Medios

El Gobierno mueve ficha para eliminar nueve canales de TDT tras un ultimátum del Supremo

Industria insta a las televisiones a que dejen de emitir después de un requerimiento del Alto Tribunal hecho público este jueves. Los jueces pedían a José Manuel Soria que indicase "el órgano concreto responsable del cumplimiento íntegro y efectivo" de la sentencia sobre las licencias. Y remarcaban al Ejecutivo que su demora para cumplir el fallo judicial no estaba justificada...  

Demoledor y efectivo, muy efectivo. El Tribunal Supremo emitió este jueves un requerimiento que suponía un nuevo varapalo al Gobierno del PP. Los jueces ponían en evidencia al Ministerio de Industria por su tardanza en cumplir la sentencia que obliga al cese de emisiones de nueve canales de la Televisión Digital Terrestre (TDT). Insistían en pedir al departamento de José Manuel Soria que indicase "el órgano concreto responsable del cumplimiento íntegro y efectivo". Recordaban al Ejecutivo que tiene hasta el próximo 6 de mayo (apenas cuarenta días de plazo) para cumplir el fallo. Además, remarcaban a los gobernantes que su demora para aplicar la decisión judicial no estaba justificada. Y aseguraban que no existe complejidad alguna: los canales deben dejar de emitir. Y punto. Ante este movimiento de los magistrados, Industria ha instado a los grupos mediáticos a que sus canales dejen de emitir, según informó a última hora de la noche la patronal de las televisiones

El documento judicial hecho público este jueves por el Alto Tribunal llegaba unos días después de otro requerimiento en el mismo sentido precisamente desvelado ayer por Vozópuli. Básicamente, este último movimiento del Supremo consistía en requerir al Gobierno que explicase cuál de sus estructuras debía hacer cumplir la conocida sentencia cuya ejecución provocará un cambio enorme en el actual mapa de la televisión en España. "Se requiere al Ministerio de Industria, Energía y Turismo para que indique el órgano concreto responsable del cumplimiento íntegro y efectivo de la Sentencia de 27 de noviembre de 2012, en los términos señalados por el Auto resolutorio del incidente de ejecución de 18 de  diciembre de 2013 y en el plazo legal indicado en el fundamento de derecho quinto in fine", exponían los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo. Unas horas después, al filo de la medianoche, las propias televisiones informaron de que Industria ha ordenado el cierre de los canales afectados, según recogió Europa Press.

Recapitulando...

El culebrón es de tal magnitud que se hace necesario recapitular. A finales de 2012 el Supremo sentenció que una serie de canales de la TDT fueron adjudicados irregularmente (sin el pertinente concurso público) por el Gobierno de Zapatero. En marzo de 2013 el Ejecutivo del PP anunció por sorpresa que haría cumplir esa sentencia. Los grupos mediáticos, furiosos, recurrieron. En diciembre, los mismos jueces dictaron una auto para dejar claro que son nueve los canales que deben cesar sus emisiones (tres deAtresmedia, dos de Mediaset España, dos de Vocento/Net TV y dos de Unidad Editorial). Entretanto, el Ejecutivo lleva meses deshojando la margarita, los grupos mediáticos presionan para no quedarse sin sus licencias y otros actores reclaman que se saquen a concurso para entrar en el mercado. Por fin, parece que hay solución. 

El departamento dirigido por Soria debe hacer que los nueve canales dejen de emitir antes del próximo 6 de mayo: si no lo hace, recibirá sanciones

En su último pronunciamiento al respecto, el de este jueves, los jueces explicaban que, según lo estipulado por la ley, el departamento dirigido por Soria debe hacer que los nueve canales dejen de emitir antes del próximo 6 de mayo. Por ello, todavía no podían apercibir a Industria, tal y como pedían los abogados de Infraestructuras y Gestión 2002 S.L., la empresa que inició todo este proceso al denunciar los flagrantes errores de la Administración en la concesión de canales. Pero, eso sí, los magistrados amenazaban con sanciones en caso de que el Ejecutivo se salte la citada fecha. "Transcurrido dicho plazo sin que se haya procedido al cese de emisiones de los canales que de conformidad con el fallo de la Sentencia a ejecutar carecen de título habilitante válido al no haber sido otorgados mediante concurso, se procederá en los términos contemplados en el artículo 112 de la Ley de la Jurisdicción". 

Tres torpedos, tres

El contenido del citado requerimiento es un torpedo directo a la línea de flotación compuesta por los argumentos que siempre ha expuesto el Gobierno para no ejecutar ya la sentencia. Mejor dicho, se trata de tres torpedos que destruyen, una por una, todas las excusas que hasta ahora ha utilizado el Ejecutivo. Así lo detallaron los magistrados del Supremo en el punto quinto de sus razonamientos jurídicos. Podían decirlo más alto, pero no más claro. Para empezar, no hay motivos que justifiquen el retraso del Gabinete del PP: "En primer lugar debe señalarse que la hipotética complejidad de la ejecución no es una razón para su demora".

El tribunal arguye que "no existen problemas técnicos o jurídicos" en lo que el Ejecutivo se resiste a hacer desde hace meses

Para continuar, la dificultad del asunto sencillamente no existe, porque se trata solo de que los canales afectados dejen de emitir proque fueron adjudicados de forma irregular: "En segundo lugar, que no existe tal complejidad en el supuesto presente, pues dicha ejecución se limita al cese en las emisiones de los canales señalados en el Auto de 18 de diciembre de 2013, lo que en si mismo no plantea problemas técnicos o jurídicos; las partes codemandadas se refieren más bien a las consecuencias jurídicas y económicas para las empresas afectadas, pero dichas consideraciones son ajenas al estricto cumplimiento del fallo".

Y, por último, el reparto de canales no guarda relación directa con la implantación del "dividendo digital" y la necesidad de espacio que acarrea dicha tecnología. "En tercer lugar, la Administración podrá adoptar las medidas de reordenación del espectro radioeléctrico que estime pertinentes, pero tal proceso de reordenación nada tiene que ver, como se explicitó en el Auto de 18 de diciembre de 2103 –razonamiento jurídico duodécimo- con el cese de unos canales sin título habilitante válido, ni en modo alguno constituye, como parecen sostener algunas partes codemandadas, un prerrequisito para el debido y cabal cumplimiento del fallo". Ante tamaños argumentos, resulta lógico que finalmente Industria haya movido ficha. 

Postura de las televisiones

Como ya se ha dicho, a última hora del jueves la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto reveló que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio había requerido el cese antes del 6 de mayo de las emisiones de nueve canales de TDT (tres de Atresmedia, dos de Mediaset, dos de Veo TV y dos de Net TV), informó EP. Los operadores, que ya han pedido amparo al Tribunal Constitucional, anuncian que utilizarán "todos los medios a su alcance en el supuesto de que no se adopten las medidas necesarias" para solucionar esta situación. Además, una vez más vierten duras críticas contra el ministerio dirigido por José Manuel Soria. 

Atresmedia, Mediaset, Vocento y Unidad Editorial consideran que Industria ha podido subsanar antes "el defecto administrativo" y denuncian que el Ejecutivo prefiere "hacer caer su responsabilidad sobre los operadores y los ciudadanos, los principales perjudicados"

Más en concreto, para la patronal la archiconocida sentencia del TS de noviembre de 2012 está fundamentada en la constatación de un "mero defecto formal de la Administración en el proceso de tránsito de la televisión analógica a la TDT". "En estos dieciocho meses el Ministerio de Industria ha tenido la oportunidad, como ha hecho en otros sectores, de subsanar el defecto administrativo señalado por el Tribunal Supremo pues, como la sentencia reconoce abiertamente, los operadores privados han dado pleno cumplimiento a todas las múltiples y gravosas obligaciones exigidas legalmente desde 2005 hasta hoy", criticaron.

A juicio de las televisiones afectadas, Industria ha optado "por hacer recaer su responsabilidad sobre los operadores y especialmente sobre los ciudadanos, quienes serán los principales perjudicados por esta inaudita medida, sin ningún antecedente conocido en países democráticos, que reduce drásticamente la oferta audiovisual y el pluralismo televisivo, y que supone una grave lesión de los principios de seguridad jurídica".


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