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No todo es color de rosa en Apple: 11 organizaciones de consumidores la denuncian por dar menos garantía de la obligatoria

Les acusa de ofrecer información sobre la garantía privada que dan de un año sin tener en cuenta que la ley obliga a dos años.

Un cliente muestra una imagen del nuevo iPad
Un cliente muestra una imagen del nuevo iPad EFE

No todo es de color de rosa para Apple, que este lunes revolucionó el mercado anunciado un pago de dividendo por primera vez en 17 años. La organización de consumidores OCU  ha  denunciado  a  la compañía de la manzana por  vulnerar  los derechos  de  los  consumidores.  La denuncia también se ha dado en otras diez organizaciones de consumidores europeas, (concretamente de Italia, Bélgica, Portugal, Luxemburgo, Alemania, Países Bajos, Polonia, Eslovenia, Dinamarca y Grecia), que han interpuesto una demanda ante la unión de consumidores europea.

Según asegura la OCU, "Apple  está  ofreciendo  para  sus productos una garantía de tan solo un año, cuando en realidad la ley obliga al vendedor a responder de los defectos de los productos durante dos años desde la fecha de compra". Según asegura, "existe  una  clara  política  comercial por  parte  de  Apple  y  sus distribuidores  de  informar  a  los  consumidores  de  que  sus  productos  solo  están cubiertos  por  un  año  de  garantía,  y  de  que  cualquier  garantía  posterior  debe contratarse aparte".

A juicio de la OCU, "Apple ofrece una información engañosa, o que puede inducir  a  error  a  los  consumidores,  acerca  de  las  garantías  que  cubren  sus productos, omitiendo  además  la  mención  de  que, aparte  de  las  coberturas adicionales que pueden contratarse con Apple, los productos están cubiertos por las garantías que establece la ley durante los dos años posteriores a su fecha de compra".

Detrás  de  esta  política  comercial,  según  la  OCU,  Apple  persigue  que  sus clientes  contraten    el  “AppleCare  Protección  Plan”,  una  “extensión”  de  la garantía  que  supone  un  engaño  y  un  perjuicio  económico  para  el  consumidor, puesto que tiene  que pagar un  precio por  un  servicio  de reparación  al que ya tiene derecho de forma gratuita según la legislación española.


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