El año más negro para las TV públicas: se corroen entre deuda y manipulación

El pasado noviembre, The New York Times publicó un amplio reportaje sobre los medios de comunicación españoles en el que se reproducían varias de las denuncias que ha recibido RTVE en los últimos tiempos por estar sometida al control del Gobierno. El texto aseguraba que la cadena pública ha ocultado o minimizado la importancia de los casos de corrupción que han afectado al Partido Popular y aludía, con tono crítico, al cambio de la ley que realizó el Ejecutivo en 2012 para poder elegir al presidente de TVE sin necesidad de alcanzar un consenso con el resto de los partidos. Este tipo de acciones han sido habituales en todas las televisiones estatales y autonómicas desde su fundación, lo que, con el tiempo, ha mermado su credibilidad y ha espantado a la audiencia. En 2015, su cuota de pantalla alcanzará su mínimo histórico. De hecho, la suma de La 1, La 2 y de los canales de FORTA ni siquiera ha alcanzado el 20% del share en diciembre.

El Estado y las comunidades autónomas han gastado en este 2015 un total de 1.877,40 millones de euros en el mantenimiento de las radios y televisiones de su propiedad. Sobre el papel, para garantizar que los ciudadanos reciben una información completa y plural, así como para difundir la cultura o el idioma de cada territorio. En la práctica, para defender los intereses de los gobiernos que las mantienen. De hecho, ninguno de estos medios de comunicación ha escapado a las críticas de manipulación informativa o a las acusaciones de clientelismo.

Algunas cadenas autonómicas han iniciado en este 2015 planes para despolitizar su parrilla de programación ante la caída en picado de su audiencia

El poco crédito que conservan los servicios informativos de estos canales explica, en buena parte, la severa caída de audiencia que han sufrido. El resto se puede atribuir a la pérdida de calidad de su parrilla de programación como consecuencia del tijeretazo que sufrió su presupuesto en los años más duros de la crisis económica. La suma de estos dos factores ha hecho que los canales públicos generalistas (La 1, La 2 y la FORTA) registraran en agosto su mínimo histórico de audiencia (19%) -según datos recogidos por Barlovento Comunicación- y que ni siquiera hayan podido terminar el año por encima del 20%. En diciembre de 2014, su cuota de pantalla fue del 20,6%, la misma que en el mismo mes de 2013. En 2012, fue del 22%. Y en el global de 2011, del 27,5%. Una auténtica caída en picado.

Después de las elecciones autonómicas, algunos de estos medios de comunicación han emprendido procesos de renovación con el objetivo -en teoría- de despolitizar su programación y sus estructuras directivas. Uno de los casos más significativos es el de Telemadrid, que en unos años pasó de ser una de las cadenas autonómicas de referencia a convertirse en una de las menos vistas de la FORTA. Para tratar de devolverla a su anterior posición, la Asamblea de Madrid, con el apoyo del PP y C's, ha aprobado una nueva ley para esta televisión pública que no ha contentado a todos, pero que ha supuesto un paso adelante en el intento de evitar la manipulación informativa. Uno de sus puntos contempla que cinco de los consejeros del Ente Público Radio Televisión Madrid sean elegidos a partir de ahora por las asociaciones profesionales de periodistas, en lugar de por los diputados de la Asamblea.

En otros medios de comunicación, como el Canal Extremadura, se han puesto en marcha proyectos interesantes, en este sentido, como el que ha permitido elegir mediante un concurso público a su nueva directora general, Carmen Santos. En Castilla-La Mancha Televisión, por su parte, el polémico Nacho Villa dejó su puesto tras el cambio de color del Gobierno autonómico, algo que acalló casi por arte de magia las críticas de los sindicatos de la cadena hacia la manipulación informativa. Eso sí, una de las primeras decisiones que tomó su nueva directora, Carmen Amores, fue la de despedir a varias decenas de periodistas que habían sido contratados por su predecesor.

En noviembre de 2011, 37 de los 50 programas más vistos de la televisión se emitieron en La 1. En el mismo mes de 2015, sólo fueron 3

TVE se desangra

Si la caída de audiencia que han sufrido las televisiones autonómicas durante los últimos años ha sido grande, no lo es menos la de Televisión Española. Basta consultar las estadísticas para comprobar que, en noviembre de 2011, 37 de los 50 programas más vistos de España se emitieron en La 1, que consiguió un share global del 14,6%. El mes pasado, la cadena pública sólo situó tres espacios en esa lista. Fueron las entrevistas que realizó Bertín Osborne al torero Manuel Díaz El Cordobés, a Pedro Sánchez y a Adolfo Suárez Illana. Su cuota de pantalla total fue del 9,7%, muy inferior a la de Telecinco (15,1%) y a la de Antena 3 (14,3%).

La cuantiosa inversión que ha realizado en su parrilla de programación de otoño su equipo directivo, encabezado por José Antonio Sánchez, no ha dado resultado. De hecho, su audiencia ha sido inferior a la de 2013 y 2012 y, por supuesto, a la de los años anteriores, cuando la televisión pública podía mirar a la cara a las privadas.

Desde los grupos de la oposición, han acusado a los gestores de la pública de dilapidar decenas de millones de euros en contratos con productoras que no han derivado en una mejora de los resultados. Pero Sánchez ha respondido con evasivas siempre que ha acudido al Congreso. "Si quienes están al mando de Televisión Española hubieran trabajado para Telecinco o Antena 3 y hubiesen presentado los mismos resultados, hace tiempo que habrían sido fulminados por el Consejo de Administración", incide el directivo de una cadena privada.

La espiral de decadencia en la que se han sumido estos medios de comunicación hace cada vez más difícil de justificar la enorme suma de dinero público que se destina para mantenerlas. Este año, ha sido de 1.877 millones de euros, de los que 948,7 han ido a parar a TVE, 225 a TV3, 161,5 a Canal Sur, 122,7 a EiTB y 106,8 a TVG, entre otras. Los réditos obtenidos han sido muy escasos. Mínimos. Eso sí, cualquier gobierno que se atreva a plantear la desaparición o la reducción de la dimensión de estos medios de comunicación sabe que pagará un considerable coste político. Como le ocurrió en su día a Fabra con el ruinoso Canal 9.