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Un contrato blindado obliga a la RTVV a pagar un alquiler de 23.000 euros al mes hasta 2035

Los administradores de la Radiotelevisión Valenciana no incluyeron ninguna cláusula de rescisión en el contrato de alquiler de su sede principal en Alicante, que caduca en 2035 y contempla una mensualidad de 23.000 euros. Esta empresa pública cerró en 2013, pero costará este año 90,4 millones de euros a los contribuyentes. Su liquidación se eterniza y tres de sus responsables han dimitido.

Sede en Burjasot de la Radiotelevisión Valenciana
Sede en Burjasot de la Radiotelevisión Valenciana EFE

El proceso de liquidación de la Radiotelevisión Valenciana (RTVV) amenaza con enquistarse. El maremágnum de contratos en vigor de este medio público y la farragosa e “inexplicable” letra pequeña que incluyen algunos de ellos ha provocado que las personas a las que se ha designado para sellar esta empresa pública se enfrenten a una tarea de la que les resultará complicado salir airosos. El último gran escollo que han encontrado es el acuerdo para el alquiler del edificio principal de la compañía en Alicante, que obliga a pagar a la Generalidad Valenciana una mensualidad de alrededor de 23.000 euros a la empresa Mizquitillas S.L. y está vigente hasta 2035.

Este contrato se firmó en verano de 2002 y “fue etiquetado como confidencial” por el Consejo de Administración del ente público, lo que impidió que trascendieran detalles como que, por ejemplo, no incluye ninguna cláusula de rescisión, un hecho especialmente importante si se tiene en cuenta que su vigencia es de 33 años, han explicado a Vozpópuli fuentes involucradas en el proceso de cierre de esta empresa pública. Esto ha dificultado sobremanera la labor de los liquidadores que designó la Generalidad para la RTVV, hasta el punto de que ya son tres los que han presentado su dimisión.

El contrato del edificio de la RTVV en Alicante tiene una vigencia de 33 años, desde 2002

Desde la oposición parlamentaria, critican la estrategia seguida por los administradores de este ente público, que en lugar de comprar un solar lo alquilaron a una empresa (Mizquitillas S.L.) para, posteriormente, construir un edificio que heredará cuando se ponga fin al compromiso contractual. En un primer momento, la mensualidad acordada ascendía a casi 18.500 euros, pero tras las actualizaciones del IPC hoy ronda los 23.000, concretan las mismas fuentes, quienes ven cierto “oscurantismo” en esta adjudicación.

Una televisión cerrada que cuesta decenas de millones al año

La televisión pública valenciana murió oficialmente el 29 de noviembre de 2013, sin embargo, ni mucho menos ha dejado de mamar de las arcas de la Generalidad. Para este 2015, tiene asignado un presupuesto de 90,4 millones de euros que, por poner un ejemplo, es sólo 7 millones inferior al de Telemadrid, que continúa en activo. Esa cantidad se invertirá, entre otras partidas, en saldar deudas pendientes, pagar los costes fijos de sus activos inmobiliarios o costear series que nunca se han emitido y actores de doblaje de contenidos que nunca vieron la luz, detallan estos informantes.

Las cuentas anuales de las dos empresas, el Ente Público Radiotelevisión Valenciana (RTVV) y Radiotelevisión Valenciana S.A.U. (RTVV S.A.U.), correspondientes al último ejercicio de su actividad (2013), fueron remitidas con retraso a la Sindicatura de Comptes de la Generalidad, tal y como informó el pasado diciembre en un comunicado. Actualmente, se encuentran disponibles en su web, pero aún no se han publicado los correspondientes y obligatorios informes de auditoría y cumplimiento.

¿Qué futuro tienen el edificio de Burjasot y la red de repetidores?

Las otras dos grandes incógnitas que penden sobre la televisión pública valenciana están relacionadas con su sede principal, en el municipio valenciano de Burjasot, y con su red de repetidores, que es de su propiedad y que puede causarle distintos problemas legales con los ayuntamientos de las localidades en las que se ubican.

El presupuesto para 2015 de la RTVV asciende a 90,4 millones de euros

Sobre el edificio de Burjasot, existe una gran dificultad que complicará todo intento de la Generalidad de venderlo, como es el que se encuentra situado en un terreno escriturado como de uso público, dentro de la normativa urbanística de la localidad. Su Ayuntamiento, de color socialista, ya ha transmitido su oposición a que se destine a otro fin, lo que complica aún más la resolución de su futuro. Según publicó el diario El País el pasado octubre, el coste mensual de su mantenimiento asciende a 40.000 euros.

Obtener una solución para la red de repetidores de RTVV tampoco será fácil para los liquidadores, a tenor de que presenta como singularidad el que es propiedad de la empresa pública, al contrario que en la mayoría de las televisiones autonómicas, en las que se optó por el alquiler a Abertis de los receptores y retransmisores de señal.

La práctica totalidad de esta red de repetidores está situada en terrenos públicos que los ayuntamientos cedieron a RTVV, con el compromiso de que los dedicasen a la televisión pública. Por tanto, “ahora que el ente está en proceso de liquidación, podrían demandar la devolución de esas parcelas”, lo que convertiría en una incógnita el futuro de las tecnologías allí presentes, apuntan las mismas fuentes de la oposición.


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