Publicado: 14/11/2014 04:00
Los 144,1 millones de euros que las cifras oficiales aseguran que costó el cierre de la Radio Televisión Valenciana (RTVV) no parecen óbice para que Alberto Fabra planee abrir una nueva. El presidente de la Generalidad valenciana ha expresado en el Parlamento autonómico su disposición a dialogar sobre este proyecto, en una intervención que cogió con el pie cambiado a los diputados de su propio partido y que se ha interpretado como un desafío a Alfonso Rus, uno de sus máximos rivales dentro del PP valenciano y quien se encuentra detrás de una televisión provincial que comenzará sus emisiones a principios de 2015.
Fabra reiteró que la RTVV se clausuró exclusivamente por razones económicas y que, si la coyuntura cambia y no se "hipoteca la sanidad, la educación y las políticas de bienestar", estaría dispuesto a dialogar con la oposición sobre la reapertura de una televisión en la que se hable en valenciano. Fuentes parlamentarias han destacado a Vozpopuli que en el Grupo Popular no se tenía constancia de la nueva estrategia del presidente, que causó el desconcierto entre los miembros de su bancada. Desde el gabinete de Fabra, han rehusado ampliar la información sobre las intenciones del mandatario sobre este proyecto.
Alfonso Rus, uno de los pesos pesados del PP valenciano, ha planeado un nuevo canal de televisión que comenzará sus emisiones en Valencia en las próximas semanas con una plantilla que, según la Cadena Ser, será de 30 trabajadores. Desde la oposición ha sido considerado como una nueva plataforma de promoción de la figura de este político, de cara a un 2015 electoral en el que existen dudas sobre si los ciudadanos volverán a depositar su confianza en los populares. Entre sus rivales políticos, ha comenzado a planear la hipótesis de que una televisión pública vuelva a servir al PP de imán para ganar votos, si bien desde el PSOE aseveran que el desgaste sufrido por la derecha en los últimos años hará muy difícil que no se produzca su descalabro en las urnas.
El presidente de la Diputación de Valencia, que se posicionó en contra del cierre de Canal 9, justifica su nuevo canal televisivo en la necesidad de la sociedad de esta provincia de disponer de una plataforma pública en la que se informe, sobre su cultura, su historia, sus fiestas y sus tradiciones. De momento, en el pliego de condiciones del concurso se especifica que los candidatos que quieran optar a esta concesión deberán garantizar cobertura al 95 % de Valencia; y ofrecer una programación de 13 horas diarias, de las que el 90 % deberá emitirse en valenciano. La adjudicación sería de un año, prorrogable en seis meses, y se la llevará "aquel que ofrezca un precio más ventajoso económicamente".
Una televisión cerrada con un agujero de 1.200 millones
El Gobierno valenciano echó el cierre a la RTVV el 29 de noviembre de 2013, al considerar que generaba gastos inviables. La defunción del ente público dejó una deuda próxima a los 1.200 millones de euros y unos costes de clausura que alcanzaron los 144 millones, según fuentes oficiales. A pesar de estos datos, Alberto Fabra ha incidido en que, si las cuentas de esta comunidad autónoma remontan, sería posible proyectar una nueva corporación "partiendo desde cero".
Cabe recordar que, a finales de septiembre, entraron en las Cortes valencianas casi 89.000 firmas, dentro de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), de ciudadanos que reclamaban una televisión y una radio públicas que emitieran en valenciano. En principio, se podría pensar que la declaración de intenciones de Fabra podría estar influenciada por esta propuesta, sin embargo, las fuentes parlamentarias consultadas por Vozpopuli aseguran que se debe a su rivalidad con un Rus que actualmente cuenta con bastante más peso en el PP valenciano.
"Estamos dispuestos a hablar si esto no supone un nuevo sobreesfuerzo a los valencianos" que implique, por ejemplo, una "subida de impuestos", manifestó Fabra sobre la posibilidad de reabrir una televisión autonómica.
En medio de esta situación, se encuentran los casi 1.700 trabajadores que conformaban la plantilla de este ente al inicio de su legislatura, los cuales fueron despedidos y, en algunos casos, desalojados de las instalaciones del ente. Sus representantes, expresaron ayer su "estupefacción" por las palabras que Fabra pronuncio, tanto en el Parlamento, como en sus pasillos. Consideraron este anuncio como mera "propaganda electoral" y un reconocimiento implícito del error cometido por este Gobierno autonómico al cerrar esta corporación.
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