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España aún no ha recaudado ni un euro de los 300 millones que dio a las CCAA de forma "ilegal" para la TDT

La Comisión Europea declaró estas ayudas ilegales en 2013 y pidió a España que las recuperara, pero aún no lo ha hecho. El Estado, cuatro comunidades autónomas y Abertis tratan de demostrar estos días en el Tribunal de Justicia de la UE que estas subvenciones se concedieron de forma adecuada.

España y varias autonomías participan estos días en Luxemburgo en un litigio por la TDT
España y varias autonomías participan estos días en Luxemburgo en un litigio por la TDT EFE

La Comisión Europea dictaminó en junio de 2013 que el programa de ayudas que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero había creado para llevar la televisión digital a las zonas más remotas de la geografía nacional era ilegal, dado que concedía un claro trato de favor a la TDT con respecto a otras tecnologías. Semanas después de que trascendiera la decisión, la Comisión estableció un periodo de cuatro meses para que España recuperara el importe total de este plan nacional. Hoy, 15 meses después de que expirara ese plazo, el Estado y las comunidades autónomas no han recaudado ni un euro de los 306 millones que están obligados a reintegrar en sus arcas.

Desde el pasado miércoles, el Estado, la compañía Abertis y las comunidades autónomas de Cataluña, Galicia, Navarra y País Vasco tratan de demostrar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que este programa de ayudas se tramitó y concedió de forma adecuada, a pesar de que la Comisión Europea se ha manifestado rotundamente en contra del modo en que se otorgó.

Su principal argumento estriba en que las compañías que emiten en abierto en España no tienen la obligación de garantizar la señal a más del 4% del territorio, en caso de las privadas, y del 2%, en el de Televisión Española. Eso hizo necesario que se creara un plan de subvenciones para extender la cobertura a las partes de la geografía nacional más remotas, en las que habita aproximadamente el 2,5% de la población. Esto, a su juicio, justifica el modo de proceder que tuvo el Estado para asegurar un servicio que consideran de interés económico general.

El programa de ayudas lo creó el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en 2005

Según fuentes implicadas en el procedimiento, el Tribunal ha solicitado información a las partes implicadas en el proceso para tratar de dilucidar si realmente la Comisión Europea tiene razón cuando afirma que las subvenciones se adjudicaron de forma irregular. Cuando un Estado miembro proyecta conceder ayudas de este tipo, debe justificarlo ante la UE, presentar diversos detalles sobre la situación del mercado al que se dirigen y el modo en que se va a distribuir el dinero. España trata de demostrar ante el Tribunal que hizo todo esto, pero tenemos serias dudas sobre ello, aseguran estos informantes, que añaden que los próximos en presentar sus argumentos ante la Corte serán Cataluña, este miércoles, y la compañía Abertis, el jueves.

Un problema iniciado bajo el Gobierno de Zapatero

El origen de este asunto hay que buscarlo en 2005, cuando el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó una línea de ayudas para que los habitantes de las zonas en las que resulta más complicado recibir la TDT pudieran dar el salto del sistema analógico al digital, ante el apagón del sistema tradicional que se produciría cinco años después.

Algunas compañías de cable y de satélite (entre ellas, SES Astra) decidieron impugnar ante la Comisión Europea este programa de subvenciones, al considerar que beneficiaba la tecnología TDT frente a otras opciones de televisión como, por ejemplo, la suya. Esta instancia de la UE le dio la razón y le obligó a recuperar esta partida presupuestaria.

La Comisión Europea consideró que en la concesión de las ayudas se otorgó un trato de favor hacia la TDT

Las partes afectadas recurrieron el dictamen, pero la Comisión Europea rechazó establecer cualquier tipo de medida cautelar, lo que obligaba a España a recaudar 260 millones de euros en cuatro meses (posteriormente ascenderían a 306 tras ser declaradas ilegales las ayudas de Castilla-La Mancha), así como a presentar una lista de beneficiarios. Ese plazo venció hace un año y tres meses, pero el dinero no ha retornado a las arcas públicas.

Conversaciones entre España y la UE

¿Por qué España no ha reclamado y por qué la UE no ha reclamado el pago? Dos de las fuentes implicadas en el contencioso apuntan a que la devolución de las ayudas y la sentencia del Tribunal de la UE van por caminos paralelos, por lo que las subvenciones ya deberían haber sido devueltas, aunque posteriormente la Corte falle a favor de España. Por tanto, intuyen que se ha producido un acuerdo informal entre el Ministerio de Industria y la Comisión Europea para dilatar este proceso hasta que la decisión se haga efectiva.

Entre las comunidades autónomas más afectadas por este programa de ayudas a la TDT se encuentran Cataluña (52 millones de euros), Castilla y León (37), Castilla-La Mancha (43); Aragón (20) y Galicia (17).

A pesar de que el problema de la recuperación de las subvenciones todavía no se ha resuelto, ni mucho menos, algunas de las autonomías ya han iniciado un nuevo procedimiento para garantizar la cobertura en sus zonas más remotas. Navarra y Andalucía han convocado concursos, mientras que La Rioja y Canarias han abierto un diálogo competitivo para reunir información sobre la tecnología que les resultaría más beneficiosa.


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