Publicado: 24/01/2017 04:00
La decisión de José Luis Rodríguez Zapatero de eliminar la publicidad de RTVE provocó que la estabilidad económica de la corporación pasara a depender de varias fuentes de financiación externas. Entre ellas, de las cadenas privadas y de las compañías de telecomunicaciones, que están obligadas a destinar un porcentaje anual de sus ingresos al mantenimiento de este servicio público audiovisual. El problema es que, cuando la facturación de estas empresas se resiente, también empeora la salud de la televisión pública, dado que en sus arcas entra menos dinero del que sus responsables esperan. Los responsables de TVE solicitaron hace unos meses al Ministerio de Hacienda que compensara la desviación presupuestaria que provocó este hecho, como dicta la ley, pero, de momento, el departamento de Cristóbal Montoro ha dado la callada por respuesta.
El presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, ha criticado durante sus comparecencias en sede parlamentaria el poco margen de maniobra que concede la actual ley de financiación a los responsables de la corporación. Entre otras cosas, porque hace a la televisión pública excesivamente dependiente de las contribuciones de terceros. De hecho, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) denunció en un informe difundido el pasado verano que este sistema no proporciona a TVE la estabilidad económica necesaria para cumplir el servicio público que tiene asignado, según detalló este periódico.
Hace unos meses, Sánchez atribuyó el déficit de 33.5 millones de euros registrado en 2015 a las escasas aportaciones realizadas por los operadores de televisión y las telecos, que fueron bastante inferiores a lo presupuestado. En estos casos, el Gobierno está obligado a compensar esa desviación, siempre que RTVE no supere su techo anual de gasto, como ocurrió ese año.
Los directivos de la televisión pública solicitaron entonces al Ejecutivo que cumpliera con esta obligación, si bien de momento no han recibido una respuesta al respecto. “Tampoco sabemos si va a incluirse un presupuesto adicional en el proyecto de la Ley de los Presupuestos Generales del Estado” o si vamos a percibir este adeudo de otra forma, explican sus fuentes oficiales.
RTVE espera cerrar el ejercicio 2016 con equilibrio en sus cuentas después de varios años.
Otros informantes del Consejo de Administración de la corporación inciden en que, en la carta remitida al Ministerio de Hacienda, RTVE pide al Gobierno que aclare cuál es la cantidad que debe ingresar, dado que “la ley no deja claro si la televisión pública debe recibir la diferencia entre lo que presupuestó y lo que realmente recibió de las telecos; o si el erario público debe compensar todo su déficit”, de más de 30 millones.
Abultadas pérdidas desde 2010
No hay que olvidar que RTVE ha registrado pérdidas multimillonarias desde que se aprobó la ley de financiación, en 2009, lo que ha ocasionado un importante deterioro de su situación patrimonial. De hecho, se encuentra muy cerca de tener que iniciar una nueva causa de reducción de capital. De ahí la importancia que adquiere la respuesta del Ministerio de Hacienda sobre este asunto.
La ‘ley Zapatero’ determina que RTVE debe disponer de un presupuesto anual de 1.200 millones de euros (a la vez, techo de gasto) para poder competir con garantías con el resto de operadores del mercado audiovisual. El problema es que, con la llegada de la crisis económica, la aportación del Estado a la corporación se redujo considerablemente, lo que comprometió su posición financiera.
La crisis, como es lógico, también afectó a la facturación de las televisiones privadas y las compañías de telecomunicaciones, lo que provocó una merma de los ingresos de RTVE, a quien las cadenas comerciales están obligadas a aportar el 3% de su recaudación, las de pago, el 1,5% y las telecos, el 0,9%.
Pese a que todavía no existen datos económicos definitivos sobre el ejercicio 2016, los responsables de la corporación esperan que RTVE, por primera vez en varios años, eluda el déficit. Entre otras cosas, por no haber superado su techo de gasto, por haber obtenido una aportación extraordinaria de los Presupuestos Generales del Estado para sufragar el coste de los Juegos Olímpicos de Verano; y por no haber tenido que pagar IVA, por segundo año consecutivo.
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