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Telemadrid despide al grueso del comité de empresa, protegido por el Estatuto de los Trabajadores

Fuentes sindicales aseguran que la televisión pública ha incurrido en una ilegalidad pues los miembros del comité tienen "prioridad de permanencia en la empresa". Desde el ente niegan haber actuado ilegalmente y ya esperan el juicio.

Telemadrid despide al grueso del comité de empresa, protegido por el Estatuto de los Trabajadores
Telemadrid despide al grueso del comité de empresa, protegido por el Estatuto de los Trabajadores

Telemadrid ha puesto en la calle a un 95% de los miembros de su comité de empresa en los despidos ejecutados el pasado sábado. Según fuentes sindicales, en la televisión pública madrileña sólo han quedado dos representantes del órgano sindical de los trabajadores de los 27 que había (hablando sólo de la TV y dejando fuera el ente y la radio). Desde la empresa pública ni se confirma ni se desmiente esta información, alegando que los despidos "se hacen por departamento". Para los trabajadores, estos despidos son ilegales, pues aseguran que el Estatuto de los Trabajadores da prioridad a los miembros del comité de empresa a la hora de librarse de ellos. Los sindicatos, por tanto, preparan ya su impugnación.

El artículo 51.5 del Estatuto de los Trabajadores habla en diversas ocasiones de que "los representantes legales de los trabajadores tendrán prioridad de permanencia en la empresa" siempre que no se extingan por completo sus funciones. A igual categoría profesional debería priorizarse la permanencia de los miembros del comité. Pero en los burofax que ha enviado la compañía y a cuyo contenido ha tenido acceso Vozpópuli se especifica que las personas que se quedan lo hacen por "ser imagen de la cadena o por su especial capacidad organizativa" sin tener en cuenta si forman parte o no de las organizaciones sindicales.

Comité desde el exiliio

Desde Telemadrid se asegura que "el procedimiento se ha hecho con un arreglo escrupuloso a la ley y hemos tomado todas las prudencias y todos los cuidados. Es verdad que los sindicatos han anunciado que van a impugnar judicialmente el procedimiento pero no lo valoramos. Hacemos las cosas ajustándonos escrupulosamente a la ley". No piensan lo mismo los miembros del comité de empresa, que ha quedado mermado y a cuyos trabajadores despedidos se les ha impedido entrar en las instalaciones aunque, según aseguran, siguen teniendo vigentes sus funciones sindicales "y tienen la obligación de defender a los que se han quedado aquí". "Las elecciones se celebraron hace sólo un año por lo que siguen siendo los representantes legítimos de los trabajadores", aseguran en Comisiones Obreras mientras desde CGT no se descarta que "ejerzan la función desde el exilio".

Por otra parte, otras fuentes sindicales ajenas a Telemadrid creen que la ley ampara por el momento al comité y que "si denuncian lo ganarán", tomando como ejemplo otros casos similares que se han producido con anterioridad en el diario El Mundo.

¿Una protección legítima?

La protección a miembros del comité está amparada por la ley pero, ¿es legítima? Para Agustín Yanel, del sindicato de periodistas, "si no existiera la protección legal a los miembros de los comités de empresa, nadie se presentaría en ellos, porque son muy incómodos para las compañías". De igual modo piensan los sindicatos, que aseguran que los miembros del comité deben ser los últimos en abandonar el barco para seguir defendiendo hasta el último momento los derechos laborales de los trabajadores.

Planes de futuro

Por último, desde la empresa se pinta un futuro de mucho esfuerzo para recuperar una televisión pública lastrada por las continuas huelgas y a la que el público le ha dado la espalda, y que además seguirán costando muchos millones de euros públicos a los madrileños este 2013. Se declaran conscientes de que "habrá que externalizar algún servicio" pero se destaca que el dinero gastado en salarios, una vez que se produzcan todos los despidos, pasará "de 55 millones de euros a 16 ó 17 millones, un esfuerzo de austeridad brutal". De igual modo, se niegan las acusaciones sindicales de haber realizado despidos políticos.


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