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Más de 300.000 edificios tendrán problemas para recibir los canales de la TDT a partir del 1 de enero

Desde hace varios, España sabe que debe adaptar su espectro radioeléctrico para dejar libre la banda de 800 MHz pero, a un mes de que venza el plazo para hacerlo, sólo un 10 % de los edificios han preparado sus antenas para acoger este cambio y las empresas instaladoras avisan que no pueden cubrir toda la demanda antes del 1 de enero.

Más de 300.000 edificios de toda España dejarán de recibir correctamente la señal de la TDT a partir del próximo 1 de enero. Ese día, las televisiones y radios cesarán sus emisiones en la banda de 800 MHz del espectro radioeléctrico para que las empresas de telecomunicaciones puedan aprovecharlo para sus servicios de banda ancha 4G. Estas miles de comunidades de vecinos no podrán adaptar sus antenas a las exigencias del denominado Dividendo Digital porque los fabricantes y los instaladores no dan más de sí, y no tendrán ni las piezas ni el tiempo suficientes para garantizar ese cambio.

Esta modificación fue promovida por la Comisión Europea en 2010; y en España se ha retrasado paulatinamente hasta el último día de plazo debido, entre otras cosas, a los problemas judiciales que ha ocasionado la distribución de las frecuencias. El pasado 26 de octubre, los canales de televisión comenzaron a emitir en sus nuevas frecuencias, pero con el comienzo del nuevo año la totalidad de ellos dejarán libres las antiguas para que Telefónica, Vodafone u Orange puedan utilizarlas para sus nuevos productos de 4G.

Desde la patronal de empresas instaladoras de las telecomunicaciones (FECOTEL) han avisado, en declaraciones a Vozpopuli, que el escaso margen con el que han contado en esta última fase de adaptación al Dividendo Digital les ha provocado un “colapso” y una situación de desabastecimiento de componentes que conllevará que varios millones de personas no puedan varios canales de televisión a partir del primer día de 2015.

También han lamentado que, con el cambio de legislatura, este asunto permaneciera en una situación de latencia "injustificada", lo que hizo que se demorara un cambio que, si se hubiera efectuado de una forma ordenada, no habría provocado ningún problema a los ciudadanos.

A pocas semanas de la fecha límite, los empresarios estiman que sólo ha acometido los cambios en sus antenas un 10% del millón de edificios que necesita completarlos. Esto se debe, principalmente, a la información con cuentagotas que se ha transmitido a la sociedad desde el Gobierno acerca de este asunto, fruto de lo que consideran una “mala planificación”. “Un ejemplo de este hecho es que se han producido reuniones sobre el Dividendo Digital en las que no estaban presentes todos los agentes implicados. Esto dice mucho de la falta de coordinación que ha existido”, han destacado.

Retraso en las subvenciones

Otro de los factores que explica la falta de adecuación de las comunidades de vecinos al Dividendo Digital es la tardanza del programa de subvenciones lanzado por el Gobierno –al que se han dedicado 280 millones de euros-,  cuya solicitud sólo se ha podido realizar desde la semana pasada. “A nuestro juicio, esto ha contribuido a retrasar aún más el proceso de cambio en las comunidades, dado que no sabían si obtendrían financiación, ni dónde, ni cómo solicitarla”, han manifestado desde la patronal.

Ante este “cuello de botella” que padece el mercado, los fabricantes de las piezas necesarias para adaptar las antenas no cuentan con el ‘stock’ suficiente para aprovisionar a todas las empresas instaladoras; y sólo lo podrán cubrir el 70 % de la demanda. Esto afectará a los antenistas, que no podrán atender todas las peticiones que reciban en las próximas semanas, tanto por escasez de material, como por “desmesurado” número de clientes que esperan.

En este contexto, muchos han detectado una oportunidad para hacer negocio a costa de la sobrecarga de trabajo de las empresas y de la desinformación de la ciudadanía. Por eso, han aparecido instaladores “piratas” que están haciendo su particular agosto a costa de este asunto. ¿Cuál es el problema para las vecindades? Principalmente, que no podrán solicitar la subvención de la obra, dado que no podrán presentar la factura de una de las empresas que aparezcan en el registro que maneja el Gobierno.


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