Publicado: 11/08/2015 04:00
A menos de dos meses de la fecha elegida para iniciar las emisiones de la nueva Radiotelevisión Valenciana (RTVV), ni los propios impulsores del proyecto tienen claro cuáles serán su fondo y su forma. Su principal defensor, Ximo Puig, se ha empecinado en sacarlo adelante a pesar de las dificultades económicas, laborales, jurídicas y legales que lo desaconsejan y que perturban su plan inicial para relanzar este servicio público. Entre los múltiples problemas a los que debe hacer frente el nuevo presidente de la Generalidad valenciana se encuentra el que, según marcan las condiciones del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que se presentó antes del cierre de este medio público, el Gobierno autonómico deberá dar prioridad a los extrabajadores de la casa a la hora de configurar la plantilla de la nueva empresa. Esto quiere decir que una buena parte de los periodistas que fueron duramente criticados por defender a ultranza los postulados del PP y silenciar sus casos de corrupción deberán ser readmitidos.
Esta cláusula del ERE de cierre de 2013 fue exigida por los sindicatos para asegurarse de que los populares no reabrieran antes de 2017 un nuevo medio de comunicación público y contrataran únicamente a periodistas afines. Esta condición ahora supone un inconveniente para el Ejecutivo socialista, que tendrá "muy complicado" evitar que retorne a la empresa pública una buena parte de los profesionales que respaldaron la gestión de Alberto Fabra y Francisco Camps y acallaron los escándalos que afectaron a su partido, explican a Vozpópuli fuentes de la antigua RTVV.
Algunas convocatorias de empleo público para la RTVV recibieron denuncias por sus supuestas irregularidades
Las acusaciones de manipulación informativa fueron constantes en Canal 9 durante sus últimos años de existencia, en los que el Gobierno regional -al igual que en otras comunidades autónomas- se encargó de colocar en su planta noble y en su redacción a un buen número de periodistas simpatizantes. Estos se encargaron de fijar una línea editorial demasiado laxa con la Generalidad, salpicada por varios escándalos en su gestión y por las corruptelas que se descubrieron sobre varios miembros del PP. Algunas de las convocatorias de empleo público recibieron denuncias por las irregularidades que observaron algunos de sus participantes, que las consideraron viciadas. Esas reclamaciones nunca prosperaron, entre otras cosas, por la pasividad de los sindicatos al respecto, recuerdan estos informantes.
Las múltiples incógnitas sobre la reapertura de Canal 9
El establecimiento de una nueva televisión autonómica en idioma valenciano fue una promesa electoral compartida por el PSOE y Compromís, si bien existen grandes diferencias entre ambos partidos que dificultarán el arranque de este nuevo medio de comunicación. Entre ellas, la fecha de inicio de las emisiones. Puig apuesta porque sea el 9 de octubre, con motivo del Día de la Comunidad Valenciana, mientras que Mónica Oltra lo considera precipitado y defiende la necesidad de dotar a la RTVV de un resistente armazón legal antes de su puesta en marcha.
El Gobierno valenciano impulsó hace unos días la creación del Alto Consejo Consultivo de Radiodifusión, Televisión y Otros Medios de Comunicación de la Generalitat, un organismo presidido por el catedrático de Derecho Constitucional José María Vidal en el que Puig se apoyará para definir la mejor forma jurídica para el Canal 9 redivivo. O, lo que es lo mismo, la que menos problemas ocasione con los acreedores (la deuda es de 1.200 millones de euros) y con los sindicatos. Estos últimos no facilitarán la tarea, pues exigen la readmisión de los 1.600 periodistas que fueron despedidos tras el cierre de este medio de comunicación, algo el Ejecutivo regional considera inasumible. De hecho, su intención es que la nueva cadena tenga una plantilla compuesta inicialmente por unas pocas decenas de trabajadores para ofrecer un servicio de mínimos.
Los sindicatos se han negado a negociar y exigen la readmisión de los 1.600 despedidos de Canal 9
¿Cuál será el primer paso que dará Puig tras la creación del Consejo Consultivo? El más urgente pasa por derogar el artículo de una ley aprobada en 2013 por el Gobierno de Alberto Fabra que impide que la Generalidad preste un servicio y de radio y televisión. A partir de ahí, deberá definir si quiere constituir este medio de comunicación sobre la empresa pública que lo cobijaba (RTVV SAU) o sobre una nueva sociedad.
Nueva empresa, vieja empresa
En el primer caso, deberá readmitir a los trabajadores que prestaban su servicio a la RTVV en el momento del cese de las emisiones y negociar un nuevo ERE en el caso de que quiera prestar el nuevo servicio con una plantilla menor de 1.600 trabajadores. En el supuesto de que opte por crear un nuevo ente público, se verá obligado a resolver el complejo proceso de liquidación de las dos antiguas compañías públicas de radio y televisión de la Comunidad Valenciana (RTVV y RTVV SAU) y a comenzar desde cero un proyecto que, en principio, carecería de plantilla, infraestructuras y programación. A este respecto, cabe destacar que sus planes podrían complicarse sobremanera si los extrabajadores recurrieran a los tribunales porque consideraran que existe un conflicto de sucesión de empresas.
La opción más lógica, a priori, pasa por establecer el nuevo servicio sobre la antigua empresa y negociar con los seis sindicatos para readmitir a tan sólo una parte de la plantilla anterior. Ahora bien, en ese contingente entrarían periodistas que sirvieron durante las anteriores legislaturas contra los intereses del PSOE a los que, por cierto, los socios de gobierno de Puig han dejado claro que no quieren ver ni en pintura, tal y como contó este periódico recientemente.
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