlo. Tampoco el BOE.

La morosidad pública

Alguien podría haberse preguntado de qué serviría dar trabajo activamente desde los poderes públicos si ni siquiera los contratistas tendrían un horizonte claro de pagos. Ciertamente. Y sobre todo, teniendo en cuenta los precedentes, así como las notorias dificultades de financiación externa, que iban a persistir durante años, provocando que la morosidad de las Administraciones no haga, sino acrecentar los problemas que de por sí ya eran difícilmente resolubles.

Además, hasta la fecha nadie conoce la deuda real de las Administraciones públicas españolas en toda su extensión. Sólo sabemos a ciencia cierta que ese endeudamiento se ramifica hoy entre proveedores, trabajadores, banca, Seguridad Social e incluso con otras entidades públicas; siendo ya más que evidente las dificultades de muchas de ellas para refinanciar créditos con los que asumir temporalmente sus obligaciones más elementales.

En el ámbito local el escenario es especialmente dramático. Aunque siempre se recurrirá al manido argumento de los problemas irresueltos de la financiación de las Corporaciones Locales; que algo de eso hay, claro está, pero sería auto-engañarse nuevamente pensar que ahí están todos los males y desafíos del ámbito local. En 2010 no había que ser un genio para entender que dedicar recursos públicos para apuntalar un sistema en violenta corrección sería algo más que inútil; algo así como defenderse con unas tijeras cuando te atacan con tanques. Ahora tampoco hay que serlo para comprender que no se trata exclusivamente de un problema de financiación de las Corporaciones Locales y que la corrección terminará afectando a más variables.

Así las cosas, tal vez debemos asumir que el endeudamiento generalizado al que las propias Administraciones han contribuido activamente, no era ni es fácilmente solucionable vía cambios normativos que de alguna manera vienen a incidir, e incluso estimular, esa perniciosa estrategia de gastos públicos forzadoscuando ni siquiera se está en condiciones de asumir los esenciales.

Twitter: @JJGAlonso


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